Una resolución judicial impopular no autoriza a enjuiciar al magistrado que la dictó porque los jueces sólo deben perder sus empleos si abandonan la buena conducta, como prescribe el artículo 110 de la Constitución Nacional. Y buena conducta no significa emitir fallos que agraden a la mayor parte de la comunidad. Esa es la idea-fuerza de la proclama que la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) se ha propuesto divulgar en la comunidad mientras la Legislatura sustancia el pedido de remoción del tribunal que absolvió a los 13 acusados de secuestrar y promover la prostitución de María de los Ángeles «Marita»Verón.
La entidad deslizó que si la destitución de Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina (vocales de la Sala II de la Cámara Penal) se consuma -como pretende Susana Trimarco, la mamá de «Marita»-, la presión social habrá ganado a la imparcialidad. «A nosotros nos preocupa defender la vigencia de la independencia judicial. Asumimos esta posición en el ámbito del asociacionismo local y de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM)», afirmó Liliana Vitar, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y presidenta de la AMT, este viernes en la sede gremial ubicada en el primer piso del Palacio de Tribunales.
Vitar dialogó con LA GACETA en presencia de otras autoridades de la entidad: las camaristasEster Julieta Valderrábano y Marta Estela Paz; el fiscal de Cámara Alejandro Nogueray el juez Rodolfo Torres. También asistieron a la reunión la asociada jubilada Cristina Zelaya, y los magistrados Raúl Bejas y Carlos Arraya. Si bien Valderrábano, Paz, Bejas y Zelaya aportaron algunos comentarios, la voz cantante la llevó Vitar, que enumeró la serie de pasos que dará la asociación en el afán de hacer oír su campana: asambleas abiertas a los 171 asociados; publicación de solicitadas; pedidos de audiencias a las cabezas de los tres poderes del Estado; conversaciones con el Colegio de Abogados de la Capital y «visibilidad» nacional de la cuestión mediante la intervención de la FAM, cuyo presidente, Víctor María Vélez, probablemente viaje a la provincia.
Derecho personalísimo
«Antes se rechazaba el pedido de destitución si aún era posible recurrir el fallo o propiciar su revisión (como ocurre respecto de la sentencia del caso ‘Íñigo’ -conocido como ‘Verón’-). De pronto vemos que ese estándar se alteró en relación con los jueces de la Sala II de la Cámara Penal. Este cambio de criterio afecta la independencia judicial que la asociación defendió siempre tanto en la faz interna como externa», explicó Vitar. La presidenta de la AMT añadió que la independencia de la magistratura ha de ser entendida como una garantía del poder llamado a poner límite a los otros poderes del Estado.
«La Justicia no debe buscar la popularidad, sino el prestigio», enunció Vitar parafraseando aRicardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y a tono con el programa que promueve ese ministro del máximo tribunal argentino, la titular de la asociación aseguró que esta se comprometió a trabajar para acercar la Justicia a la sociedad. Por eso dijo que apoyan la inmediatez y la oralidad que propone el proyecto de la Corte de la provincia para reformar la investigación penal preparatoria (el modelo será experimentado en los Tribunales de Concepción y Monteros), y la transparencia en el sentido de dar la mayor publicidad posible a los actos del Poder Judicial.
A título personal, Vitar admitió que la independencia de la magistratura también puede verse afectada por el rechazo de la renuncia de un juez en condiciones de jubilarse (en un decreto inédito, el gobernador José Alperovich no aceptó la dimisión de Herrera Molina, que acreditó padecer una enfermedad seria). La camarista argumentó: «la renuncia es un derecho personalísimo y los motivos que alega (Herrera Molina) deben ser considerados. (El rechazo de su dimisión) no responde a un equilibrio de poderes».
fuente http://lagaceta.com.ar/nota/535139/politica/magistrados-salen-defender-independencia-judicial.html
