El debate sobre la reforma del Poder Judicial tuvo un clímax anunciado la semana pasada cuando, entre el discurso presidencial y los demás discursos protocolares e institucionales (todos centrales al mundo judicial), comenzaron a proyectarse las propuestas y las coordenadas de una discusión política que debería incluir a toda la sociedad, para expandirse territorial y temporalmente, y así ser lo más productiva, ascendente y horizontal posible.

Mientras esperamos los proyectos legislativos a presentarse, las voces a favor y en contra se multiplican, y entre las reacciones corporativas y las propuestas de reformas cosméticas, debemos señalar algunos desafíos concretos para que la Justicia no sea una celestial y emotiva palabra que se utiliza (y confunde) al referirse al más terrenal y menos sensible Poder Judicial.

Es claro que la reforma del Poder Judicial debe tener efectos, no sólo en un mejor funcionamiento interno de los tribunales, en su transparencia y calidad institucional, sino en la difícil relación (en la que también median otras instituciones: universidades, abogados, partidos, sistema político, etcétera) que tiene con la sociedad y con sus derechos, especialmente de los sectores más débiles y sus “derechos de papel”: las mujeres, los pobres y los jóvenes.

No puede olvidarse, especialmente en estos días, de estos tres grupos íntimamente relacionados. El Poder Judicial tiene tendencias corporativas, endogámicas, de casta. Los sesgos de clase, no sólo en las áreas penales, se vuelven más injustos y antidemocráticos porque parecen implicar una “Justicia de clase” que tiene a los sectores marginados, los más jóvenes y vulnerables, como selectivos sujetos de castigo, patrón que se potencia cuando pensamos en la relación castigo, clase y género.

Esta “justicia de clase” contrasta con la impunidad de los poderosos de todos los colores y sectores. Impunidad judicial para los poderosos, “justicia penal” para los pobres. 

1. En una sociedad diversa tenemos un Poder Judicial clasista y sexista: Nuestra comunidad hoy tiene una diversidad explosiva y expansiva. Diversidad que es política, partidaria, geográfica, de opción sexual, de clase social, etc., pero cuando desagregamos cada uno de esos grupos la complejidad aumenta y se multiplica. A pesar de ello, el Poder Judicial, histórica y actualmente, parece representar a un sector bien definido, que con algún matiz y excepción tiene como regla nítidos sesgos ideológicos y una composición de clase y género consolidando un grupo económico, social y político más homogéneo y con menos diversidad que la propia sociedad argentina.

Con diferentes grados, la Justicia Federal y especialmente los tribunales penales tienen los contrastes más fuertes, más notables, dado que miembros de cierta clase social (alta, media alta) terminan operando dentro de los engranajes de un sistema que identifica a los miembros de otra clase social vulnerable (baja, media baja) como sujetos específicos del proceso y castigo. Por eso nuestro siguiente punto.

2. La selectividad penal y las violaciones de derechos humanos: Sin duda una de las funciones más urgentes, necesarias y de las deudas más fuertes del Poder Judicial es frenar el poder punitivo descontrolado haciendo respetar las garantías constitucionales y los tratados de derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, incluso rompiendo con las inercias y prácticas judiciales que han llevado a desnaturalizar y abusar de institutos (como el juicio abreviado y la prisión preventiva) pensados para mejorar el sistema.

No se puede democratizar al Poder Judicial mientras viola derechos constitucionales de manera constante y sistemática. Eso incluye a los demás operadores principales del sistema penal: la policía y el sistema penitenciario. Ambos dependen claramente del Poder Ejecutivo aunque tienen relaciones jerárquica, directa y cotidiana con el Poder Judicial, compartiendo responsabilidades y prácticas históricas.

Sin reforma policial integral, que haga efectiva la tarea de hacer respetar a las fuerzas de seguridad todas las garantías constitucionales, en las calles de toda ciudad, especialmente en las villas y barrios marginales, y el respeto de los derechos humanos en un sistema penitenciario que hace tiempo ha demostrado ser la concreción de nuestras peores pesadillas y reflejo de un pasado que todos condenamos, cualquier reforma del Poder Judicial alejará todavía más la idea de Justicia o hará al sistema y sus actores cómplices de las injusticias más extremas, como en épocas propias de las más oscuras dictaduras.

La falsa dicotomía entre populismo penal y el cinismo judicial resulta inaceptable: ambas nos dejan en el infierno mismo, a un abismo de la dignidad humana y la justicia.

Todo se potencia si pensamos específicamente la relación entre castigo, género y pobreza. El tratamiento administrativo, hospitalario, policial y la persecución penal contra las mujeres -especialmente en casos de interrupciones de embarazo- aumenta la brutalidad de la llamada “justicia penal”. La correlación entre castigo, pobreza y juventud -derecho penal juvenil- se vuelve más injusta cuando lo pensamos en el eje pobreza, juventud y género, por diferentes motivos que desarrollamos a continuación.

3. El sexo de los jueces: Diferentes estudios nacionales e internacionales han demostrado los sesgos de género(s) que tiene el Poder Judicial. Las mujeres suelen estar subrepresentadas y tienen serias dificultades para competir y ascender en las estructuras judiciales con tendencias patriarcales. Esos sesgos, a quitarse en el ingreso de empleados y en los concursos judiciales, pero también en la capacitación de prácticas y en el mismo derecho, aumentan con el impacto del factor clase, en las mujeres que son operadoras del sistema judicial y en las mujeres dentro del sistema penal.

El gran número de decisiones de jueces varones -y algunas juezas, por supuesto- obstaculizando o judicializando abortos no punibles, en muchos casos invocando preferencias religiosas privadas como “razón” en el espacio público, son una muestra lamentable. El especial tratamiento que tienen los delitos sexuales, los procesos de revictimización de las mujeres, la vida de las mujeres embarazadas o madres con hijos en las cárceles, las prácticas de requisas vaginales/anales, la insólita aplicación de “atenuantes” y apreciaciones “sexistas” en expedientes de violación o abusos sexual por parte de jueces, entre muchos otros tópicos, deberían también incorporase en la agenda de discusión de un poder que aunque extensamente integrado por mujeres sigue con formación legal y prácticas patriarcales. El Poder Judicial, al igual que muchas de las fuerzas de seguridad, con sus contradicciones, comparte una misoginia y clasismo todavía muy fuerte. 

Más allá de la confusión, ingenua o no, intencionada o no, entre la justicia y el Poder Judicial está claro que, especialmente en la idea de justicia penal, cuando pensamos en estos sectores, resulta una contradicción en términos, sea en el proceso judicial o ya sea en el momento de la ejecución de las penas. En las cárceles hay más injusticias sociales que justicia penal. La mejor respuesta a la inseguridad está en la justicia social, no en la penal que se ha demostrado siempre brutal e ineficaz.

Tanto en la idea misma de democracia como en el texto de la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 19 y ss. Tratados) están comprometidos con otra idea de justicia que no es la que el Poder Judicial administra cuando aplica penas: la justicia social. Ese especial tipo de justicia necesita de un Poder Judicial más democrático, pero sobre todo de todas las instituciones y actores partidarios comprometidos con más igualdad social y una mejor democracia. Desde reformas impositivas hasta reformas en códigos y prácticas del proceso penal, pasando por el debate político de aborto no punibles luego del fallo del año pasado de la propia Corte Suprema, hacen pensar que para “democratizar” al Poder Judicial, también hay que democratizar a la sociedad con más educación, justicia social y sobre todo con menos justicia penal para los sectores más débiles y necesitados.

Más allá de los discursos y los debates necesarios, son las acciones en el tiempo las que producen los cambios que la constitución y la verdadera justicia exige. Mientras tanto, en la actualidad, entre la justicia penal y los desafíos de la justicia social, la única justicia con la que podemos contar es la justicia poética de pensar y saber que la cosas pueden y deben cambiar.  

fuente http://opinion.infobae.com/lucas-arrimada/2013/03/08/mas-justicia-social-menos-justicia-penal-justicia-clase-y-genero/