Una ONG asegura que los detenidos empleados en 10 empresas privadas cobran salarios de $600 mensuales y trabajan más de 8 horas diarias. No perciben aguinaldos, ni jubilaciones, ni ayudas familiares. La justificación de Julio Cañete, responsable del Penal, y la postura de la cartera laboral

Iñaki Rivera Beiras, director de la Maestría en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona, asegura que con sólo medir el grado de cercanía entre la realidad y legalidad carcelaria puede afirmarse que los contextos de encierro punitivo a nivel mundial sobreviven y se desarrollan siempre a la vera de las rutas de la ley.

Es que la distancia, evidente y tangible, entre el deber ser y el ser del sistema penitenciario habilita zonas de discrecionalidad que relativizan el cumplimiento de los derechos fundamentales que asisten a todas las personas, y puntualmente a las detenidas. El microclima carcelario vuelve premios y castigos a esas garantías constitucionales y humanas. Aparece así el modo efectivo de gobernar coaccionadamente a la población detenida.

Bajo esta lógica, es que se intenta “resocializar”, como dice la Constitución Nacional, a todo ser humano que tras haber incurrido en un delito, haya sido condenado a la pena privativa de libertad. La educación y el trabajo afloran, en este sentido, como las herramientas más idóneas para impulsar la trasformación moral del detenido e intentar dignificar su existencia.

Haciendo uso de las bondades del discurso resocilizador, la Dirección de Trabajo del Servicio Penitenciario Bonaerense autorizó a que en la Unidad Penal Nº 15 del complejo carcelario de Batán se radiquen 10 empresas privadas, que hoy dan empleo a unos 250 internos.

Sin embargo, en los convenios suscriptos, las patronales sólo se comprometen a pagar un canon mensual por el uso del espacio y a proveer a sus trabajadores de una a ART y un salario; de un sueldo simbólico si se lo compara con el que rejas afuera percibe un empleado por misma tarea y horario.

Los haberes, en ningún caso, superan los $1.000. En la mayoría, se estancan en los $600 por 8 o 10 horas de trabajo. No hay aportes previsionales, ni ayudas familiares, ni aguinaldos, ni pago de vacaciones. Tampoco hay contratos: las empresas pueden, con el argumento que sea que esgriman, necesitar o prescindir de los servicios de un interno. Con todo, el valor agregado de los productos privados está por demás garantizado.

Atentos a estas particularidades, que vulneran todos los derechos contemplados en la Constitución y en la ley de Contrato de Trabajo, que rige la relación laboral de dependencia sin distinción sobre la libertad ambulatoria de la persona, la Asociación Pensamiento Penal (APP) radicó a fin de la semana pasada una denuncia ante la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia, para exigir que “se adopten las medidas necesarias para poner fin a la situación de empleo irregular existente en la Unidad Penal de Batán”.

Lo que sigue, no es sólo el detalle de los postulados del documento presentado por la APP, sino también las justificaciones del jefe del complejo penitenciario, Julio Cañete, a las condiciones de empleo que rigen dentro del Penal, y las acciones que el delegado de la cartera laboral, José San Martín, analiza encarar tras una reunión que el miércoles, y por este tema, mantendrá con el ministro Oscar Cuartango.

LA DENUNCIA

Fue en persona que Mario Juliano y Nicolás Laino, presidente y secretario general de la APP respectivamente, constataron que la unidad penal Nº 15 “se ha convertido en una cárcel fábrica, donde no menos de 10 emprendimientos privados contratan mano de obra de personas alojadas en ese complejo penitenciario” sólo a cambio de “sueldos humillantes”.

En base a una visita realizada a estos sectores productivos y a los resultados que arrojó la última recorrida institucional de 2011 del Juzgado de Garantías Nº 4, que comanda Juan Tapia, es que los referentes de una entidad sin fines de lucro, creada en Necochea pero adoptada por juristas, abogados y estudiantes a nivel país, presentaron una denuncia ante José San Martín, el delegado regional de Ministerio de Trabajo bonaerense.

En el texto, apuntaron: “El asunto no sería alarmante de no ser porque en la totalidad de los casos las personas que allí trabajan cumplen una jornada laboral que ronda las 8 y 10 horas diarias, pero reciben como contraprestación por su trabajo sumas que en ningún caso superan los $1.000 mensuales, siendo que en algunos de ellos sólo llegan a $ 600, sin contar con ninguno de los derechos previstos para los trabajadores en la ley de contrato de trabajo”.

En el Penal, según indicaron Juliano y Laino, está radicada una empresa panificadora, una de calzado, una de fabricación de hornos industriales y una planta de procesado de pescado; una lavandería, una blockera, una trituradora de tomates y una firma destinada a la confección de cajones para verduras y pescados.

“La entrevista personal con los trabajadores puso en evidencia que los mismos reconocen que el trabajo no se remunera de manera digna ni mucho menos, pero que no tienen más alternativa que aceptar la oferta debido a la necesidad ineludible de recibir unos pocos pesos para poder acercar a sus familias en el medio libre”, expusieron, tras aseverar que las firmas radicadas en la Unidad “poseen verdaderos complejos industriales con maquinarias y salones individuales con un alto nivel de producción, con más de diez empleados por turno en cada caso, pero siempre con salarios humillantes”.

Luego de citar los postulados de la ley de Trabajo, de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no incurren en distinciones para con el empleado que se desarrolla en un contexto de encierro, las autoridades de la APP aseveraron: “Es evidente que siendo el único propósito legítimo de la pena la reforma y readaptación social de los condenados, no existe argumento alguno que convalide o permita que en el contexto de encierro se instalen emprendimientos privados que contraten mano de obra a la que sometan a un régimen completamente ilegal de dependencia laboral, más aún aprovechándose de una situación de vulnerabilidad estructural de los mismos”.

“Esa serie de restricciones impuestas a los penados -aclararon- no se justifican bajo el ideal resocializador. Ésta es una humillante e ilegal situación”, sentenciaron, un párrafo antes de exigir la intervención ministerial para garantizar las condiciones dignas y legales de empleo en el Penal de Batán.

LAS JUSTIFICACIONES

Tras varias idas y vueltas y algunos pedidos formales de autorización, que llegaron bastante después de lo solicitado, El Atlántico logró entrevistar, hacia finales de 2011, al jefe del complejo penitenciario de Batán, Julio Cañete.

Por entonces, la intención de este medio fue conocer la estructura de convenios y pactos que sostienen las relaciones laborales dentro de la Unidad Penal Nº15.

En una charla que se extendió por más de una hora, el jefe penitenciario reconoció que las remuneraciones, ante los trabajos realizados por los internos, “son muy bajas” y que ninguno de los 250 detenidos empleados por estas empresas privadas, “es sujeto de los derechos de jubilación, salario familiar, obra social y aguinaldo”. “Sólo tienen que pagar, del 1 al 10, el sueldo por producción realizada durante el mes y además abonar un seguro por riesgo de trabajo. No más que eso”, indicó Cañete, con soltura, al detallar las obligaciones de las patronales que producen a costos ínfimos, pero venden y comercializan como cualquier emprendimiento que paga, por fuera del Penal, por la debida registración de su personal.

Los salarios de los trabajadores, dijo el jefe, se depositan en una caja sueldo del Banco Provincia, ya que la mayoría del dinero que perciben los internos le es girado a sus familias. “Ellos se quedan con un monto mínimo para sus compras del mes”, completó.

Según explicó Cañete, la radicación de estas firmas productivas en el complejo carcelario dependió de los acuerdos que se alcanzaron entre los dueños de las empresas y las autoridades de la Dirección de Trabajo Penitenciario, con sede en La Plata. “Es ahí donde surgen las regulaciones y se fijan los compromisos de las partes. Desde acá, no podemos incidir en nada”, deslizó el funcionario, desprendiéndose de toda posibilidad y capacidad personal de regular la labor fabril en el Penal.

Más allá de ser gratificados con el no pago de haberes y tributos, propios de toda relación de dependencia, las empresas instaladas en Batán pueden prescindir, cuando quieran, de los servicios del interno, sin tener que pensar en las consecuencias de un despido. Si no les sirve el trabajo del detenido, se comunican con Cañete y le solicitan un nuevo oferente. En una Unidad que aloja a más de 1200 presos, hay manos y voluntades de sobra.

“Es la empresa la que determina si el operario reúne o no las condiciones para producir lo que hay que producir. En caso de que no vaya para el trabajo, piden el intercambio y nosotros les ofrecemos otro operario. Así de simple. No es un casting, pero ellos necesitan diez empleados para preparar y nosotros tenemos la posibilidad de acercarles 50 y de esos 50, ellos prueban quienes son los que más se adaptan al sistema de trabajo, y lo toman. Y si al cabo de un tiempo, no les sirve, pueden cesantearlo”, resumió didácticamente Cañete.

Para el jefe de la 15, “el sentido común indica que si yo voy a ir a una cárcel con mi empresa y me va a costar producir exactamente igual que afuera, me quedo afuera”. “Ahora si pago menos, por una cuestión social o de interés particular, busco trabajar dentro del Penal. Eso hace dos cosas: por un lado tener una ganancia positiva y por otro estar colaborando con la cárcel. Es matar dos pájaros de un tiro”, resumió jocosamente Cañete, que aseguró: “El fin, como el de todo empresario, es emprender un lugar de trabajo que sea redituable económicamente. Y a mi no me beneficia en nada en lo particular, pero sí en que 200 o 300 trabajadores me significan un dolor de cabeza menos”.

Seguido, Cañete confió que ni el Ministerio de Trabajo bonaerense ni los sindicatos afines a las actividades que dentro del Penal se desarrollan, visitan los complejos fabriles. “Por los menos desde que estoy yo acá, ninguno de ellos me ha venido a visitar. Sí la Dirección de Salud Penitenciaria, que todos los meses hace un recorrido evaluando las condiciones del entorno de trabajo. Pero el Ministerio y los gremios no vienen a la cárcel”, aseveró.

“CON TODO EL PESO DE LA LEY”

Al tanto de la denuncia presentada por la Asociación Pensamiento Penal, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia, José San Martín, adelantó a este medio que el miércoles próximo se reunirá con el titular de la cartera laboral, Oscar Cuartango, para planificar acciones tendientes a “cortar de una vez la precarización a la que son sometidos trabajadores detenidos”.

“A la vista está que todo el empresariado se aprovecha de la condición de esos compañeros, porque los explotan y luego comercializan sus productos como si tuviese personal regularizado. Por eso que nosotros iremos con todo el peso de la ley contra esas patronales que se creen vivas y se aprovechan de los internos”, sentenció San Martín.

INFORME del JUZGADO de GARANTÍAS del 2011

A la denuncia de la Asociación Pensamiento Penal, la completa un informe de la última visita institucional de 2011 del equipo de trabajo del Juzgado de Garantías Nº4. De ese documento, se desprenden varios datos relativos a la producción y cantidad de personal que se emplean de lunes a viernes en algunas de las empresas radicadas en el Penal de Batán. A continuación, el detalle:

–Cocinas Industriales: Con el trabajo de 7 internos, que cobran $25 el jornal, se producen entre 2 y 3 cocinas por día.

-Panificadora: Genera unas 80 toneladas de pan rallado por mes, gracias a las tareas que desarrollan 42 internos en tres turnos de 8 horas. Ellos cobran entre $20 y $25 por día.

-Lavadero: 60 detenidos limpian, planchan y reparan unas 5.000 prendas por día en dos turnos de 8 horas, a cambio de un salario de $20 o $25 diarios, dependiendo de la complejidad de la tarea. Esta firma realiza el valet y el arreglo de ropajes a las 6 clínicas más importantes de la ciudad.

-Fábrica de Zapatos: Produce unos 6.000 pares por mes, a costa del empleo de 10 internos que no perciben más de $700 mensuales.

-Confección de Cajones: Tiene a cargo unos 13 internos. Los que arman cajas para frutas, verduras y pescados cobran $0.25 por cada unidad terminada durante el jornal. El resto, percibe $2.50 por hora trabajada.

-Envases de plástico: En este emprendimiento privado, que produce 450 bidones y 1200 botellas por día, trabajan 7 internos, a razón de $20 o $25 las 8 horas.

-Mangueras: en tres turnos de 8 horas se emplean 14 personas, que perciben unos $35 por día. Ésta es la empresa que más paga por el trabajo.