El primer lugar donde te cagan a palos es en la Comisaría del Menor”, dice uno de los jóvenes detrás de los barrotes de las celdas de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza, más conocido como ex COSE. En ese lugar, casi un centenar de internos conviven hacinados y expuestos a situaciones de violencia y maltrato, siendo especialmente crítico el Sector “C” del complejo, considerado de máxima seguridad.

Toda la institución está bajo la órbita de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, de la cual dependen una cantidad de actividades deportivas, de taller y recreativas, pero en los sectores mencionados no existe tal paradigma de la reinserción social. Los jóvenes, de 16 a 18 años, pasan 22 horas de encierro en sus respectivas celdas. Cada tanto, algunos se “reviran” –como dicen en su jerga los operadores, personas que están en contacto permanente con los jóvenes las 24 horas del día–. Cuando eso pasa, vienen los castigos, de parte de los operadores o de la fuerza penitenciaria de la provincia.

Días atrás pudo escucharse en la sala de espera de los familiares que acuden a la hora de la visita el siguiente episodio. Una mujer relataba que a su hijo no lo trasladaban al hospital pese a tener una herida grave, y que en la desesperación de que iba a perder el turno de la operación, el padre del muchacho terminó golpeando a una de las autoridades, que dicho sea de paso no tienen problema en reconocer que hay medidas urgentes por tomar al menos para descongestionar.

Confusiones como esta son moneda corriente. En el mes de octubre se habló de un motín. Hubo crisis y tensión alrededor del edificio durante varias horas. Se suponía que algunos internos habían atacado a un operador, causándole una lesión; en efecto, eso ocurrió, pero después fueron los operadores los que tomaron represalias contra los jóvenes, hiriendo a varios de ellos.

Todo se había originado en una discusión entre los operadores y los jóvenes, pero había sido resuelto. Luego, mientras estos se encontraban en asamblea con los titulares de los gremios ATE y ATSA, seis chicos se escaparon; poco después, un grupo de operadores se abalanzaba sobre los internos, por lo que debió intervenir la Policía de Mendoza disparándoles balas de goma, hecho que el mismo jefe de la fuerza admitió ante los medios de comunicación.

“Hubo violencia, venganza, discriminación, quizás tortura”, aseguran los miembros de la Comisión de Ex Presos Políticos de Mendoza que trabaja junto a la Asociación Xumek, mayormente integrada por abogados especializados en derechos humanos. Ellos lo constataron porque estuvieron presentes el mismo día del incidente y de inmediato pidieron a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social permiso para ingresar al complejo y controlar lo que estaba pasando en su interior. Así fue como verificaron que algunos muchachos tenían marcas de golpes en las costillas y moretones de casi medio cuerpo.

Un plus de poder. Luego de la crisis de octubre, personal penitenciario y efectivos policiales se hicieron cargo del control de la situación; con respecto a los operadores, lejos de ser apartados, hicieron sentir su poder entre los pliegues de la institución. Hubo versiones cruzadas respecto de los sumarios porque si bien el gobierno había asumido con la comisión de ex presos el compromiso de abrir las investigaciones, por otro lado la Subsecretaría de Familia habló de “solicitud de informes a la Dinaf” –Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, no de sumarios–. La razón que extraoficialmente dieron los funcionarios fue que no caminarían debido al poder de lobby de los operadores, algunos de ellos con la jerarquía de regentes, otros con fuero gremial y avalados activamente por la conducción de ATE.

Frente a esta situación surgió el planteo de la comisión de ex presos políticos de continuar ingresando a los pabellones y hacer de observadores de la situación de encierro.

Hasta perder el conocimiento. La primera visita se produjo el 26 de diciembre del año pasado y lo primero que se detectó fue el estado calamitoso de los baños que están al lado de las celdas, los colchones viejos, pero sobre todo, el encierro prolongado y reiterado como modalidad de castigo, con la particularidad de que los internos permanecen en calzoncillos, sea invierno o verano, debido a que, según las autoridades, esa es la forma en que “se evitan los suicidios”.

Todos los que golpearon a los internos en octubre estaban en sus puestos y uno de ellos, según relataron los chicos, obligó a uno los internos a limpiar la pared con un cepillo de dientes. Se detectó que las estructuras de las camas metálicas donde duermen las chicas estaban infectadas de chinches y que en el pabellón C había 9 jóvenes con encierro celdario absoluto.

“En cuanto a los recreos, algunos hablaron de 20 minutos diarios, otros de 4 recreos de media hora que sólo son en el comedor del sector, no salen a los patios, con las lógicas consecuencias psicofísicas y de convivencia que esto acarrea”, dice el informe elevado a las autoridades. En el párrafo siguiente se relata que “en cuanto a la relación con los penitenciarios dicen que es buena… que son diferentes a los operadores… que vienen a trabajar, no a verduguearnos”, y otro detalle que consigna es que mientras dura el castigo en la celda, los jóvenes son obligados a desnudarse.

Sobre el motín se habla que se recibieron muchos golpes y que ellos también debieron devolver lo mismo. Uno de los jóvenes relata que cuando se cae del techo lo agarran a patadas en la cabeza… “hasta perder el conocimiento”.

El 6 de febrero de este año se concretó otra visita de la comisión al penal de menores. Un punto importante que surge es que los jóvenes no son visitados por un defensor de sus derechos como tampoco por personal de sanidad y que un sector permanece sin luz desde hace dos meses. En el Sector E, los jóvenes relatan que los llevan a bañarse a todos juntos al mismo tiempo y los operadores se quedan presentes mientras se desnudan y bañan.

“El encierro sigue siendo, particularmente en el Sector B, de una condición infrahumana, aún peor que la que se vive en la cárcel de adultos”, dice el informe, que además agrega que es durante la guardia del oficial Ángel cuando se agudizan los golpes e insultos y que, según el relato de los jóvenes, los penitenciaros habían ingresado en una oportunidad para reprimirlos arrojándoles gas pimienta.

Con todos estos informes sin contestar de parte de las autoridades, la comisión de ex presos y Xumek elevaron a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un habeas corpus correctivo en nombre de todos los jóvenes alojados y en particular por el agravamiento de las condiciones de aquellos que se encuentran en el Sector C.

“Venimos a poner en consideración de la Corte cuál es la situación, no sólo en relación al predio donde se encuentra el penal y sus problemas edilicios, sino lo que ha pasado con aquellos operadores que han sido objeto de denuncias e investigaciones de tipo sumarial, si bien no hablamos de tortura, sí son delitos, cometidos después del motín de octubre del año pasado”, sostuvo el Dr. Eduardo Toledo, abogado de Xumek, quien explicó que la vía del habeas corpus tiene el sentido de intentar modificar una realidad teniendo en cuenta que en otro momento sí puede haber consecuencias penales directas.

La instancia correctiva. El habeas corpus se presentó el día 2 de marzo. Cuatro días después, dos miembros de la Corte, los jueces Omar Palermo y Mario Adaro, estaban recorriendo los pabellones y hablando tanto con operadores como con internos. La visita fue a las 5 de la tarde y llamó la atención que muchos dormían y no despertaban pese al ir y venir de un grupo de gente y lo inusual de ese tipo de visita. La única explicación la brindaron dos chicos que se despertaron y dijeron estar doloridos.

Sobre los demás, se desconoce si es por efecto de alguna medicación. Y es que en un sector sólo dos chicos se despertaron. Según relataron a los magistrados, por la mañana se había producido una discusión por el volumen del televisor que terminó con uno de ellos pateando las puertas. Pronto ingresó al pabellón el personal penitenciario y, según los chicos, los golpearon con toallas mojadas. Nuevamente apareció en los relatos el gas pimienta, pero no arrojado a las celdas sino que colocado en las manos de los penitenciarios que después refregaron en la cara de los internos.

Esto ocurrió en el Sector B, justamente donde se aplica sistemáticamente el castigo de las 22 horas de encierro en celdas de 2 metros por 2 metros. Según dos participantes que presenciaron la visita de la Suprema Corte, el panorama con el que se encontraron fue shockeante. Chicos desnudos, drogados o dormidos como única forma de no darse cuenta de las horas que pasan en situación de encierro. Un sistema que en definitiva confunde medicina con estupefacientes. “En varios pabellones los chicos no están lúcidos, no reaccionan a los impulsos”, contó Fernando Rule, de la Comisión de ex Presos Políticos.

Rule hizo hincapié en la degradación ética y moral de los castigos. “No estamos hablando de que les ponemos horario para ir al baño, comer o ir a la escuela, sino de desnudarse completamente para estar en una celda, en un lugar donde no hay sábanas ni colchas, sólo un colchón. Y esto como pauta generalizada que pretende supuestamente enseñar pautas de conducta”, señaló.

La gran deuda. Lo señala el habeas corpus correctivo de Xumek: la gran deuda del Estado para con la sociedad es el nombramiento del Procurador Penitenciario, figura que debe actuar ante este tipo de situaciones junto a un comité externo que activa en todo lugar y momento un mecanismo de prevención de la tortura. En agosto del año pasado ese paso institucional debía producirse ya que se conformó una terna de la cual el gobernador tenía que elegir un nombre y designarlo en un lapso de dos meses. Pero ese plazo está por demás vencido.

El tema se agrava porque la puesta en marcha de la Procuración era un compromiso asumido por el Estado provincial a raíz de otro habeas corpus colectivo que en el 2003 generó la intervención de organismos internaciones. Hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el famoso caso “Cárceles de Mendoza” en donde se constató que había 4 personas en celdas de 2 metros x 2 metros, aguas servidas en los pabellones y presos obligados a hacer sus necesidades en bolsitas que luego arrojaban al patio. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las sanciones contra Mendoza porque consideró que con el paso del tiempo la situación mejoró; ahora bien, la provincia quedaba comprometida a implementar un órgano externo que monitoreara, o sea, el Procurador Penitenciario. El proyecto se elaboró pero estuvo años dormido en la Legislatura provincial debido a la creencia de la mayoría de los representantes de los partidos políticos de que “en Mendoza la tortura no existe”.

Fue a raíz del impacto causado por la difusión de unos videos filmados con un celular en los que se ve cómo un joven es torturado por un penitenciario en la cárcel de San Felipe que los legisladores “cambiaron” de opinión y sancionaron por unanimidad la ley que establece el Protocolo, el Comité y el Procurador Penitenciario. Casualmente, en estos días será presentado el Procurador contra la Violencia Institucional a nivel nacional, quien tendrá dos ámbitos de acción diferenciados sobre los cuales hoy no existe ninguna instancia de control: las instituciones de encierro (cárceles del Servicio Penitenciario Federal, comisarías, institutos psiquiátricos y de menores, ya sea estatales o privados) y las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria). La decisión de ponerlo en marcha tiene que ver con la convicción de que los actos de violencia institucional están, a menudo, relacionados con tramas de corrupción en las mismas fuerzas de seguridad, que protagonizan represalias o ajustes de cuentas, que luego quedan ocultos.

A todo esto, de manera inminente se espera que el Estado nacional sea sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que en Mendoza tres jóvenes fueron condenados a prisión perpetua, porque según los jueces “no se habían arrepentido de lo que habían hecho”. Esta situación, que se arrastra desde el 2002, es lo que avala a los organismos de derechos humanos a afirmar que en Mendoza “se está aplicando un sistema que no resocializa sino que se limita a imponer una suerte de venganza de la sociedad incluso hasta con los niños y los menores, demostrando un carácter represivo que no es el del tipo de sociedad por cual nosotros luchamos”.

Otra arista que deja aún más en evidencia la institucionalidad mendocina son las escasas instrucciones y directivas del Procurador General a los defensores públicos, siendo en su mayoría las destinadas a restringir el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Eso, más el hecho de que las capacitaciones y recursos humanos y materiales con que cuentan los defensores son sumamente inferiores a los fiscales, explica que a lo largo de toda la crisis del ex COSE no haya intervenido ninguna de las defensorías oficiales.

Paralelamente, la política punitiva que tuvo como detonante el caso Matías Quiroga, hace exactamente un año, retrotrajo un montón de políticas que venían evolucionando. Se notó como pocas veces la influencia social de ese “poder punitivo-mediático” –como lo llama Eugenio Zaffaroni–, con lo cual, todos estos temas, dolorosos e inesperados sobre personas sometidas a tormentos, está lejos de ocupar un lugar relevante en la agenda de los principales diarios y canales de noticias.

Responsabilidad agravada. María José Ubaldini, subsecretaria de Derechos Humanos de Mendoza, explicó que en contextos de encierro el Estado tiene una responsabilidad agravada ya que todas las personas que están bajo su jurisdicción, si bien están privados de la libertad, es el Estado el que tiene la obligación de cumplir con sus derechos a la salud, a la educación y a la integridad. Para Ubaldini, en este marco se puede decir que estamos muy próximos a tener la figura del Procurador Penitenciario aunque no pudo precisar una fecha ni precisa ni aproximada.

En cuanto al habeas corpus, la funcionaria resaltó su valor al poner en evidencia la necesidad de dar ese paso tan importante en la institucionalidad, pero además celebró que exista voluntad de parte de la Corte en hacer su aporte como un poder más del Estado que es responsable de los menores. “Son en definitiva los jueces los que tienen la tutela y están a cargo de la ejecución de la pena, o sea que es un organismo tan responsable como el Ejecutivo”, señaló. Y agregó que “es un buen mensaje de compromiso que la Corte haya ido al penal y que con los organismos se esté trabajando en un mismo sentido ya que este es un tema que necesita de todos, necesita inversiones millonarias y no se cambia de un día a otro”.

Ubaldini puntualizó que apuestan a la capacitación del personal del ex Cose, porque cambiar la cultura de tantos años es clave, y para eso es necesaria la voluntad y el compromiso de los que ya están allí trabajando. La funcionaria anunció la decisión de su área de conformar un Observatorio de Derechos humanos en contextos de encierro, no sólo para el ex COSE, sino también para las penitenciarías. Eso sí –aclaró–, cuando esté en marcha la figura del Procurador, no será un ámbito de denuncias e inquietudes sino que se ceñirá al estudio y la investigación ya que, si no, habría superposición de facultades.

En cuanto a la visita, la subsecretaria señaló que quedó claro que prácticamente los jóvenes no conocían a su defensor, o lo habían visto sólo una vez. “Esto nos parece una flagrante violación del derecho de defensa que tienen chicos de entre 16 y 18 años”. Por último resaltó que la figura del Procurador cumple con todos los requisitos del Protocolo Facultativo para la prevención de la tortura y otras penas y tratos inhumanos y degradantes, así como también la transparencia del proceso de selección de los aspirantes, lo cual –dijo– va a ayudar a que tenga todos las herramientas para actuar, producto de una visión uniforme entre el Estado y los organismos de derechos humanos”.
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fuente http://veintitres.infonews.com/nota-6387-sociedad-Visita-al-infierno.html