La fiscal general de Rawson Silvia Lucía Pereira consideró probadas buena parte de las irregularidades administrativas dentro del Superior Tribunal de Justicia que el año pasado denunció el ministro Alejandro Panizzi. La investigadora consideró “auténticos” los dichos del juez de ese tribunal en cuanto al uso de licencias acumuladas, la acumulación indebida de licencias contrarias al Reglamento Interno General y a la innecesaria renovación del parque automotor.

Pese a estas evidencias, Pereira desestimó el caso ya que pese a su gravedad porque involucran uso de fondos públicos, ninguno de sus hallazgos puede ser considerado un delito penal. Sin embargo, debido a que “surge notoriamente la autenticidad de lo referido por Panizzi”, la fiscal advirtió que de sus averiguaciones “podría desprenderse una eventual infracción a previsiones de la Ley de Ética de la Función Pública”. Esta hipótesis “deberá disiparse en los canales institucionales adecuados, previstos en la Constitución”. Es que el Ministerio Público Fiscal no tiene competencia en este tipo de infracciones.

La funcionaria prefirió “dejar a criterio del Superior Tribunal de Justicia como cuerpo colegiado que administra sus propias decisiones de manera discrecional evaluar la conveniencia o corrección de los hechos antes referidos, a la luz de las normas internas de funcionamiento y de la Ley de Ética Pública”. O sea que los ministros deberán decidir si hay sanción por las irregularidades. En rigor, la comprometedora conclusión de Pereira podría desembocar en un pedido de jury. Cabe recordar que la pesquisa fiscal se inició en diciembre luego del escándalo público que generó una entrevista de Panizzi con el diario Jornada. Allí acusó públicamente a sus pares de designar funcionarios a dedo y de pedir y usar viáticos para hacer turismo, entre otros vicios. Apuntó especialmente a Fernando Royer, José Luis Pasutti y Daniel Caneo. El propio gobernador Martín Buzzi le ordenó al fiscal de Estado, Blas Meza Evans, pedirle al procurador general Jorge Miquelarena una investigación acerca del tema.

Fuentes ligadas al trabajo de Pereira destacaron lo detallado de su trabajo, que incluyó entrevistas personales y telefónicas con los ministros y otros funcionarios ligados al máximo tribunal. También hubo una revisión exhaustiva de documentación proveniente del Superior. La conclusión se volcó en un trabajo de más de medio centenar de páginas. Cabe recordar que en su momento, el fiscal Meza Evans había adelantado que en el caso de que la fiscal determinara que hubo irregularidades, los implicados tendrían que dar cuenta a la Legislatura para que se inicie el procedimiento de juicio político.

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