Neuquén > Las fiscalías federales de Neuquén ratificaron los malos tratos y pésimas condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad en la Unidad 9 y en consecuencia, solicitaron al juez Gustavo Villanueva que disponga, entre otros puntos, de una medida cautelar para que no exista contacto entre los internos y el personal de la penitenciaria imputado por tratos violentos. La grave situación originó, en noviembre de 2012, la presentación de un habeas corpus colectivo en defensa de la totalidad de los internos. Así lo informó a este diario, la fiscal federal, María Cristina Beute.
Los fiscales consideran, de acuerdo a las pericias realizadas, que el trato dispensado por parte del personal de requisa es violento física y psíquicamente y que esa actitud construye una “violencia estructural y sistemática”. Por este motivo, solicitaron al juez que “exprese acerca de la ilegitimidad constitucional y legal del trato dispensado por autoridades de la Unidad 9”. Además, plantearon la aplicación de una medida cautelar de apartamiento de los detenidos de personal imputado por tratos violentos, Por último, reclamaron que “se disponga la instalación de medios de monitoreo eficaz del trato dispensado”.
«Condiciones de dignidad»
Entre los reclamos, los funcionarios solicitaron que se declaren violatorios de las condiciones dignas de alojamiento verificadas en la Unidad 9 y que se ratifique la medida cautelar vigente sobre la prohibición de aumentar el número de alojados en la actualidad.
“Y como medidas para el cese definitivo se realice la pericia pendiente y la presentación de un plan edilicio integral por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para adecuar los lugares de alojamiento acorde con las condiciones de dignidad que deben gozar los detenidos”, indicó Beute.
En el escrito presentado se indica que todos los pabellones –exceptuando el 7– poseen instalaciones sanitarias precarias, antiguas y en pésimas condiciones de higiene.
“De las pericias surge que no existen elementos que permitan afirmar cuál es el cupo real y que no existe un plan integral edilicio”, señaló la fiscal.
Ilegalidad
Los funcionarios judiciales agregaron que el régimen de encierro y aislamiento tiene consecuencias negativas en la alimentación, que dificulta el acceso a sanitarios y también a la educación, trabajo y recreación prevista para los internos.
Mencionaron que a la fecha no existe un pabellón exclusivo para internos con resguardo de la integridad física y sancionados (aislados). Por ende, solicitaron que el Juez “se pronuncie sobre la ilegalidad de las condiciones de encierro y disponga su cese. Para esto expresaron que se debería implementar un protocolo para el resguardo de personas en especial situación de vulnerabilidad surgida en una causa que tramita el juzgado federal de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.
