La ONG señala que si bien la reforma se presenta como un instrumento “para tratar de satisfacer la creciente y justa demanda social de seguridad”, la medida implica “la aplicación subterránea de la ‘mano dura’ como herramienta de intervención estatal”.
“Nuevamente se improvisó, esta vez con más ligereza que en otras ocasiones, porque se recurrió a soluciones experimentales que funcionarán precariamente para tratar de resolver el grave y complejo problema de la inseguridad pública”, advierte.
En ese sentido dice que los “juicios por flagrancia” y otras novedades procedimentales que se supone darán más celeridad a las acciones judiciales, “no resuelven los problemas estructurales de mal funcionamiento del sistema penal ya que si no se organizan los esfuerzos específicos en re-direccionar la persecución penal, el sistema seguirá procesando los mismos casos de siempre, aunque con mayor rapidez y, en muchos ocasiones, con menos garantías o más violaciones de derechos humanos, sobre todos de los pobres como autores o víctimas”.
Debate escaso
Para Núñez, la reforma debió haber sido debatida de un modo más amplio, ya que “no fueron consultadas o escuchadas las organizaciones no gubernamentales que desde hace muchos años vienen trabajando en el tema, a pesar de que públicamente advirtieron sobre las fallas de funcionamiento del sistema penal y carcelario”.
También expresa que “merece un fuerte reproche y una contundente desaprobación la orientación político-criminal que alimentó los lineamientos generales de la nueva reforma”, ya que así “se pretende generar falsas soluciones a través de la especulativa utilización de los juicios abreviados para dictar condenas que permitan aparentar eficacia y eficiencia del sistema, lo que traerá aparejado la profundización del fenómeno de criminalización de los sectores más pobres y vulnerables de la comunidad”.
“A quienes integran tales sectores ni siquiera se les garantizará el derecho a ejercer plenamente su defensa en juicio”, plantea el Centro Mandela, que apunta como otro efecto negativo el hecho de que se perseguirán mayormente los delitos callejeros, cuando el principal problema son “los hechos de mayor complejidad” y es necesario “desarmar las redes y lógicas delictivas que se van gestando a partir de oportunidades específicas, que son las condiciones que posibilitan la producción de los casos más graves”.
Los peces gordos
Núñez recuerda que “un gran porcentaje de la criminalidad común está asociada y condicionada por redes de ilegalidad, con grados más o menos elaborados de organización, que aunque precarias facilitan el delito, fenómeno que en la actualidad se potencia a partir de la instalación de las redes de narcotráfico, cuya clave es el manejo territorial, seguidos de impunidad comprada”.
“En este sentido, el trabajo de los fiscales y agentes de seguridad debería reconducirse hacia los puntos más privilegiados y con mayor capacidad de acción de tales redes delictivas. Esta reorientación posibilitaría concentrar la acción de la justicia criminal en estas áreas en las que ha demostrado casi total ineficiencia. Además, tendería a evitar que la política criminal se concentre -de forma gradual, creciente y casi excluyente- en combatir los eslabones de las redes delictivas integrados por los sectores más pobres y excluidos, que son los que tienen menor capacidad de acceso a la justicia, mientras que los autores de los delitos graves y complejos gozan de impunidad política, policial o judicial, y de privilegios que el sistema penal carcelario no puede disimular y que tiene que ver con prebendas compartidas, muchas de ellas muy significativas y del alto valor”, indica.
“También resulta indispensable tener en cuenta dice- el impacto que tendrá la reforma respecto a la vigencia y protección de los derechos y de las garantías legales y constitucionales en Chaco en lo vinculado con el funcionamiento del sistema carcelario. Lo que ya puede asegurarse es que se producirá un nuevo y sostenido aumento de la cantidad de ciudadanos que permanecerán privados de su libertad en alcaidías y cárceles colapsadas, algunas de la cuales están en situación ruinosa, de manera que la sola permanencia de los presos en tales establecimientos constituyen casos concretos de violaciones de derechos humanos”.
