LA HABANA, 10 abr (IPS) – Las historias de vida de cubanas reclusas por asesinar a esposos o novios que las habían tratado con violencia exponen la necesidad de reformar el Código Penal para que ciertos castigos consideren atenuantes de género.
La mayoría (63 por ciento) de las casi 4.000 cubanas presas cumplen condenas por delitos relacionados con la malversación y el robo.
Pero «tenemos internas por cometer hechos muy fuertes relacionados con la violencia familiar. Por ejemplo, la mayoría de las que asesinaron, (lo hicieron) al esposo que las maltrataba o al padre que las violó de niñas. Estos casos deben tener un tratamiento (jurídico) diferente», dijo la directora de la Prisión de Mujeres de La Habana, teniente coronel Sara Rubio.
«No hay diferencias para este tipo de situaciones en el Código Penal», explicó Rubio a IPS en un recorrido realizado este martes 10 por cuatro centros penitenciarios, acompañando a periodistas nacionales y extranjeros acreditados. Esta es la primera vez desde 2004 que las autoridades abren las prisiones a la mirada de la prensa internacional.
Las penas por delitos como malversación, robo y homicidio pueden variar entre ocho y 30 años de reclusión.
Rubio, que dirige el establecimiento penitenciario femenino más grande del país, insistió en que «se deben particularizar los casos asociados a la violencia de género», un problema señalado por organizaciones de la sociedad civil cubana que piden incorporar con más intensidad el enfoque de género en la legislación.
De hecho, entidades civiles, gubernamentales y estatales desarrollan desde 2007 una campaña contra la violencia hacia la mujer, que en 2012 llegó a ocho de las 15 provincias y en la que diversas voces reclamaron que esta manifestación del machismo se enfrente de manera explícita en las leyes.
Por otra parte, delitos como la prostitución –sancionados con cortos períodos de cárcel– deben castigarse con medidas sin internamiento, propuso Rubio. Cuba prohíbe el negocio del sexo en todas sus variantes.
Más conocida como El Guatao, por la localidad de La Habana donde se ubica, esta es una de las dos penitenciarías de régimen cerrado para mujeres. La otra se encuentra en Camagüey, 534 kilómetros al este de La Habana. Además, funcionan 16 centros abiertos en todo el territorio.
El 1 de mayo, el gobierno deberá presentar un informe ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sesionará este año entre el 22 de abril y el 3 de mayo en Ginebra, ante el cual La Habana rendirá cuentas sobre su política penitenciaria.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos políticos de la oposición interna han cuestionado la política carcelaria de Cuba.
La población penitenciaria de este país caribeño supera las 50.000 personas, según el coronel Osmani Leyva, segundo jefe de la Dirección Nacional de Establecimientos Penales. Cuba tiene 11,2 millones de habitantes.
Esta cantidad indica una reducción respecto de mayo de 2012, cuando se publicó la cifra de 57.337 reclusos, aseguró Leyva a IPS.
«Todos los días suceden actos de libertad anticipada» en los 200 centros penales cubanos, indicó. La buena conducta permite reducir el tiempo de reclusión impuesto por los tribunales. También inciden en ese descenso las «condenas subsidiarias de la privación de libertad, como el trabajo correccional sin internamiento», indicó.
Pero una campaña anticorrupción iniciada en 2009 puede haber llevado más personas tras las rejas.
Según Rubio, 63 por ciento de las presas cubanas están condenadas por malversación, hurto, estafa, robo con fuerza y robo con violencia. Una buena parte de esas conductas se asocian al delito económico y la corrupción, un problema «que nos ha golpeado», apuntó.
En el establecimiento de estructura no convencional que dirige Rubio hay unas 400 internas, la mayoría con edades de entre 31 y 59 años. Las mujeres suelen delinquir en «la plena madurez», después de los 30 años, y las reincidentes constituyen «solo 15 por ciento», añadió.
Aquí las reclusas no viven en celdas, sino en dormitorios colectivos de unas ocho literas, que no se cierran con rejas, sino con puertas. Las instalaciones cuentan con teatro, áreas para deportes, televisión, comedor, cocina y aulas de estudio.
Hay acceso a teléfonos públicos. Las familias pueden visitarlas una vez por semana. Y las visitas conyugales se permiten cada 21 días.
Lázara López es madre sola de una adolescente de 15 años y de un niño de ocho. Lleva en Guatao uno de los seis años que debe cumplir por hurto.
«Lo hice por ellos. En estos momentos me arrepiento porque ahora necesitan más que yo esté en la casa», dijo a IPS. «La mayor tiene que cuidar del pequeño», lamentó esta habanera de 33 años.
Encargadas por tradición de atender a los hijos y al resto de la familia, las convictas viven momentos muy difíciles al verse obligadas a delegar esa responsabilidad en otros familiares o a desamparar a quienes estaban bajo su cuidado.
«Son mujeres al igual que nosotras», apuntó la educadora penal Minisleidy Calderón. «Conversamos a veces con ellas para que estén tranquilas y se porten bien», comentó a IPS la joven que trabaja con 80 internas. Como parte de la reeducación que reciben, la mayoría de las reclusas optaron por trabajar en entidades estatales, para lo cual pueden salir de la prisión.
El gobierno del expresidente Fidel Castro impulsó la idea de «convertir las prisiones en escuelas». Así, la población penitenciaria puede elevar su instrucción escolar, aprender oficios o trabajar en entidades estatales. También cuentan con iniciativas deportivas, culturales y de acercamiento a las comunidades.
Los jóvenes constituyen dos por ciento de la población carcelaria. Las reclusas de entre 16 años –edad de imputabilidad penal en Cuba– y 30 son muy pocas; en El Guatao llegan a solo tres por ciento.
Una de ellas es la maestra de educación primaria Damayantis Reyes, de 19 años. Con un embarazo de cinco meses, debe cumplir un año y medio de reclusión por lesionar a una persona.
Las gestantes presas tienen derecho a la misma atención de salud que el resto de las mujeres y reciben una dieta especial. Pero pueden permanecer con sus hijos solo hasta que cumplen un año de edad.
«Las condiciones y el trato son buenos, pero nunca se está bien. Nadie quiere estar aquí», dijo Reyes en conversación con IPS. El padre de su futuro hijo rompió la relación en cuanto ella ingresó a la prisión. «Voy a reincorporarme al magisterio cuando salga de aquí», aseguró. (FIN/2013)
