“Justicia Legítima es un movimiento que tiende a discutir hacia lo interno y con la comunidad. Con la palabra ‘justicia’ se refieren al Poder Judicial, como poder del Estado cuya tarea técnica y específica es la resolución de conflictos que se someten a su consideración”, afirmaron en un documento que lleva numerosas firmas. A la vez marcaron que el carácter “legítimo” está dado por el reconocimiento de esa labor desde alguna instancia que sea aceptada como “válida”, es decir, con capacidad de dar valor positivo al trabajo realizado.

Algo debido

Para los hombres y mujeres de Justicia Legítima este es “un debate que se debe el Poder Judicial desde hace varios años, desde siempre, y que estuvo postergado pese a que en determinadas épocas, como en los primeros años de la vuelta de la democracia (1983), hubo algunos esbozos de discusión que no llegaron a plasmarse en logros concretos”. Al respecto sostienen que la sociedad tiene reclamos al Poder Judicial, que se deben debatir y que se podrían resumir en los siguientes: “acceso universal e irrestricto a la justicia; transparencia en la gestión y en la selección, promoción y remoción de los magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial”. Consideran necesarias “celeridad y eficacia en la labor judicial (modificación de prácticas y procedimientos); independencia de toda influencia política, gremial, económica, confesional y del propio Poder Judicial; compromiso con la democracia, los derechos humanos y la perspectiva de género de todos sus integrantes”. También se requieren “condiciones dignas y adecuadas de trabajo del personal del Poder Judicial; participación ciudadana en el control de la gestión del poder judicial”.

La participación

Por la provincia de Corrientes están en este ámbito el juez de la Cámara Federal Luis González, el juez federal Juan Carlos Vallejos, el fiscal federal Flavio Ferrini, el juez laboral Héctor Hugo Boleso, el defensor oficial del Tribunal Oral Federal Enzo Di Tella, el fiscal federal ad hoc Derechos Humanos Juan Martín García, el presidente del Colegio de Abogados de Paso de los Libres Álvaro Sánchez Guerrero, Marta Ramírez del Sindicato de Trabajadores Judiciales, la secretaria relatora de la Defensoría Manuela Pérez Fierro, la secretaria del juzgado civil Amanda Rosa Gómez, el exsacerdote y exsecretario del juzgado laboral Gavino Casco, el bioquímico forense Diego Rinaldi, la integrante del Foro por la Justicia Goya licenciada Mari Bar, la trabajadora judicial de Derechos Humanos Marisa Sanabria; los abogados María Eugenia Benítez, Marcela Caballero, Daniel Esquivel, Augusto César Leguiza y Eduardo Black, el abogado y exdetenido político Juan Manuel Roldán, el secretario de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Derecho, y consejera estudiantil de la Facultad de Derecho Cristina Rojas.
En tanto que por la provincia del Chaco lo hicieron el juez del Tribunal Oral Federal Norberto Giménez, la integrante en el Consejo de la Magistratura por los abogados de la Primera Circunscripción judicial María Cecilia Baroni, el presidente del Comité Provincial contra la Tortura y querellante en causas de lesa humanidad Mario Bosch, el fiscal federal Patricio Sabadini, el fiscal general ante la Cámara Federal Carlos Martin Amad, la defensora oficial de la justicia provincial Lorena Padovan, el secretario de la Fiscalía Federal Marcelo Burella, el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos Diego Vigay, los abogados en Derechos Humanos Laura y Peco Tisembaun y Estela Binaghi, el secretario del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y exmiembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación Juan César Penchansky, Silvia Amalia Canteros de la Dirección de la Mujer del Gobierno del Chaco, las psicólogas Carolina Fule y Silvana Pérez, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos Sergio Quiroz y Duilio Ramírez, el secretario general del Partido Frente Grande en el orden nacional Daniel San Cristóbal, los abogados Ataliva Dinani, Melisa Valenti y Victoria Guerrieri de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la psicóloga y exdetenida política Mirta Clara Nelson Cesar Viera, las abogadas Valeria Romero, María Zara Romero Castelán y Dina Holivia Castelán, la médica Ana María Masramon, los diputados provinciales del Frente Grande Daniel Trabalón y Fabricio Bolatti. Por Formosa el fiscal federal Horacio Rodríguez, el responsable de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Formosa Juan Eduardo Lenscak, el abogado querellante de causas de lesa humanidad Luis María Zapiola, el secretario de la Fiscalía Federal Arístides Norberto Fernández Bedoya, y los abogados Pacho Espinoza, Williams Dardo Caraballo y Carlos Alberto Roble.