Toda la credibilidad del Poder Judicial parece depender de la investigación penal preparatoria. Por ello la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) empezó hace más de un año -antes, por ejemplo, de la explosión del caso «Verón»- a delinear un plan piloto concebido para «poner patas para arriba» al sistema penal mediante la profundización del modelo acusatorio vigente en la provincia desde 1991. El programa que promete más legitimidad, transparencia y celeridad, y resoluciones de mejor calidad debía debutar mañana en los Tribunales de Concepción (y, luego, hacer lo propio en los de Monteros). Todo eso quedó en suspenso este viernes por plazo indefinido.
La acordada 249/2013 que congeló el comienzo del plan piloto lleva la firma de los vocales Antonio Estofán (presidente), Antonio Gandur y Daniel Posse; tiene 13 renglones y a modo de fundamentación alude genéricamente a «inconvenientes» preexistentes que al 12 de abril no habían sido resueltos. Esos impedimentos organizativos son los mismos que citó la Corte para postergar por primera vez y durante una semana la puesta en marcha de la iniciativa, que originalmente estaba prevista para el 8 de abril pasado.
En esta segunda oportunidad, la CSJT se abstuvo de fijar una nueva fecha (suspendió el programa sine díe). Ese silencio puede ser interpretado como la confirmación de que el alto tribunal tomó nota -a la fuerza y al filo del abismo- de que no podrá avanzar sin autorización de la Legislatura (ver abajo). Ocurre que el proyecto elaborado con el asesoramiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) modifica -mediante acordadas- aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Procesal Penal. Para así proceder, la Corte invocó la potestad reglamentaria que le concede el artículo 4 de la segunda norma mencionada.
El «fallo» de Velazquez
Este modus operandi inédito en la historia de los Tribunales locales se suponía que iba a permitir comprobar en la práctica cuáles cambios funcionan y cuáles no: esta información empírica estaba luego llamada a alumbrar una enmienda legislativa integral. Mientras tanto, la provincia tendría tres escenarios procesales penales distintos: el de siempre en los Tribunales de la capital; el de siempre en Concepción y Monteros para los casos iniciados antes de la puesta en marcha del proyecto (denominados «residuales»), y otro proceso de laboratorio en los centros judiciales del interior respecto de las investigaciones preparatorias ingresadas a partir del debut del plan.
Con ese esquema en mente, la Corte invirtió dinero y energía para acondicionar edificios, y para capacitar a jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados del sur. En el ínterin hubo conferencias de expertos invitados y viajes a jurisdicciones con experiencia en el modelo acusatorio que se pretendía profundizar. Sin ir más lejos, la familia judicial penal estuvo hasta ayer en San Javier debatiendo los principios de la reforma con los expertos chilenos Rafael Blanco Suárez y Fernando Guzmán en unas jornadas organizadas por la Asociación de Magistrados de Tucumán.
El año pasado, una comisión pequeña encabezada por Mario Velazquez, juez de Instrucción y de Menores, y magistrado delegado de la Corte en Monteros, se trasladó a Trelew (Chubut) y, a la vuelta, informó al alto tribunal -por escrito- que no estaban dadas las condiciones para cambiar el paradigma procesal. «Un giro de esta especie requiere mínimamente del consenso de los tres poderes del Estado», sentenció Velazquez.
Tres de cinco
Pero la Corte propulsada por Estofán y Gandur siguió adelante en soledad, sin siquiera lograr el consenso interno, como surge de la decisión que suspende indefinidamente la implementación del plan. Esta acordada no fue firmada por los vocales René Goane y Claudia Sbdar, y al respecto consigna que el primero, que no volvió a Tribunales después de la última feria judicial, está de licencia. Nada dice, en cambio, sobre Sbdar, que tampoco rubricó otras acordadas previas relativas al mismo proyecto, excepto por aquella inicial de 2012 que encarga la elaboración de un programa al Inecip de los juristas David Baigún y Alberto Binder (la Corte de cinco miembros necesita sólo tres votos concordantes para adoptar decisiones jurisdiccionales y de superintendencia desde marzo de 2012 en virtud de una reforma a la Ley Orgánica de Tribunales que promovió Estofán).
El plan piloto así planteado comenzó a hacer agua en marzo, cuando el abogado sureño Nicolás Pedro Brito lo calificó de «inconstitucional» y anunció que iba a judicializarlo. El martes pasado, el letrado cumplió su promesa mediante la presentación de un amparo -con pedido de cautelar incluido- en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La suspensión del debut del programa bloquearía así una resolución adversa, sin perjuicio de que la Corte aún no había terminado de poner las bases para el inicio de su plan piloto, que, por ejemplo, requiere de la designación de un fiscal y un defensor con funciones de coordinación (aún no se sabe quiénes cumplirán ese rol en Concepción). Toda la credibilidad del Poder Judicial de Tucumán parece depender de la investigación penal preparatoria y también parece que la debilitan más los que procuran fortalecerla
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