El Consejo de la Magistratura concluyó anoche con la designación de 13 cargos para los tribunales de Viedma, incluyendo a cuatro magistrados y dos fiscales. Cerró con los dos camaristas penales, nombramientos que recayeron en los jueces Juan Bernardi y Carlos Reussi.
Cerca de la medianoche, finalizando una jornada maratónica de 15 horas, el tribunal eligió a dos miembros para la Sala A de la Cámara Penal.
El puntaje final -según detalló el presidente Enrique Mansilla- concluyó con 81 puntos para la fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui, 79 para Bernardi y 76 para Reussi. Aún así, el cuerpo -por mayoría- se inclinó por los jueces. «No sólo se pondera el mejor puntaje. Son tres excelentes candidatos y fue muy difícil», explicó Mansilla después a la prensa.
Un argumento evaluado en la proyección de Zaratiegui a la Cámara es la posibilidad de que el gobernador Alberto Weretilneck -conjuntamente con el Colegio de Abogados- propusiera a la fiscal de Cámara para la vacante del STJ. Esta probabilidad fue evaluada en las últimas negociaciones entre los consejeros. Aún así, su concreción depende todavía de muchos imponderables.
La elección más dividida fue la de Bernardi, que logró ajustada mayoría con el apoyo de los legisladores y un consejero de los abogados, Mariano Gestoso. No lo apoyaron los otros dos representantes de la entidad profesional, Ignacio Racca y Guillermo Campano, ni tampoco el camarista Jorge Bustamante. En Reussi sólo prefirió no participar Mansilla.
Inicialmente, el Consejo desestimó las impugnaciones a los exámenes, tras lo cual, a las 22, comenzaron las tres entrevistas finales a Bernardi, Reussi y Zaratiegui.
Por la mañana, se designaron dos titulares en los juzgados de Familia.
La secretaria Carolina Scoccia fue elegida, por unanimidad, en el Juzgado N°5, vacante por el ascenso a camarista de Sandra Filipuzzi mientras que, por mayoría, se nombró a Laura Dumpé en el creado Juzgado N°7.
Después, se cubrieron las secretarias de ambos organismos: Justina Boeri se ocupará del N° 5 y Paula Fredes hará lo propio con el juzgado N° 7.
El Consejo fue conducido por Mansilla, salvo un reemplazo temporario de Sergio Barotto.
La integración se completó con los legisladores justicialistas Arabela Carreras y Ricardo Arroyo, y el radical Adrián Casadei, y los consejeros de los abogados Campano, Gestoso y Racca. Por la Justicia, según el cargo en análisis, participaron la Procuradora General, Liliana Piccinini y los camaristas Gustavo Azpeitía, Jorge Bustamante y Eduardo Roumec, como miembros de los tribunales civil, penal y laboral.
Posteriormente, el Colegio analizó nombramientos del ministerio Público. Así, se designaron a dos fiscales: al General y al responsable de la UFAP.
El actual funcionario penal Marcelo Alvarez fue electo para la Fiscalía General, que permanecía vacante tras la renuncia de Nelson Echarren, mientras que Hernan Trejo, hoy secretario del juzgado penal N°2, estará a cargo de la Fiscalía N° 1 y de la UFAP, desierta por la jubilación de Ricardo Falca.
Además, se nombró a Claudia Lasso en la secretaría N° 2 de la Procuración, que está libre tras el alejamiento por jubilación de Enrique Minetti.
Tres cargos de Defensorías formaron parte del listado de nombramientos: Dolores Crespo y Gabriela Sánchez para Pobres y Ausentes, y María Cecilia Donate para Menores e Incapaces. (AV)
