La actual situación llama al desconcierto. Los conservadores de siempre cuestionan las intenciones del Gobierno, opinión que La Nación no se iba a perder de magnificar:
La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, dio a conocer ayer un duro comunicado contra losproyectos de ley del Gobierno para «democratizar» los tribunales (Duras críticas de los jueces a la reforma judicial).
En el camino, el título ignora por completo a los jueces alineados en el movimiento «Justicia Legítima». A ello se agregan los lamentos de los presidentes de las cámaras de apelaciones.
Mientras tanto, en los tribunales se multiplican los mítines anti-rreforma. Anoche, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, recibió a la Junta de Presidentes de Cámaras, que agrupa a tribunales de alzada de todo el país. Los camaristas le llevaron una nota de apoyo y le expresaron su preocupación.
Veamos un exponente típico de este sector: Doña Poncia de Pilatos
Como siempre, los jueces no se hacen responsables de nada.
¿Y qué tenemos del otro lado? Un movimiento que surgió con muchísimo ímpetu e inmensa fuerza crítica. ¿Cuál fue la reacción de Justicia Legítima frente a los seis proyectos de ley remitidos por la Sra. Presidente al Congreso? Se resume en este comunicado:
DECLARACIÓN DE JUSTICIA LEGÍTIMA SOBRE LA REFORMA JUDICIAL
Los magistrados, funcionarios, empleados, académicos, juristas y representantes de organizaciones sociales que decidimos constituir JUSTICIA LEGÍTIMA señalamos oportunamente nuestro consenso con los lineamientos fundamentales de la reforma judicial, encaminada a lograr una relación más cercana entre la sociedad y la administración de justicia. En el encuentro realizado el pasado martes en la Asociación de Abogados de Buenos Aires también sostuvimos expresamente que debía generarse un debate amplio y plural sobre el contenido estricto de los proyectos anunciados, en el ámbito más adecuado para su análisis que es el Congreso de la Nación.
Desde entonces, los integrantes de JUSTICIA LEGÍTIMA venimos elaborando una propuesta superadora del proyecto sobre medidas cautelares, a fin de dar amplia cobertura a situaciones de sectores especialmente necesitados de tutela judicial efectiva. Esa propuesta será presentada mañana ante el plenario de comisiones del Senado.
Tal como surge de las conclusiones del encuentro realizado en la Biblioteca Nacional los días 27 y 28 de febrero, y conforme también se le hizo saber al Ministro de Justicia y Derechos Humanos oportunamente, JUSTICIA LEGÍTIMA considera imprescindible que se avance en una reforma integral de los sistemas procesales, cuyo núcleo central sea la oralidad y el establecimiento de plazos razonables de tramitación de las causas, lo que debe incluir a las diversas instancias que eventualmente tomen intervención.
Convencidos de que las estructuras corporativas suelen ser resistentes a los cambios, ratificamos nuestro compromiso con el impulso de una profunda transformación cultural. Sólo así será posible garantizar una Justicia democrática y accesible para todos.
Parece que nos entusiasmamos demasiado con la creación de este movimiento. Me cuesta creer que todos sus miembros estén sinceramente de acuerdo con lo que se dice en este comunicado y, al mismo tiempo, no digan una sola palabra, por ejemplo, respecto de la creación de las tres cámaras de apelaciones multi-rubro.
Su proyecto de creación contradice todo lo que aquí se afirma: no se trata de una «reforma integral», no se trata de una modificación de la organización judicial «cuyo núcleo central sea la oralidad», no se trata del «establecimiento de plazos razonables de tramitación de las causas». Es decir, nada se dice respecto de un proyecto que se opone a todos los principios que JL «considera imprescindibles».
Luego de afirmar, al principio del comunicado que «debía generarse un debate amplio y plural sobre el contenido estricto de los proyectos anunciados», apenas se limitan a mencionar uno de ellos.
Y luego agregan —seguramente no en representación de «los sectores más necesitados de tutela judicial efeciva»— que «debía generarse un debate amplio y plural sobre el contenido estricto de los proyectos anunciados, en el ámbito más adecuado para su análisis que es el Congreso de la Nación».
Paradójico, ¿no? Un movimiento surgido por el quiebre dado por la disidencia de opiniones de «órganos institucionales», propone un debate amplio y plural en otro ámbito instituccional.
Para reflexionar…
