El fiscal Pablo Molina pidió la elevación a juicio por el caso del comisario Pablo Márquez, acusado de ordenar detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas del destacamento que presidía.
Márquez está imputado por abuso de autoridad reiterada en seis hechos y un hecho de coacción agravada contra una sobordinada.
La denunciante, N.Z., de 32 años con grado oficial subinspector fue quien acusó a Márquez por obligarla a ella y a los otros subordinados a perpetrar detenciones ilegales.
Es decir, por ordenarles la aprehensión de ciudadanos con o sin motivos, existieran o no contravenciones o delitos, con el objetivo de “hacer número” y mostrar una ficticia eficacia policial”, según se lee en su declaración. Entonces, Márquez era titular de División del Comando de Acción Preventiva (CAP) (ver Una policía denuncia detenciones ilegales).
Denuncias. Unos días después, se conoció que ya había dos denuncias anteriores de otros subordinados contra el comisario. La investigación siguió su curso y tanto los denunciantes como los testigos de la causa confirmaron los dichos de N. y aseguraron que incluso los jefes de Márquez estaban al tanto de la situación (ver Paredes negó que la Policía exija un «piso de detenciones»).
El delito de coacción está reprimido en el artículo 149 bis del Código Penal con penas de dos a cuatro años de prisión y la comete quien «hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad».
A su vez, el abuso de autoridad, penado con prisión de un mes a dos años, lo comete el funcionario público «que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constituciones o leyes nacionales o provinciales», según el artículo 248.
Querellantes. El abogado de los policías, Carlos Nayi, informó hoy que además de ser quienes denunciaron a Márquez, los policías se constituyeron en querellantes de la causa.
El caso Márquez es paradigmático porque surge de una denuncia de un agente del mismo cuerpo policial que confirma las críticas de organizaciones sociales y políticas sobre el uso abusivo que la institución hace del Código de Faltas.
En especial, se critica que, con la supuesta anuencia del Ministerio de Seguridad provincial, se realizan detenciones arbitrarias, especialmente de jóvenes de sectores vulnerables. Aprehensiones que se fundarían en el origen social, económico y geográfico de los detenidos.
