El gobernador Antonio Bonfatti envió para ser tratado en sesiones extraordinarias a Diputados, la llamada Ley Enrico, que aprobara el Senado el último año y que amplia facultades a los jueces para dictar la prisión preventiva sobre procesados asi como a condenados ante las salidas transitorias. El diputado Eduardo Toniolli opinó ayer «que para Bonfatti es más importante mandar a extraordinarias este proyecto que el de Policía Judicial, promoviendo una reforma del nuevo Código antes de que entre en vigencia, algo insólito. Evidentemente pretende reemplazar la ausencia de una política criminal seria y consecuente con fuegos de artificios, y de paso desautoriza a dos de sus ministros (Lewis y Lamberto) que en su momento se habían opuesto al proyecto con los mismos argumentos que sostenemos nosotros». Para el diputado «con este proyecto se pretende suplir la ausencia de una política criminal seria y de juicios rápidos, con una ampliación de los casos en los que se dictará prisión preventiva fundada en prejuicios de clase. La reforma propone, la aplicación de esa figura a todas aquellas personas que atraviesen un proceso judicial y habiten viviendas de ‘difícil acceso’, por lo tanto si dos personas son acusadas del mismo delito, pero una vive en el centro y otra en una villa miseria, la primera atravesará el proceso en libertad hasta tanto se determine si es culpable o no, y la segunda encarcelada.»
Cabe recordar que el ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, habia considerado que el proeycto de ampliar la imposición de la prisión preventiva, significa «un retroceso porque implica volver al viejo Código Procesal Penal donde la regla parecer la prisión y la excepción la libertad». Y habia asegurado a medios del año anterior que si la iniciativa era aprobada por Diputados «sería vetada» por el Poder Ejecutivo «porque sería de dudosa constitucionalidad».
El legislador del Frente para la Victoria explicó a Rosario/12 que «el proyecto ya fue tratado en la Comisión de Derechos y Garantías apenas ingresó desde el Senado, pero no obtuvo la adhesión de los diputados presentes – ni del oficialismo, ni de la oposición-
para obtener despacho positivo y seguir adelante. Aún así, como Presidente de la Comisión pedí opinión a distintos actores del poder judicial y a varios juristas, que unánimente me señalaron que el proyecto violaba abiertamente el artículo 18 de la Constitución Nacional. Volveremos a tratar el proyecto y si es necesario requeriremos dictámenes firmados a esos y otros juristas a fin de despejar las dudas que pudieran existir».
En rigor el proyecto Enrico, introduce modificaciones a los artículos 219 de la ley 12.734 y 329 de la 12.912 que refieren a la procedencia de la prisión preventiva, para hacerla aplicable a mayor cantidad de casos.
Sin embargo para Toniolli «en nuestro sistema legal la prisión preventiva se aplica cuando un sospechoso de haber cometido determinado tipo de delitos puede entorpecer la investigación o fugarse, pero como en nuestra provincia los procesos penales duran en promedio casi cuatro años, se termina usando la figura para paliar esa deficiencia: el 60 por ciento de los internos del servicio penitenciario provincial no tienen condena, desconociendo el principio de inocencia, en un virtual anticipo de una pena que no se sabe si finalmente le va a corresponder».
Para Toniolli «nos tenemos que preguntar seriamente si el objetivo del sistema penal es hacer justicia o si sólo nos interesa ‘quedar bien’ bajando la comprensible angustia social frente a hechos violentos que conmocionan a la población, sin importar sin encarcelamos a los responsables o a alguien ajeno a los mismos. Las responsabilidades penales de un individuo en un hecho se determinan en un juicio, y acá lo que tiene que haber son juicios rápidos y con todas las garantías necesarias, de esta manera se hace justicia de una manera incontrovertible. Esto se logra avanzando en la aplicación del nuevo código procesal penal, pero con todas las herramientas que esa reforma necesita y exige normativamente – por ejemplo la creación de un cuerpo de Policía Judicial , si no estamos en la misma.»
En agosto de 2012 cuando el Senado provincial aprobó el proeycto Enrico lo defendió argumentando que «en los supuestos donde la persona que está siguiendo un proceso, que está siendo procesada, tiene varias causas abiertas y todo indica, que va a volver a delinquir, en esos casos, que la provincia de Santa Fe no permita la excarcelación».
Sin embargo para el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías «están engañando a los familiares de las víctimas de la inseguridad a los que le presentan el proyecto como la panacea, primero porque saben -sobre todo después de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declarara inconstitucional un proyecto similar – que no pasa ningún filtro de constitucionalidad, y segundo porque aún si intentara aplicar, sería inviable y se terminarían llenando las comisarias -en gran parte ya desbordadas de detenidos sin condena, y ocupando a la Policía santafesina en tareas penitenciarias que no le corresponde ejercer, con el perjuicio a la seguridad pública que esto traería aparejado».
En el momento de la discusión pública a mediados del último año, el ministro de Seguridad Raúl Lamberto había cerrado filas con la postura del titular de la cartera de Justicia Juan Lewis. «En Diputados se ha trabajado mucho en la reforma del Código Procesal Penal, se estudiaron los temas con dedicación. Así que no creo que estén dispuestos a modificar una postura que vienen sosteniendo desde que se aprobó el Código (en 2007)».
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-38561-2013-04-21.html
