El gobierno bonaerense modificará le ley de Excarcelaciones actualmente frenada en la Justicia, en busca de que la norma se ponga en vigencia. Y con ese fin, dispondrá algunos cambios a esa normativa que restringe la libertad de aquellos que sean detenidos con armas de fuego y tengan antecedentes penales.
Así lo anticipó ayer el gobernador Daniel Scioli tras un encuentro que mantuvo con funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad y familiares de víctimas de hechos delictivos. Según trascendió, el nuevo proyecto flexibilizaría algunos artículos que obligaban a los jueces a denegar la excarcelación.
“Buscamos con el Poder Legislativo actualizar la legislación vigente, para acorralar y encarcelar a aquellas personas que sean sorprendidas con armas de fuego y que tengan antecedentes. Que entren y no salgan”, indicó el mandatario.
Los cambios al proyecto de ley apuntan básicamente a atender los cuestionamientos formulados por la Suprema Corte que, como se sabe, dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma.
Así, no se obligaría al juez a denegar la excarcelación en todos los casos para evitar la “violación del principio de inocencia y limitar la crítica del magistrado”.
El proyecto sancionado en la Legislatura fue atacado en la Justicia por organismos de Derechos Humanos, que presentaron un planteo ante la Corte. El alto tribunal no se expidió sobre la constitucionalidad de la norma, pero dictó una medida cautelar que frenó su aplicación.
El texto limitaba las excarcelaciones en tres casos: cuando se portaran armas de fuego ilegalmente y existiera resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tuvieran antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados estuvieran gozando ya de una excarcelación anterior.
En lo que se define como una “política de control y restricción de acceso a las armas de fuego”, el gobierno de Daniel Scioli anunció además otras medidas apoyado en una serie de estadísticas oficiales que indican, por ejemplo, que en 2012 creció un 22% el uso de armas de fuego para la comisión de robos.
Pero además, el gobierno provincial asegura que creció un 10% el uso de armas de fuego en homicidios y que el año pasado hubo 765 casos de homicidios con armas.
OTRAS MEDIDAS
Estas reformas serán complementada con otras que tienen que ver con un fuerte control de la venta de armas, la regularización de las agencias de seguridad privadas y la aplicación de nuevas tecnologías que permiten identificar a que arma pertenece el proyectil.
En ese sentido, se obligará a los agentes judiciales a requerir los antecedentes penales de todos los aprehendidos o detenidos, que deberán acompañar el informe dactilar.
También se creará un Registro Provincial de todos los comercios dedicados a la venta de armas, que tendrán que identificar a cada comprador.
Además, cada usuario deberá realizar acto de toma de muestra de proyectil testigo por cada arma, de manera que los mismos sean archivados para futuros cotejos tendientes a determinar la autoría de delitos.
Scioli señaló que “como Estado, tenemos la obligación de buscar los mecanismos para desalentar a nuestra sociedad. Sin armas, hay paz, sin armas, no hay violencia, éstos son hechos totalmente repudiables”.
La batería de medidas contempla además una “regulación estricta” de la entrega de armas a agentes de empresas de seguridad con la confección de legajos, actas firmadas con entrega de armas y proyectiles y registro de armas y proyectiles en stock.
Otras medidas apuntan al secuestro de armas de fuego en casos de violencia de género y la destrucción inmediata de todo lo incautado.
