El encuentro está programado para el viernes 25, a las 13:30, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue. Hablamos con una de las integrantes del movimiento sobre acceso al Poder Judicial, los cambios que se necesitan y el paquete de leyes que debate el Congreso.

Stella Maris Martínez dijo, sobre Justicia Legítima, que “la idea es que sea un movimiento que no tenga ninguna distinción entre jueces, fiscales, defensores y trabajadores federales o provinciales. Y más amplio: que incluya abogados, académicos, juristas. Se está elaborando un estatuto que será presentado el 31 de mayo en La Plata, podrá ingresar cualquier persona que tenga interés en la administración de justicia”.

“La gente se siente lejos de la justicia, el vulnerable no se siente satisfecho, y tenemos que pensarlo entre todos: el ingreso democrático, la horizontalidad judicial, la rendición de cuentas… tenemos que ser un poder transparente, la gente tiene que entender desde los problemas que hay hasta los sacrificios que se hacen”.

“El concepto de rendición de cuentas –agregó- es una idea central en todo el movimiento de Justicia Legítima”.

Yo accedo, tú accedes, ellos no

-¿Y el acceso a la justicia?

-Es otro de los temas centrales. Tenemos una gran deuda en punto al acceso a la justicia. Tanto en derecho privado como público, en el derecho penal como en el civil.

“Nuestra justicia penal es altamente selectiva porque la policía lo es. Hay una mirada mucho más persistente sobre los sectores más desfavorecidos y es mucho más fácil que ellos entren en contacto con la justicia como autores de conductas ilícitas, pero no existe la misma respuesta de la justicia cuando son víctimas de un delito. El grueso de la inseguridad lo padecen los sectores más vulnerables, y no tienen respuesta. La gente no se siente contenida, escuchada, nadie le explica.

“Si esto pasa en penal ni le hablo de lo que ocurre en todo lo que son derechos económicos, sociales y culturales. Aquí el acceso a la justicia es claramente diferente si usted puede pagar un buen abogado a si pertenece a un barrio de emergencia. Allí la gente no conoce sus derechos ni las leyes que los favorecen.

“O las conocen pero no las entienden. Nuestras leyes se escriben en un lenguaje que no es para el pueblo.

“Y aunque conozcan y entiendan que tienen un derecho, no saben hacerlo valer. No hay una adecuada cobertura legal para que la persona pueda acceder a la justicia. Hay un montón de trabas, empazando por la distancia física. Hay lugares donde ir a reclamar justicia implica un traslado con una  cantidad de tiempo y dinero que esa persona no tiene. Desde ahí, hasta la imposibilidad de pagar un abogado. Esto tiene que estar en permanente revisión. El derecho tiene que ser ágil.

La democratización

-Justicia Legítima ha expresado una suerte de apoyo crítico al paquete de leyes que se está tratando en el Congreso.

“Nosotros reclamamos que no podemos hacer parches. Estos proyectos que ahora trabaja el Poder Ejecutivo, podemos estar o no de acuerdo, podemos tener una visión de apoyo crítico, pero no solucionan el fondo. El fondo es una reforma profunda del Código Procesal Penal y del Código Procesal Civil, y un cambio de mentalidad, de cultura de todo el sistema de administración de justicia”.

Sobre la tortura

-Usted dio también una charla sobre la tortura en Argentina.

“Por los 200 años de la Asamblea del año 13 lanzamos una Campaña Nacional contra la Tortura, que en nuestro país se la sigue utilizando.

“Se la utiliza en las comisarías como un método espurio e inútil de obtener información, y en comisarías y cárceles como método de disciplinamiento.

“El objetivo es poner el tema en discusión, llamar la atención sobre este problema, generar anticuerpos sociales, y exigir que haya castigo.

-Es lo que menos hay, sentencias condenatorias.

“Se conocen poquísimas condenas y la gente se desilusiona. A lo mejor un individuo, que suele ser de un sector vulnerable, hace una denuncia, y ve que no es recibida, que no se investiga bien, y todo termina con un sobreseimiento, entonces la próxima vez esa persona no va a hacer una denuncia. Esto, más allá de los casos de represalias contra los denunciantes.

“Jueces y fiscales tienen que tener una actitud más rígida, asumir que la tortura es un delito. Pero si no hay un repudio ético y social que haga sentir que los ciudadanos no quieren eso, es más difícil.

“Es una vergüenza que hayamos pasado lo que pasamos en la dictadura militar, y teniendo en este momento el ejemplo de las causas de lesa humanidad, en nuestro país siga habiendo tortura. Así como somos modelo en otras cosas, también tenemos que serlo en esta”.