Luego de mantener, por la mañana, un encuentro con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Héctor Negri, el gobernador Daniel Scioli volvió ayer a pedir el tratamiento del nuevo proyecto que enviará a la Legislatura para reformar, y endurecer, el régimen de excarcelaciones.
El mandatario renovó ese mensaje tras supervisar el operativo denominado “Torres Blancas”, mediante el cual se secuestraron 30 kilos de cocaína y se detuvo a ocho personas.
En declaraciones a la prensa, Scioli volvió a insistir hoy con la puesta en marcha de la ley que limita las excarcelaciones, y que el sciolismo reimpulsará en la Legislatura luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense suspendiera la norma original al cuestionar algunos de sus puntos.
El gobernador bonaerense calificó en ese marco como una “necesidad operativa” la sanción del nuevo proyecto de excarcelaciones, y auguró un “intenso tratamiento” en las cámaras parlamentarias.
En ese marco, destacó que por la mañana mantuvo una “reunión de trabajo con el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y el flamante presidente de la Suprema Corte, Héctor Negri”, en la que, dijo, “se abordó el tema de la Ley orientado al desarme y a sacarles las armas a los delincuentes”.
Scioli había anunciado días atrás que insistirá con una reforma al régimen de excarcelaciones y que enviará un proyecto con modificaciones tras el rechazo de la Corte. Según trascendió, el Ejecutivo corregirá términos contenidos en el proyecto original y que, de acuerdo a quienes impugnaron la norma, tornaban inconstitucional es los cambios aplicados al artículo 171 del Código Penal.
RESISTENCIAS
La ley original fue ampliamente resistida desde el principio por algunos sectores allegados al Gobierno nacional y organismos de Derechos Humanos, que cuestionaban la “inconstitucionalidad” de algunos de los artículos de la reforma enviada por el gobierno sciolista.
La norma limitaba las excarcelaciones en tres casos: cuando se portaran armas de fuego ilegalmente y existiera resistencia a un procedimiento por parte de una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tuvieran antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados estuvieran gozando de una excarcelación anterior.
No obstante, tras su aprobación en la Legislatura, la norma fue suspendida por el máximo tribunal bonaerense, que el 27 de febrero señaló que “sus disposiciones resultan contrarias a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales de rango constitucional”.
