xiste un amplio consenso en la actualidad en favor de la modernización y mejoramiento del Poder Judicial y ello hace que el debate público sobre el estado de la Justicia y su reforma deba ser bien recibido. Claro que para quienes nada hay que cambiar porque todo va viento en popa esta discusión carece de sentido. Convencido de lo contrario, resulta necesario reivindicar todos los escenarios que favorezcan un debate público, abierto, horizontal y plural sobre la «democratización de la Justicia», expresión de uso frecuente en estos últimos días (tanto positiva como negativamente) pero que en verdad reconoce antiguos desarrollos y preocupaciones, como ocurriera en los albores de la democracia recuperada, con el gobierno de Raúl Alfonsín.
Dada la tendencia maniqueísta a la que desde algunos sectores suele apelarse en esta particular y tan dinámica coyuntura, me parece oportuno aclarar, para que nadie se asuste pero también para que nadie manipule la cuestión y con ello a los ciudadanos, que este no es un debate en torno a la elección popular de los jueces (sistema propio de algunos Estados de los EEUU); tampoco es un debate en contra de nadie, ni mucho menos implica dejar de reconocer todo lo positivo que ha pasado en la Justicia en estos últimos años, en particular la transparente renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en el plano jurisdiccional, la relevante doctrina constitucional que la Corte nacional ha sentado en diversas materias y que constituyen un avance significativo; se trata de generar un espacio para reflexionar, debatir y discutir propuestas que permitan fortalecer y mejorar la legitimidad de origen y especialmente la legitimidad de ejercicio de un poder cuyo adecuado funcionamiento resulta indispensable para la democracia.
Hace unos días me preguntaba un periodista si el Poder Judicial debía reconciliarse con los ciudadanos y la respuesta fue que en verdad no estaba en condiciones de asegurar si alguna vez hubo conciliación. Es que hemos heredado un modelo de Poder Judicial estructurado a través de una burocracia jerárquica, y todavía persiste, entre nosotros, esa matriz burocrática, si se quiere conservadora y relativamente cerrada. Y este es un dato estructural que no va en desmedro del esfuerzo y la actitud de muchos jueces y funcionarios que hacen honor a su responsabilidad. Pero globalmente es necesario asumir la necesidad de superar la desconexión entre una organización y sus prácticas jurídicas y las reales demandas sociales.
Es cierto que hay realidades diversas entre la Justicia federal y las provinciales y entre éstas, pero hay un núcleo de problemas comunes que atraviesan cualquier jurisdicción y que tiene que ver precisamente con esta matriz estructural que se proyecta en ciertas prácticas y comportamientos, en problemas de apertura, accesibilidad, independencia y transparencia de los actos de poder que el Judicial produce. No está demás señalar que los actos del Poder Judicial son actos de un poder del Estado y como tal actos políticos, no en el sentido partidario pero sí en el sentido de actos de gobierno, porque emanan de un poder que integra el gobierno de la polis.
Democratizar la Justicia es una expresión ambiciosa y creo que entre todos debemos darle contenido concreto.
No se agota en la discusión sobre los proyectos que, mayoritariamente destinados al fuero federal y no a las provincias, alimentan hoy la discusión pública. Sobre ellos sólo me permito una discreción metodológica. Es que para discutirlos, primero hay que leerlos porque suelen escucharse afirmaciones, supuestamente calificadas, tan groseramente erróneas que sólo cabe suponer un total desconocimiento de los textos en cuestión. Lamentablemente, la puja política partidaria reduce toda posibilidad de discusión racional, en tanto de un lado el análisis de las propuestas se sustituye por la descalificación hacia quien las sostiene; y del otro, se condiciona temporalmente el tratamiento, evitando una discusión seria sobre iniciativas de significación institucional.
Pero, volviendo a la cuestión, democratizar la Justicia supone rediscutir y fortalecer el alcance de la garantía de independencia en el sentido más amplio y no sólo hacia los otros poderes, hacia los poderes fácticos o los lobbies de algunos estudios, sino también hacia adentro de la propia estructura burocrática y también contra la dependencia que genera la delegación de funciones y las prácticas rutinarias y en el fuero penal la dependencia de la policía que fiscales y los todavía jueces de instrucción tienen en la investigación y construcción de los casos criminales; significa horizontalizar a los jueces porque ese es el modelo que impone la Constitución (que distingue competencias y no jerarquías), pero evitar que se neutralice corporativamente la responsabilidad funcional, porque una cosa es la independencia y otra la responsabilidad por lo que cada uno hace; favorecer el acceso amplio a la Justicia fortaleciendo la justicia de cercanía o comunitaria, porque para tener justicia primero hay que acceder a ella; asegurar el derecho de las víctimas y los justiciables, lo cual no es posible cuando la justicia nunca llega o llega demasiado tarde o cuando el derecho termina identificándose con un «abuso cautelar» del proceso, postergando indefinidamente la solución de fondo; erradicar la selectividad estructural del sistema de Justicia penal y neutralizar el abuso de prisión preventiva y las penas sin juicio y sin condena y evitar o reducir la impunidad; y, especialmente, transparentar los compromisos y el funcionamiento del Poder Judicial (lo que entre cosas supone desterrar en todos lo fueros y competencias la cultura del trámite y la escritura e implantar un sistema de audiencias públicas y orales) y pensar en mecanismos de control ciudadano, porque no basta con garantizar mecanismos transparentes de ingreso, la actividad judicial debe también validarse en su ejercicio.
Como puede verse en esta lineal e incompleta enumeración, algunas de estas cuestiones deben articularse con los otros poderes del Estado y otras no. En Santa Fe se ha avanzado en varios de estos postulados pero debemos profundizar y acelerar otros cambios (la implementación del nuevo sistema de justicia penal contribuirá a la democratización).
Pero cuidado, porque las transformaciones estratégicas dependen siempre de un cambio de mentalidad y de actitud y la democratización implica romper con culturas consolidadas a lo largo de muchos años que son la derivación de esa matriz burocrática y conservadora a la que me he referido. Debemos mirarnos críticamente hacia adentro para revisar esas prácticas y culturas, no perder jamás la sensibilidad frente a los conflictos y las violaciones de derechos, ni el contacto con la gente; debemos asumir con humildad y responsabilidad nuestra función y evitar perder el sentido común. Debemos desterrar una cultura que muchas veces supone aceptar como algo «natural» situaciones que cualquier persona con un mínimo de racionalidad juzgaría como inaceptables.
Como puede verse, hay mucho por hacer, pero lo importante es haber comenzado a transitar el camino. Por ello debemos reivindicar un espacio democrático y plural como el que propone el reciente movimiento de Justicia Legítima y garantizar la mayor apertura, sin condicionamiento alguno, sin jerarquías, ni competencias, porque los integrantes del Poder Judicial no debemos tener miedo al debate, no debemos temerle a la confrontación de ideas, sólo debemos apelar a que se haga seria y responsablemente.
Y como espacio democrático y plural debemos priorizar el debate y admitir el disenso porque no necesariamente vamos a estar de acuerdo en todos los puntos, las comas o las propuestas de solución.
Nos alcanza con reconocer que no estamos de acuerdo con el quietismo, que no estamos dispuestos a resignarnos ante el status quo, que vamos a apoyar y a alimentar con nuestra mirada la necesidad de una discusión política abierta que permita repensar la matriz del Poder Judicial, por fuera de cualquier coyuntura, y que estamos dispuestos a mirarnos hacia adentro pero también, y como dijera recientemente el Papa Francisco, a abrirnos a la sociedad porque una organización que se cierra, a la larga o a la corta, se envicia en la atmósfera de su propio encierro.
(*) Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Ex decano de la Facultad de Derecho de la UNR y profesor universitario
http://www.lacapital.com.ar/opinion/Democratizacion-de-la-Justicia-20130426-0013.html
