Internos del pabellón B de la alcaidía de Jefatura quemaron colchones ayer al mediodía, un día después de que fuera asesinado allí un preso de 19 años. El incidente se inició cuando los reclusos se enteraron de que sus familiares no podrían entrar a verlos porque el juez que investiga el crimen los había incomunicado a todos. El principio de incendio fue rápidamente controlado y la protesta, que tuvo como correlato un corte de la avenida Francia por parte de los visitantes que no pudieron ingresar, finalizó sobre las 15 sin que se registraran lesionados.
A menos de un mes del incendio intencional en el que murieron tres detenidos, el miércoles a la tarde fue asesinado Edgardo Olivera, un joven de 19 años que cumplía una condena por robo calificado y fue apuñalado por la espalda en el pabellón B. Entonces el juez de Instrucción Javier Beltramone, en el marco de la investigación del crimen, imputó a 46 reclusos y ordenó que quedaran incomunicados hasta que sean indagados, a partir de hoy.
Pero la medida judicial, tendiente a deslindar responsabilidades entre los internos del pabellón donde se cometió el homicidio, fue recibida con gran preocupación por los familiares de los internos de ese pabellón, que no sabían cómo se encontraban sus familiares en el marco de una situación crítica como la ocurrida el miércoles.
Angustia y fuego. Las visitas en la alcaidía de Jefatura son los martes y jueves para las madres, esposas e hijos pequeños, y los sábados para los allegados varones. En general, como se organizan por turnos, muchas mujeres suelen ir a la madrugada a sacar un número que les permita ingresar lo antes posible.
Así, y en virtud de la incomunicación dictada por Beltramone, ayer podían pasar todos los visitantes menos quienes tenían a sus familiares recluidos en el pabellón B. Esto originó una protesta en ese sector, donde algunos internos quemaron colchones. El humo que salía del pabellón incrementó el malestar y la angustia de las mujeres que no podían ingresar y que decidieron interrumpir el tránsito quemando algunas cubiertas.
«Los mojaron, les pegaron, qué no les hicieron», se indignaba pasadas las 14 una joven totalmente convencida de algo de lo que en realidad no sabía nada. «Nos dicen que están bien, pero es todo mentira», agregaba otra muchacha sin el menor atisbo de fe en las instituciones: «Necesitamos ver para creer».
Charla. Los rumores que se alimentaban de la incertidumbre comenzaron a apaciguarse minutos después de las 15, cuando un funcionario policial se acercó a la puerta de alcaidía para comunicarles a las mujeres que, si bien no podrían visitar a sus familiares, sí podrían dejarles comida. El uniformado les aseguró que los reclusos estaban bien y que habían sido entrevistados «uno por uno» por representantes de la Defensoría General y de organismos de derechos humanos. Sin embargo, no podía hacer nada para que pudieran recibir visitas ya que había una orden judicial que lo impedía.
Luego de recibir la información algunas mujeres atinaron a pedir «mejores tratos» para sus familiares, en un diálogo catártico que decía mucho del sistema penitenciario provincial. «Señora, si ellos cuidaran las instalaciones esto sería un hotel cinco estrellas comparado con una comisaría, pero ¿sabe lo que hacen con las mesas? Chuzas del tamaño de un sable», comentaba un funcionario. «Les echás la culpa a los chicos pero adentro les venden alcohol, falopa, de todo», murmuró como respuesta una muchacha con un bebé en brazos.
«Anoche pedían 600 pesos para trasladarlos», aportaba otra mujer. «Acá te cobran todo. Si quiero hacer pasar un celular a mi hijo tengo que pagar 80 pesos», explicaba un hombre mientras se multiplicaban denuncias que el funcionario de marras no podía más que atajar a título personal. «Yo requiso todo, señora. Y a veces encontramos cada cosa».
La charla terminó cordialmente cuando una señora preguntó si podrían pasar al menos «un par de madres» para ver cómo estaban los internos. «Es que muchas no tenemos a nadie que venga los sábados y no vamos a saber nada de ellos hasta el martes», justificó el pedido que el uniformado prometió intentar aclarando que todo dependía de la voluntad del juez.
Las mujeres dejaron la ropa y comida que habían llevado para sus familiarse y se fueron retirando antes de que cayera el sol.
Conflictivo. La circulación de bienes e influencias prohibidas en los penales no es algo folclórico sino un disparador de crisis. Y al parecer no escapa a esta lógica la alcaidía en la que murieron cuatro presos en el último mes. En este marco, el pabellón B es considerado el más conflictivo al punto que si bien tiene capacidad para 100 internos sólo hay 60.
«Podemos decir que en el pabellón B siempre han existido conflictos. Desde hace tiempo recibimos denuncias no formales contra la manera en que se maneja el personal en cuanto al pedido de dádivas, lo cual genera conflictos entre los internos que son cosa de todos los días aunque suelen trascender en estas circunstancias», decía ayer al mediodía Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), para agregar: «Obviamente estas denuncias nunca se materializan en Tribunales porque nadie se va a animar a hacerlo, pero ya hemos planteado en distintas ocasiones la necesidad de mayor control en ese pabellón para evitar este tipo de situaciones».
