A través de un comunicado la población carcelaria dio a conocer que decidieron terminar con la medida de fuerza a la espera de que pronto se designe a un fiscal de ejecución de condenas. En el escrito resaltaron el reclamo pacífico que realizaron y cuestionaron al servicio Penitenciario. Pidieron presencia judicial que agilice trámites dentro de la Unidad Penal.
Luego de más de dos semanas de huelga de hambre, los internos de la Unidad Penal Nº1 decidieron poner fin a la medida que sostenían para reclamar la agilización en expedientes judiciales.
A través de un comunicado de prensa, la población carcelaria dio a conocer la noticia.
“Hoy, por nuestra salud deteriorada, por nuestros familiares, y para seguir marcando un camino de reclamo pacífico pero cierto, levantamos la medida de huelga de hambre y esperamos que las autoridades se pongan, sin más dilaciones ni falsas promesas, a la altura del reclamo y avancen con las soluciones, que están a la mano», reza la misiva que fue enviado a este medio.
En ella también explican cómo se dieron las negociaciones con funcionarios del gobierno, cuestionaron el servicio penitenciario y ex-presaron sus deseos.
“Informamos que tras 14 días de huelga de hambre, entendemos que hemos cumplido con nuestra parte. En estos 14 días hemos generado con nuestra protesta pacífica, el debate de todos los poderes del estado alrededor de temas que tenían «cajoneados”, olvidados, postergados y que nos hemos visto en la necesidad de ponerlos en evidencia. Ha quedado perfectamente claro por parte de todos los actores (legisladores, funcionarios de gobierno y poder judicial) que nuestros reclamos son legítimos y de larga data. (de las demoras y del desmanejo penitenciario, hasta se dio cuenta la jueza de ejecución que no fue notificada debidamente de la modalidad y cuantos internos a su cargo y bajo la custodia del servicio penitenciario, estábamos en huelga)”.
“Reclamamos por la demora en la tramitación de nuestros pedidos y beneficios, la que puede extenderse por períodos de más de un año. Hicimos visible ante la opinión pública y ante los poderes del estado que las soluciones están a la mano, y desde hace años. El cargo de Defensor y Fiscal de Ejecu-ción fue creado por ley 5781 del año 2007. Nuestros legisladores y gobernantes nunca se hicieron de tiempo y de ganas para incorporar estas figuras en los respectivos presupuestos anuales de los últimos seis años.
Desde hace 15 meses está el llamado a concurso para cubrir estos cargos en el Consejo de la Magistratura”.
“Por tercera vez en cinco años está en tratamiento parlamentario la figura del Procurador Penitenciario, que es la persona encargada de proteger los derechos de los presos, velando por una adecuada implementación de los mecanismos de reinserción que ayudan a que el detenido internalice la conducta que deberá seguir una vez que recupere la libertad”.
“Ya que estos temas son a largo plazo surgieron también propuestas alternativas, a corto plazo: planteamos que lo que en realidad necesitamos es una presencia judicial que agilice y acerque a la justicia dentro de la Unidad Penal. Se llame Secretaria, se llamen Delegados penitenciarios, sean funcionarios de la defensoría o del cuerpo social forense, que ocupen oficinas del penal y nos atiendan allí, para agilizar y para monitorear el funcionamiento del gabinete criminológico y el área social, etc».
«Las herramientas existen, hay propuestas a mediano y a corto plazo. Estos 14 días han servido precisamente para hacer visible ante la sociedad que aquellas instituciones y funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de las leyes, son quienes en su caso están incumpliendo con las normas del debido proceso y las garantías de defensa, amparados por derechos constitucionales y por convenciones internacionales», finaliza el escrito.
