La grave situación que padecen los detenidos en las cárceles argentinas, ha sido cuestionada por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
IRINA SANTESTEBAN
El pasado 31 de enero se cumplieron doscientos años de la apertura de la primera Asamblea Constituyente de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. En aquel momento de nuestra historia, los patriotas veían la necesidad de dictar una Constitución, y aunque en ese momento no se logró ese objetivo, sí se fijaron normas republicanas de indudable avance democrático y de respeto a los derechos humanos. Las más conocidas son las que impusieron la supresión de los títulos de nobleza y la abolición de los instrumentos de tortura, que fueron quemados públicamente, como una muestra de la sociedad que se pretendía construir.
Sin embargo, dos siglos después, el fiscal Abel Córdoba, titular de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, viene recorriendo diferentes establecimientos penitenciarios y recabando denuncias de los presos que allí se encuentran, constatando la práctica de torturas y malos tratos, incompatibles con una sociedad democrática.
A pesar que la Argentina ratificó en 2007 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, las denuncias de vejámenes en muchas cárceles y comisarías, son frecuentes en casi todo el territorio nacional. Además, no se ha reglamentado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como lo ha reconocido el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien dijo que se encontraba trabajando en esa reglamentación, y que la misma iba a estar lista a fines de año.
Cárcel trágica.
La Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, conocida como el «penal de San Martín», por el barrio donde se encuentra ubicado, tiene una trágica historia, pues durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983, fue escenario de fusilamientos encubiertos bajo la llamada «ley de fugas», así como torturas y asesinatos de presos políticos. Por ello, en 2011 se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, el juicio por los fusilamientos de 31 presos políticos, y fueron condenados 23 militares por esos crímenes.
Más cerca en el tiempo, en febrero de 2005, esta cárcel fue escenario de un cruento motín, que dejó un total de ocho muertos, entre presos, penitenciarios y policías. Durante más de 24 horas los reclusos ocuparon la unidad penitenciaria y tomaron de rehenes a los guardias, incluso hubo un intento de fuga que fue impedido a los tiros por la policía, que había ocupado los alrededores de la cárcel. Luego, en el juicio que se desarrolló por ese motín, se pudo conocer que todo había estallado por el maltrato de los agentes penitenciarios a familiares de los presos, en día de visita, lo que provocó la furia de los detenidos, potenciada por una cárcel con superpoblación y constantes vejaciones.
Estaqueados con cadenas.
Ahora nuevamente la cárcel de San Martín de Córdoba es noticia por castigos y malos tratos contra los detenidos. El titular de la Procuraduría sobre Violencia Institucional, Abel Córdoba, inspeccionó ese establecimiento penitenciario, para conversar con los presos, donde encontró y secuestró elementos de castigo, como cadenas que eran utilizadas para estaquear a los presos.
Lo llamativo fue la reacción de las autoridades provinciales, en la persona de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayep, quien en lugar de anunciar una profunda investigación para conocer la verdad sobre las denuncias de los presos, se quejó por una supuesta «intromisión» de las autoridades nacionales en «su» jurisdicción.
El ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Miguel Baronetto, ex preso político y cuya esposa, Juana González, fue una de las víctimas de los fusilamientos en esa Unidad Penitenciaria en 1976, expresó que el gobierno provincial «ataca al mensajero» en lugar de atender la gravísima situación de los detenidos, tanto en las cárceles como en las comisarías. Baronetto es un activo defensor de los derechos humanos y como funcionario municipal receptaba las denuncias de los presos y familiares, por los malos tratos en los establecimientos carcelarios de Córdoba.
Desconocimiento.
La ministra Chayep demostró un absoluto desconocimiento de las facultades de los titulares de las Procuradurías que fueron creadas por Alejandra Gils Carbó, con el claro objetivo de investigar y perseguir delitos complejos, como el lavado de dinero, el narcotráfico o la trata de personas. La violencia institucional, esto es, aquella que es cometida por funcionarios públicos o en ámbitos de control del Estado, es otra de las funciones que tienen estas fiscalías especiales, y es en uso de esas atribuciones que Abel Córdoba se encontraba visitando distintas cárceles de nuestro país. Así lo había hecho en Chaco y Mendoza, antes de llegar a Córdoba, donde luego de visitar la UP 1, por orden de la ministra, no le fue permitido el ingreso a la cárcel de Bower, ubicada a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. En esa prisión hace algunos meses, un detenido denunció haber sido torturado con picana eléctrica, encerrado adentro de un horno, y otros vejámenes.
Mala nota.
A pesar del reconocimiento internacional que tiene Argentina por el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, no sucede lo mismo respecto a la situación de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios y de detención de personas en comisarías.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky, es una de las instituciones que más ha denunciado las terribles condiciones en que se encuentran los detenidos en los establecimientos penitenciarios, así como la impunidad de funcionarios policiales que propinan malos tratos y torturas a los presos.
En octubre del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por lo que definió como «grave situación de las personas privadas de libertad en Argentina, en particular la falta de investigación y sanción de las prácticas de tortura y malos tratos, así como las deficiencias estructurales en materia de condiciones de detención».
El Consejo destacó los aspectos positivos en Argentina, como los avances en el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar; la Ley de Migraciones; y la despenalización de las calumnias e injurias para las expresiones sobre temas de interés público. También reconoció otros progresos en materia de políticas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, pero expresó su preocupación por la prolongación de situaciones en cárceles y comisarías, en cuanto a la práctica difundida entre las fuerzas de seguridad, de malos tratos y vejámenes, y recomendó a la Argentina la asunción de medidas efectivas para evitar esas prácticas y castigar a quienes las autoricen.
