La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) se sumaron hoy a la petición que hizo ayer la ONU al gobierno mexicano para esclarecer y sancionar a los responsables del multihomicidio y fuga masiva de internos del penal de Apodaca, Nuevo León, registrado el pasado lunes 20.
A través de un comunicado de prensa, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, exigió al gobierno de Felipe Calderón garantizar que los responsables, “incluidas autoridades penitenciaras”, sean “llevados ante justicia” y pidió tomar las medidas necesarias para que evitar que se repitan hechos como los sucedidos en la prisión de Apodaca, en la que perdieron la vida 44 reos y 30 más se evadieron.
Recordó que la masacre en Apodaca ocurrió apenas unos días después otro hecho sangriento registrado en el penal de Altamira, Tamaulipas, donde 31 internos fueron asesinados y 13 más resultaron heridos durante un enfrentamiento. Ese incidente ocurrió el pasado 4 de enero.
En adición a esa petición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) exhortaron al gobierno calderonista a actuar con imparcialidad en las investigaciones sobre esos sucesos, así como apegarse a parámetros internacionales de derechos humanos para los internos de los centros penitenciarios.
La CIDH recordó en un comunicado que no es la primera ocasión en la que manifiesta su preocupación por la violencia en las cárceles mexicanas, sobre todo durante el gobierno de Calderón, impulsor de la “guerra contra el narcotráfico”.
El organismo regional resaltó que en hechos similares notificó a México su preocupación por la muerte violenta de 23 internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, de la ciudad de Durango, hechos ocurridos el 20 de enero de 2010, y por los homicidios de 17 personas en el Cereso de Ciudad Juárez, el 25 de julio de 2011. En ambos casos, la CIDH envió sendos comunicados.
La CIDH recordó al gobierno de Calderón su responsabilidad como garante “de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, su gobierno está obligado a “adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los reclusos”.
Se agrega que “los Estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente. El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.
Como Estado integrante de la OEA, México tiene “la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes que se encuentran bajo su custodia”, dichas indagatorias, no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran tener algún grado de responsabilidad”.
Amnistía Internacional resaltó por su lado que a la masacre de los 44 reos de Apodaca se suma el asesinato de 3 internos del penal de Topo Chico, también ubicado en Nuevo León.
La organización con sede en Londres, Inglaterra, consideró “esencial que la investigación esclarezca la verdad sobre lo ocurrido y asegure el derecho de los familiares a información y justicia”.
A este llamado, AI recordó el “deber y obligación” de las autoridades gubernamentales de “garantizar que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios mantengan un adecuado nivel de seguridad y respeto a las integridad de los reclusos de conformidad con los estándares internacionales en materia de condiciones de reclusión, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de Naciones Unidas”.
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