La disputa por la provisoriamente suspendida reforma en la investigación penal preparatoria comenzó dentro del Poder Judicial, y tuvo réplicas en la Legislatura. Sin embargo, según altas fuentes del oficialismo, el conflicto sólo se dirimirá tras la intervención de «la otra pata» del Estado: el Poder Ejecutivo (PE).

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT),Antonio Estofán, le pidió al parlamento que priorizara la confirmación de sus representantes en la comisión interpoderes que estudiará una eventual reforma del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Tras esto, Regino Amado, titular subrogante del cuerpo colegiado, adelantó que la nómina sería oficializada ayer.

Sin embargo, el listado no fue elevado. Y el dirigente monterizo, que viajó a Brasil en una misión oficial junto a otros legisladores, regresaría la semana próxima. Con este panorama, fuentes de la Cámara indicaron que «por ahora no habrá novedades» respecto del comité interpoderes. De hecho, los informantes aclararon que la conformación de ese equipo de trabajo se consumará sólo si el gobernador, José Alperovich, así lo dispone.

La disputa entre Estofán y los parlamentarios se originó a raíz del plan piloto que pretende implementar el titular de la Corte, a través de acordadas, en los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros. El programa, que contempla cambios en la investigación penal preparatoria, debía aplicarse en abril en «La perla del sur», pero el alto tribunal lo suspendió debido a tres planteos de amparo que cuestionan su constitucionalidad.

Las causas recayeron en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya recibió las contestaciones del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, y de Estofán respecto a los conceptos de los amparistas Nicolás Brito (abogado penalista y asesor del legislador peronista José Teri); y Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete (defensores oficiales del sur). La Justicia debe resolver, entre otros puntos, si hace falta una ley o alcanza con las acordadas de la CSJT para implementar el plan piloto.

Réplica 

Ayer, LA GACETA publicó una entrevista con Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). «La oposición al cambio en la Justicia penal responde a una visión leguleya y curialesca», apuntó el experto. Y agregó que las críticas obedecen a «internas» que carecen de una preocupación genuina por la administración de Justicia.

Este diario consultó sobre el tema a legisladores del oficialismo, pero ninguno quiso retrucar al letrado. Sí lo hizo el amparista Brito. «Hablar de lo curial recuerda a los primeros tribunales curiales, que eran los que entendían en negocios o negociados. El doctor Binder sabrá a qué se está refiriendo, porque es quien sacó a la luz un aspecto económico», afirmó el penalista.

Ante una consulta de LA GACETA, fuentes del Inecip habían indicado que la CSJT abonó dos cuotas de $ 41.000 al organismo que preside Binder. El monto total a pagar por el servicio de consultoría, indicaron los informantes, es de $ 124.000 (más gastos de viático y de traslado).

Brito aseguró que esas cifras revelan «que hay un valor económico detrás de todo esto». Además, cuestionó el diseño del plan. «(Binder) defiende una postura entestada para cubrir una falacia que conoce perfectamente, porque anda por todos los rincones tratando de vender este proyecto», expresó Brito. Y criticó los demás términos que utilizó el experto contra quienes reprochan el programa. «Me permito decirle al doctor Binder que leguleyo es aquel que pretende prescindir de las formas; y eso es lo que busca con este adefesio jurídico y anticonstitucional», aseveró el asesor de Teri.

A la vez, aseguró que su cargo como adscripto en el parlamento lo llevó a realizar este planteo contra el plan piloto. «Lo hago por la defensa de la Constitución y de las leyes. Estoy en un poder que tiene un compromiso por las normas, que deben ser respetadas», señaló Brito.

Fernández debutó como gobernador

Vacancias por licencia. Viajes para cerrar convenios. Misiones oficiales. Ayer, por estas circunstancias, el manejo del Poder Ejecutivo (PE) recayó, durante algunas horas, en manos del vicepresidente segundo de la Legislatura, Manuel «Manolo» Fernández.

El parlamentario oficialista hizo su debut como gobernador interino hasta la tarde de ayer, cuando el gobernador, José Alperovich, regresó a estas tierras. Fernández volvería a ocupar ese cargo el fin de semana, también por una serie de ausencias.

Alperovich había viajado a Buenos Aires para firmar la segunda etapa del convenio nacional de obras «Más Cerca», que implica unos $ 370 millones.

El vicegobernador electo, Juan Manzur, tomó licencia en 2009 para asumir como ministro de Salud de la Nación, por pedido de la presidenta, Cristina Fernández. Quien lo reemplaza en sus funciones es, por ley, el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado (ante la ausencia de Manzur, quedó como titular de la Cámara). Pero el legislador monterizo viajó junto a una comitiva de parlamentarios rumbo a Brasil, en misión oficial, y regresaría el próximo domingo.

En el orden de sucesión debería aparecer ArmandoCortalezzi, vicepresidente primero, pero el legislador tomó licencia el año pasado para asumir como titular de la Caja Popular de Ahorros. Como no se ha designado un reemplazante para Cortalezzi en la mesa directiva, el titular del PE, ayer, fue Fernández. Según fuentes oficiales, Alperovich volvería a viajar a Buenos Aires el fin de semana para participar de los actos del 25 de Mayo con la Presidenta. Así, «Manolo» estará a cargo del PE durante los festejos patrios.

http://www.lagaceta.com.ar/nota/545503/politica/confrontan-corte-pero-esperan-guino-alperovich.html