En menos de un año, seis chicos de entre 11 y 17 años fueron asesinados a tiros en La Plata. Murieron en situaciones confusas o en tiroteos en los que participó la policía. Eran chicos vulnerables, con escasa o nula asistencia del Estado y con antecedentes delictivos. Esa seguidilla de crímenes derivó ayer en una presentación ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense realizada por el defensor oficial de Menores N° 16 de La Plata, Julián Axat. El funcionario pidió que se investigue la responsabilidad de los organismos encargados de Niñez y Adolescencia por el presunto delito de abandono de persona y a la Policía Bonaerense y a la justicia provincial por el «bajo estándar investigativo» y su consecuencia en «el efecto ‘impunidad’ en los casos de crímenes de niños». También solicitó que se aparte a la policía de la investigación de esos seis homicidios.
El defensor aseguró que esa cadena de crímenes cometidos en presuntas situaciones delictivas «demuestran una trama sospechosa», y advirtió que su nula o escasa investigación «dejaría el clima propicio para la ‘eliminación social'».
El extenso expediente fue presentado ante la Corte y la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia.
Axat recopila los asesinatos a tiros de Rodrigo Simonetti, de once años, cometido el 6 de junio del año pasado; y los de Maximiliano De León, de 14; Franco Quintana, de 16; Rubén Omar Cigarán, de 17; y de Vladimir Matías Garay, de 16, muerto por un disparo en la espalda el domingo en el Hospital de Niños.
«Los crímenes de niños y adolescentes ocurridos en La Plata durante el breve lapso 2012-2013, demuestran una trama sospechosa», explica Axat en su denuncia. Y continúa: «Todos ellos ocurrieron en situaciones violentas, extrañas y confusas; con posterior tratamiento policial-judicial de nulo o bajo estándar investigativo; lo que dejaría clima propicio para la ‘eliminación social’. Pues al tratarse de homicidios de niños-adolescentes con frondosos prontuarios, y pertenecientes a los estratos más marginales, su impunidad posterior se convierte en un mensaje social que no evita su repetición.»
El tema fue analizado el lunes durante el Plenario contra la Violencia Institucional que se realizó en la Facultad de Periodismo de la UNLP. Allí Axat explicó que esas muertes contienen «patrones de violencia institucional gravísimos», que ayer fueron incorporadas en la presentación.
Esos factores son que las víctimas poseían antecedentes en la Justicia Penal Juvenil; en todos los casos fallaron los mecanismos de contención de las áreas de Niñez y Adolescencia bonaerense; y todos los chicos habían padecido el circuito de ingresos a seccionales policiales, permanencia en las comisarías y traslados a los servicios de protección.
También destacó que los niños y adolescentes muertos son oriundos de Villa Elvira y Tolosa, ambas zonas periféricas de la ciudad y tenían sus derechos básicos vulnerados.
Quizá, el más importante de esos patrones es el que vincula a estos casos con el de Luciano Arruga: la mayoría de los chicos habían denunciado hostigamiento y persecución policial. En la mayor parte de las causas abiertas por las muertes no hubo avances significativos y la investigación quedó en manos de la propia policía sospechada. Por ese factor común, Axat también pidió, junto al padre de una víctima, el apartamiento de la Bonaerense de la investigación.
La gota que rebalsó el vaso y motivó la denuncia fue el asesinato de Badimir Garay, quien fue abandonado el domingo en la puerta del Hospital de Niños platense con un tiro en la espalda. «
cronología de los seis homicidios
En su presentación ente la Suprema Corte, Axat aportó la cronología de asesinatos por arma de fuego cometidos en los últimos once meses.
La saga trágica comenzó el 6 de junio de 2012 con un asesinato brutal: el de Rodrigo Simonetti, de once años, a quien hallaron sin vida en un pasillo cercano a 526 y 15, en Tolosa, donde tiene jurisdicción la Comisaría 6ª de La Plata.
La secuencia continuó con el homicidio de Maximiliano De León, de 14 años, el 1 de agosto del año pasado. El chico registraba 22 entradas en comisarías y fue ultimado cuando supuestamente intentó entrar a robar la casa de un policía administrativo. Esa muerte derivó en una denuncia penal por «abandono de persona» contra funcionarios de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.
El 27 de diciembre pasado fue asesinado Franco Quintana, de 16 años. Fue durante un asalto en un pizzería de 13 y 32, en el casco céntrico de la ciudad. El adolescente había estado alojado en institutos cerrados de menores acusados por el crimen del ingeniero Fabián Enrique Esquivel, cometido en 2011 cuando ese empleado de la Agencia de Seguridad Vial fue abordado al salir de su casa de 15 bis entre 529 y 530.
El 14 de febrero con el homicidio de Omar Cigarán, de 17 años, cuando el joven, según la versión policial, intentó robarle en 122 y 43 la moto a un policía de civil. Otro agente le disparó.
Trece días después, Axel Lucero, de 16, fue ultimado en un presunto intento de robo similar ocurrido en 7 y 80, pero esta vez fue el policía dueño de la moto el que gatilló.
El último caso fue el homicidio de Bladimir Garay, de 16 años, cometido el domingo tras un supuesto raid delictivo. El chico fue abandonado en la puerta del Hospital de Niños donde murió. Tenía un tiro en la espalda. Garay había sido varias veces asistido por las Defensorías Penales Juveniles de La Plata, con intervención de tratamientos a cargo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.
