Abel Córdoba había interpuesto el recurso a favor de cinco presos de la cárcel de barrio San Martín. Los jueces de Ejecución entendieron que no existía un agravamiento ilegítimo en las condiciones de encierro. Por otra vía, la Justicia federal ya ordenó medidas para investigar los supuestos vejámenes y malos tratos en la penitenciaría.
La Justicia provincial rechazó cinco hábeas corpus que habían sido interpuestos por el Procurador de la Nación contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, luego de la inspección que realizó en la penitenciaría de barrio San Martín.
Las resoluciones fueron adoptadas por dos de los tres jueces de Ejecución Penal con que cuenta el Poder Judicial de Córdoba y significan el primer pronunciamiento de la Justicia en el marco de las denuncias que hizo Córdoba, tanto en el fuero federal como en el provincial.
En éste, el 1 de mayo último el Procurador nacional interpuso tres hábeas corpus ante el juzgado de Ejecución Nº1, Daniel Cesano, y otros dos en el Juzgado Nº 3, a cargo de Gustavo Arocena. Allí se plantearon cuestiones particulares de cinco detenidos con los cuales Córdoba se había entrevistado en su inspección a la penitenciaría. Todos los recursos fueron rechazados.
En uno de los hábeas corpus, el Procurador solicitaba el alojamiento de un interno con discapacidad motriz, en una institución donde se le proveyera una adecuada atención médica. También denunciaba que éste no tenía una silla de ruedas que le permitiera mayor capacidad de desplazamiento.
Según las resoluciones a las que accedió Comercio y Justicia, Arocena explicó que el interno había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, pero que dicha disposición tuvo que ser suspendida ante la imposibilidad manifestada por su hermano de continuar alojándolo en su domicilio.
Respecto al otro reclamo, el magistrado advirtió de que cuatro días antes de la presentación de Córdoba se había entrevistado personalmente con el interno y pudo constatar que tenía una silla de ruedas en buen estado de conservación.
El juez de Ejecución Penal de 3ª Nominación también rechazo el hábeas corpus planteado a favor de otro recluso que padecía una arritmia cardíaca, puesto que su estado de salud era estable y recibía la medicación acorde con su patología de manera mensual. De todos modos, ofició al jefe del establecimiento penitenciario -Unidad N° 2- a fin de que se le hagan al interno controles, de dieta por un nutricionista; médico cardiológico externo con electrocardiograma y ecocardiograma; y gastrointestinal. En el mismo sentido, el juez de Ejecución Penal de 1ª Nominación, José Daniel Cesano, rechazó otros tres habeas corpus del Procurador. (ver aparte).
Investigación en curso
Paralelamente a lo resuelto por los juzgados de Ejecución, la Fiscalía Federal Nº 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk, investiga por estas horas la denuncia de Córdoba respecto de los posibles maltratos y vejámenes que podrían estar sufriendo los internos de la Unidad 2.Según pudo conocer este medio, el juez Alejandro Sánchez Freytes autorizó una serie de medidas probatorias solicitadas por el Ministerio Público tendientes a esclarar la situación de esa cárcel.
Hasta el momento y según pudo confirmar este diario, no hay personas imputadas.
Lo que dejó la inspección
– Durante su inspección a la penitenciaría, el procurador encontró dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta cm cada una, elementos que hipotéticamente son utilizados por los guardias “para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas”.– Además de entregar los elementos secuestrados, el funcionario nacional puso a disposición de la Justicia federal de Córdoba el acta de inspección en la que detalló irregularidades encontradas en la cárcel, tales como problemas de sobrepoblación y de condiciones físicas del edificio, que tiene más de cien años.
– El fiscal Córdoba fue cuestionado por la ministra de Justicia de la provincia, Graciela Chayep, quien sostuvo que el procedimiento que llevó a cabo fue irregular.
Otros planteos
Otro de los hábeas corpus presentado por el fiscal Córdoba esgrimía que se le había interrumpido un tratamiento de quimioterapia a un interno. El magistrado concluyó que éste, por propia voluntasd, había solicitado “cancelar su tratamiento” y que en enero se le efectuó un nuevo control y el “examen físico no presentó particularidades”, razón por la cual los médicos resolvieron no realizarle más sesiones de quimioterapia, salvo “evidencia de progresión” de la enfermedad.
