Con una fuerza que supera ampliamente los 20 mil hombres, no son pocos los hechos judiciales en los que se encuentran involucrados efectivos policiales.
Casos de gatillo fácil, maltrato a detenidos, abusos en procedimientos o cualquier delito (más allá de lo funcional) no merecen que sean tratados por sus camaradas.
Por otra parte, es indiscutible que la preparación profesional de un agente judicial es diferente a la de los uniformados, instruidos para prevenir o reprimir el delito. Personas capacitadas en derecho, peritos científicos, médicos forenses, abogados o funcionarios judiciales imprimen a la investigación un sello de objetividad afianzado.
La etapa penal preparatoria tendrá mejores elementos si quienes la instruyen, desde un primer momento, están capacitados para esta función. Tal vez no sea sencillo habilitar partidas para extender las unidades judiciales y los servicios de la Policía Judicial a toda la provincia. Tampoco será fácil que una iniciativa de una bancada opositora llegue a convertirse en ley. Pero la intención de extender este servicio, y de que todos sean tratados con la misma vara por mejores instructores, no debería desestimarse si se considera que los cordobeses merecen igual acceso a la Justicia.
