Capital Federal (ADN).- La Asociación Pensamiento Penal expresó su preocupación y rechazo a las declaraciones formuladas por el Gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, realizadas en el acto de inauguración de la Comisaría de la Familia, el viernes pasado en General Roca y donde exigió a la Justicia el castigo máximo a quienes atentan contra el personal policial.

Entre otras afirmaciones, el primer mandatario sostuvo:

“Un menor no tiene menos responsabilidades que un mayor a la hora de cometer un homicidio. Aquí no hay atenuantes que valgan”

“Si es un menor y es capaz de matar, significa que no sólo es un peligro para la policía, sino para toda la sociedad. Desde este lugar, queremos pedir al Poder Judicial la máxima pena, el máximo castigo para quienes atacan, lastiman, agreden y matan a nuestros policías, que tienen la sagrada misión de salvar vidas”

“A veces si nos apegamos a lo que dice la ley ¿qué hace el juez con un menor? Se lo devuelve a la familia, y devolver cierto menor a la familia significa darle el arma nuevamente para matar, por la situación psiquiátrica y de adicción que tiene ese chico. Por eso a veces no hay que apegarse tanto a la ley, hay que tener más sentido común”.

“Uno puede entender la conflictividad de un menor en un desorden, o puede entender distintas dificultades que se den, lo que no puede aceptar una sociedad y el Estado, es que un menor asesine a sangre fría y que esto signifique que siga teniendo las mismas libertades y garantías que podía seguir teniendo por ser menor”.

Frente a estas afirmaciones la Asociación Pensamiento Penal expreso:

Esta clase de declaraciones generan falsas expectativas a la sociedad y evidencian un desconocimiento palmario de la normativa que regula los derechos de la infancia y, en especial, de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

La idea de que algunos niños nacen “malos” y se encuentran destinados a ser violentos no tiene el apoyo de las investigaciones realizadas sobre el desarrollo infantil. El comportamiento violento de los niños a menudo tiene su origen en la violencia de los adultos hacia ellos que, normalmente, se produce en sus hogares, en las calles, en los institutos, por las fuerzas de seguridad.

Desde ese lugar, las teorías negativas, así como sus propuestas punitivas (progresivo endurecimiento de esta jurisdicción especial y el reclamo de una mayor equiparación con la de adultos) no pueden prosperar.

Las actitudes de rechazo, castigo o represión, que se fundamentan en una distinción entre “los buenos y los malos”, se materializan en manifestaciones verbales de condena, belicosidad en el trato a los jóvenes, penas máximas, tolerancia cero, mano dura, causando una magnificación del problema. El represaliado aumenta su enemistad con el represor y el círculo vicioso se retroalimenta, generando mayor resentimiento cuanto más duro es el castigo. Los estigmatizados se reagrupan al sufrir la misma persecución, llegando a asumir su rol gracias al etiquetamiento, aprendiendo aún mas técnicas y orientaciones transgresoras, evidenciándose con ello, que la retribución, en sí misma, no es la solución, sino todo lo contrario.

Por lo demás, la capacidad de motivación en las leyes de los jóvenes es diferente a la del adulto, y, en aras al principio de igualdad, los desiguales deben ser tratados desigualmente. En la medida en que el menor de edad posee capacidades cuantitativa y cualitativamente disminuidas, diferentes a las del adulto, su capacidad de culpabilidad y su responsabilidad también lo serán.

Sobre esa base, los niños transgresores de normas penales no pueden ser tratados por la jurisdicción penal de adultos, ni equipararse a éstos. Y, como máximo, de apostar por una jurisdicción especial de niños, deberá tener un talante distinto, educativo y no retributivo: Ofrecer al trasgresor aquello que no tuvo.

El tema de la responsabilidad del menor de edad, distinta a la del adulto es, pues, crucial para neutralizar esa demanda populista.

Cuando se habla de la violencia de los jóvenes, se olvida el tratamiento que ellos han recibido, y en ese olvido se les “responsabiliza” y a través de medidas y anuncios punitivos se buscan soluciones que es imposible que lleguen.

No es posible solicitar al organismo del Estado encargado de aplicar las leyes “un no apego a las normas”, pues con ese fin fue creado el Poder Judicial, como custodio, protector y garante del cumplimiento y respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales. De lo contrario no existirían garantías de justicia para ningún ciudadano, comprometiéndose con ello las bases del Estado Democrático de Derecho y quedando abiertas las puertas al castigo desmedido; a la ley del talión.

La Asociación Pensamiento Penal es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, integrada por operadores del sistema penal —jueces, fiscales, defensores oficiales, letrados particulares, funcionarios judiciales, profesores universitarios y estudiantes de derecho— interesados, entre otras cosas, en la promoción de una administración de justicia moderna, ágil y eficaz, en sintonía con los postulados básicos del programa constitucional y con los requerimientos que formula la sociedad en tal sentido.