Un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad que intervengan en casos de femicidio fue publicado ayer en el Boletín Oficial, como parte de las políticas de género que comenzó a aplicar la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, desde que asumió el cargo. La resolución publicada surgió después de casi diez meses de reuniones de una mesa de trabajo específica, convocada por Garré una semana después del fallo Weber, el primero en que se trató el crimen de una mujer a manos de su pareja con las características de un femicidio, aun antes de que hubiera sido sancionada la Ley 26.791.

El protocolo, que será de aplicación obligatoria para todas las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad (Federal, Prefectura, Gendarmería y PSA), establece diferentes pasos que los funcionarios de seguridad que intervengan en la escena del crimen deben obedecer de aquí en más. “La experiencia reciente demuestra que ciertos indicios de los femicidios pueden observarse en, por ejemplo, las lesiones de defensa, la posición de la ropa en el cuerpo, los objetos asociados presentes en la escena del hallazgo o las condiciones en las que es encontrada la escena”, especifica la Resolución 428/2013 de Garré.

Uno de los fundamentos de peso señalados para protocolizar los pasos ante una escena de crimen en el que la víctima sea “una mujer o una persona con identidad de género femenino”, es que “en 2012 se produjeron 255 femicidios en Argentina, cifra escalofriante aunque menor que en años anteriores. Este grave escenario requiere una revisión crítica de los procedimientos que se utilizan, para modificar aquellos que pueden dificultar el reconocimiento de pruebas, para complementarlos con otras medidas que contribuyan al esclarecimiento y para mejorar la articulación institucional con los otros organismos que participan del proceso de investigación judicial”, sostuvo Garré en la presentación del protocolo.

Las fuerzas de seguridad son las que llegan primero a la escena del crimen. Está comprobado que esa primera mirada direcciona profundamente las posibilidades de la investigación posterior y limita y en muchos casos impide profundizar otras perspectivas. Esto, que se produce en todas las áreas de la investigación criminal, en los casos de femicidio, además, carga la naturalización de la mirada sobre la escena, de la víctima, de los posibles protagonistas, de los posibles testigos y los móviles. Justificación y naturalización, en este sentido, van de la mano de la violencia de género. El protocolo busca atravesar esas costumbres desde lo más básico.

Desde el inicio, el protocolo establece que en todo crimen de una mujer o una persona con identidad femenina las fuerzas de seguridad intervinientes están obligadas a incorporar la hipótesis del femicidio como posible. Se establecen pautas primarias como la de “preservar la escena”, pero también se atacan estereotipos aplicando fórmulas de análisis de los casos: “los motivos más habituales –sostiene el protocolo– que suelen utilizarse para atenuar las condiciones en las que se comete el hecho delictivo son la presencia de una tercera persona que podría estar vinculada amorosamente con algunas de las partes; las discusiones entre parejas por motivos de infidelidad; el consumo de drogas o alcohol y otro tipo de circunstancias de pareja. Es deber de los agentes policiales recolectar absolutamente todos los indicios que se identifiquen en el lugar del hecho sin volcar percepciones que repliquen estereotipos de género y garantizar, en las actas de prevención, una descripción cabal de los indicios que permitirán reconstruir cómo fueron los últimos sucesos en los que se encontraron la víctima y presunto victimario antes del hecho delictivo”.

Señala la importancia de los testimonios a vecinos y familiares para determinar una historia previa porque los femicidios “generalmente se producen como culminación de un período de múltiples violencias”. En ese aspecto, sostiene que “es posible que niños/as y/o adolescentes hayan presenciado los acontecimientos” y especifica que “los agentes policiales deberán registrar de manera textual todos los comentarios espontáneos que puedan manifestarse en el momento del hecho”. Pero recuerda que los niños “son también víctimas del hecho”, por lo que “el personal policial y de fuerzas de seguridad deberá abstenerse en todos los casos de formularles preguntas, o abordarlos de una manera que pueda someterlos a una situación de revictimización”.

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