El movimiento “Justicia legítima”, a través de la palabra de sus más resonantes integrantes, presentó ayer su asociación civil en la ciudad de La Plata, en el segundo encuentro nacional que el colectivo concretó desde su lanzamiento. Esa “herramienta judicial” será “diferente de todas porque trabajará en beneficio de toda la sociedad”, destacó una de sus principales referentes, la procuradora general Alejandra Gils Carbó. El jurista español Baltasar Garzón, el miembro de la Corte Suprema de Mendoza Omar Palermo y el defensor general porteño Mario Kestelboim acompañaron a la jefa de los fiscales en la mesa de apertura del encuentro, coincidieron en la necesidad de promover una participación activa “de todos” en el debate acerca del funcionamiento del Poder Judicial.
“Quienes conformamos ‘Justicia legítima’ sólo concebimos al Poder Judicial como un servicio del pueblo para el pueblo”, resumieron los participantes en el documento final. El encuentro se realizó en el auditorio central del Teatro Argentino de La Plata y ocupó también el hall, donde se instaló una pantalla. Durante la jornada hubo rechazos a las medidas cautelares dictadas para frenar las reformas del Consejo de la Magistratura, a las denuncias contra Gils Carbó y los fiscales nombrados al frente de las nuevas procuradurías. También se escucharon exposiciones de referentes de trabajadores judiciales, fábricas recuperadas, colectivos de campesinos, pueblos originarios y la comunidad homosexual acerca de las dificultades que tienen para acceder a la Justicia.
La procuradora remarcó el crecimiento del movimiento surgido en diciembre del año pasado como trinchera de decenas de jueces, fiscales, defensores, abogados y empleados que reaccionaron contra la defensa que la “corporación judicial” se hace a sí misma. En ese marco mencionó la “importancia” de la flamante asociación civil sin fines de lucro que “será diferente de otras porque trabajará en beneficio de toda la sociedad” y estará integrada por miembros del Poder Judicial, pero también por trabajadores judiciales, que “no quieren ser un mero engranaje en un sistema judicial concentrado en las coimas mientras la realidad social pasa por otro lado”; organizaciones sociales, “los motores que están avanzando en la ampliación de derechos”, y la ciudadanía en general.
La defensora Stella Maris Martínez no pudo asistir por problemas de salud, pero en diálogo con Página/12 señaló que la nueva herramienta jurídica es “una invitación a todos a pensar en la Justicia” y significa “la concreción de uno de los fundamentos más importantes de este movimiento: que la Justicia debe ser pensada, discutida por toda la sociedad, algo que reforzará su condición de servicio público”.
“La participación ciudadana es fundamental para la construcción de ‘Justicia legítima’”, concluyó en este aspecto Gils Carbó, quien remarcó que el colectivo surgió para “reclamar un cambio cultural” en un sistema judicial que “ha quedado rezagado de las nuevas modalidades criminales del mundo actual”.
“El pueblo es el titular único de la Justicia, quien tiene que legitimar día a día su ejercicio. Los demás somos colaboradores o administradores”, coincidió Garzón, quien saludó la presencia de la “bandera de los pueblos originarios”, en referencia a la wiphala extendida por miembros del Instituto Superior Tupac Amaru, de esa organización social jujeña, que acercaron un documento al encuentro.
Garzón también se expidió sobre “el problema de la independencia” del sistema judicial ya que “hay que pensarla no sólo en términos de Estado, sino también de las corporaciones económicas e incluso interiores al sistema”. Gils Carbó se expresó en ese sentido al denunciar una “campaña contra la Constitución” de sectores que “no comprenden aún el cambio de paradigma”. El documento final de la jornada estuvo centrado en estas críticas.
Uno de los anuncios del día fue la presentación de la flamante titular de la asociación civil de “Justicia legítima”, María Laura Garrigós de Rébori. Otra novedad fue el espacio otorgado a representantes de sectores de la sociedad maltratados por el sistema judicial que fueron invitados a plantear brevemente sus realidades al respecto.
Luis Caro, referente de cooperativas de trabajo y fábricas recuperadas, se remontó a los tiempos en que los trabajadores de compañías “fundidas por sus dueños” tenían que “pedir permiso a un juez para poder trabajar, y muchas veces era denegado”. Afirmó que todavía “el único derecho inviolable es el de la propiedad privada” y reclamó a los magistrados “un poco de conciencia social”. “A nosotros muchas veces nos catalogan de usurpadores, y eso es no tener ni un poco de conciencia social.”
“Es la primera vez que nos llaman a debatir sin necesidad de que tengamos que patear las puertas de la Justicia”, destacó María Victoria Gauna, del Movimiento Nacional de Campesinos, que centró su exposición en el “avance sobre las tierras de campesinos y pueblos originarios a partir de leyes que todavía siguen vigentes” y las dificultades que deben afrontar los integrantes de este sector para “defender un pedazo de tierra cuando no existen papeles” de propiedad. “El acceso a los tribunales, cuando no difícil, es imposible”, sostuvo. Sobre los obstáculos en el acceso a la Justicia de los pueblos originarios también se expidió Lorena Gutiérrez Villar (Asociación de Abogados de Derecho Indígena), quien mencionó no sólo la “lejanía de los espacios físicos” sino también “la gran desconfianza” que los integrantes de esos pueblos sienten respecto de un “sistema judicial que no los comprende ni los respeta”. También ofrecieron su experiencia Marcelo Suntheim, de
la Comunidad Homosexual Argentina, y Josefina Doz Costa, también abogada.
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