La facilidad con la que se pudo escabullir Jacobo Eliseo Jiménez, alias «Jota», del Servicio Penitenciario de Miraflores el sábado pasado continúa repercutiendo dentro de las distintas áreas involucradas. Según un informe realizado desde el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de Elizabeth Cabanillas, la cárcel «modelo», que se quiso mostrar alguna vez, no cumpliría con los estándares básicos propuestos por organismos internacionales y nacionales para ejecuciones de penas privativas de la libertad. El jefe de la cárcel, Miguel Pioli, el ministro de Gobierno y Justicia y el subsecretario de Seguridad fueron notificados e intimados desde el mismo juzgado por las irregularidades existentes, sin que haya habido una respuesta al respecto.
El sistema carcelario dentro de país se enmarca en la Ley de Ejecución de Pena Privativa de la libertad desde 1996. Ésta fue realizada en base a recomendaciones internacionales, debido a diferentes irregularidades y violaciones de los derechos humanos detectadas. Diecisiete años después, y pese a haber construido un nuevo penal, Catamarca no sólo no reglamentó la normativa, sino que construyó un edificio que no ayuda a cumplir con el objetivo de resociabilización ordenado. En este contexto, no resulta extraño decir que tampoco se adhirió a programas nacionales elaborados para fomentar este mismo objetivo.
Más allá de estas cuestiones de fondo, dentro del mismo penal, los presos carecerían de cuestiones básicas. Todas éstas vendrían siendo puestas en evidencia desde el año pasado por la jueza Elizabeth Cabanillas, y son informadas pertinentemente, sin que se realicen los cambios necesarios.
El detalle de la «pésima» comida que reciben los internos, la falta de psicopedagogo que analice las dificultades de aprendizaje que puedan tener, la inexistencia de informes individualizados de la historia de vida de éstos que permitan un abordaje adecuado de cada uno para su resociabilización, la falta de insumos, medicamentos, atención médica, psicológica, alternativas de recreación y un mayor control que impida el ingreso de drogas de todo tipo al sistema, entre otros detalles, fueron ampliamente explicados en el informe emitido en abril de este año, en donde también se advierte que en abril de 2012 se realizaron las mismas recomendaciones sin que exista un cambio al respecto.
Otra información preocupante: la realidad que se vive en el penal de Miraflores, según se señala, también sería coadyuvante para agresiones entre internos, autolesiones e intentos de suicidio.
La Ley Nacional que regula la ejecución de pena privativa de la libertad en Catamarca (sancionada en 1996), nunca fue reglamentada pese a la existencia de varios proyectos.
El Servicio Penitenciario no cuenta con una gabinete criminológico completo, ya que carece de médico psiquiatra, criminólogos, trabajadora social y psicopedagoga. Los pocos profesionales se ven saturados por la demanda.
La estructura del penal, realizada en base a un modelo de cárcel que ya caducó, no permite la resociabilización de los internos.
Si bien no se pudo conocer cuál es el monto exacto, se supo que el presupuesto con el que cuenta es el mismo desde el año 2010.
Carecen de medicamentos, comida adecuada, profesionales médicos las 24 horas, utensilios de cocina, odontólogos. Tampoco cuentan con un salón de uso común para comer y la única actividad física que realizan es fútbol dos veces por semana, entre otras cosas.
Por falta de pago de años anteriores, desde hace un año el sistema para gas a granel con el que contaba el Servicio se modificó, por lo que desde entonces adquieren tubos de 50 kilos o garrafas, que no alcanzan para abastecer a una población de 500 internos.
La cárcel cuenta con 600 efectivos y contiene el armamento antidisturbios necesario para todos. Existen doce puestos de guardia y 24 pabellones para cubrir. Sin embargo, por «órdenes encontradas» de los directivos, el día de la fuga de “Jota” habrían dado permisos especiales.
