La acusación de la psicóloga Gabriela Fulco, asesora del ministro del Interior Eduardo Bonomi en temas penitenciarios en cuanto a que la alta población carcelaria es producto de que existe «un abuso» de los jueces en la utilización de «medidas privativas de libertad», generó el rechazo de los magistrado, que aseguran que aplican ese instituto con criterio y que muchas veces están obligados a ordenar la reclusión preventiva de los procesados.
Un informe divulgado el viernes por el Instituto Nacional de Rehabilitación indicó que al pasado mes de febrero había en todo el país 9.829 reclusos. El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, informó en los últimos días que se alcanzó el récord histórico de 10.000 internos.
Fulco, en declaraciones que publicó ayer El País, criticó que «la primera medida de los jueces penales ante un individuo que cometió un delito es el encarcelamiento, cuando esa debería ser la última».
La asesora ministerial agregó que esa situación lleva a que personas que «no tienen perfil» para estar privadas de libertad terminen en la cárcel. «En estos casos deberían aplicarse medidas alternativas a la prisión», sostuvo Fulco.
Los comentarios de la asesora de Bonomi fueron rechazados por cuatro jueces penales consultados por El País, que negaron la existencia de un «abuso» en cuanto a la prisión preventiva y señalaron que cuando el procesado tiene antecedentes o la pena del delito es de penitenciaría (reclusión de más de 24 meses) la ley indica que necesariamente se debe ordenar el encarcelamiento.
«No me parece que los jueces abusen de la prisión preventiva. Yo como juez de primera instancia la utilicé y creo haberlo hecho de forma criteriosa», dijo el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno, Rolando Vomero.
«Los fallos judiciales siempre son pasibles de crítica. No somos dioses, somos jueces, y por eso somos seres falibles, pero eso no quiere decir que quienes lanzan críticas tengan razón», dijo Vomero.
El juez Nelson Dos Santos no cree que exista un abuso en el uso del instituto de la prisión preventiva por parte de los magistrados. «No conozco estadísticas, pero cuando disponemos un procesamiento, si la persona tiene antecedentes estamos obligados a que sea con prisión. Y la mayoría de las personas que pasan por los juzgados son reincidentes», dijo.
«Eso es lo que establece la ley vigente, por lo que no creo que se pueda hablar de abuso por parte de los jueces», sostuvo el magistrado. «Los jueces tenemos un escollo legal, porque si el procesado tiene antecedentes no podemos procesarlo sin prisión», insistió Dos Santos.
«Yo cuando decido un procesamiento con prisión es porque entiendo que la persona tiene que estar presa», afirmó, por su lado el juez penal Ricardo Míguez. «Todos los jueces penales tenemos muy presente el perjuicio que implica la prisión para una persona, y por eso intentamos tener el criterio más beneficioso, pero hay casos donde el encarcelamiento es preceptivo», agregó
Penas sustitutivas
A diferencia de lo que opina Fulco, los magistrados aseguran que en la medida de lo posible, al momento de procesar a personas primarias, intentan utilizar penas alternativas. «Los jueces, cuando las personas son primarias, tratamos de imponerles medidas sustitutivas. El gran tema es que esos primarios, al poco tiempo, reinciden por lo que necesariamente los tenemos que procesar con prisión», dijo la jueza penal de Ciudad de la Costa, Adriana Graziuso.
«En Canelones, por ejemplo, se hacen medidas sustitutivas coordinadas con los municipios donde los primarios realizan tareas de limpieza de espacios públicos. Como muchas veces pasa, los primarios no entienden que es una oportunidad, no cumplen con esas medidas y estas deben convertirse en cárcel», agregó la jueza.
En el mismo sentido, Míguez sostuvo que es «muy habitual» que personas a las que se les impuso una medida alternativa a la prisión la incumpla, y ante esa situación el beneficio es revocado y el procesado es remitido a la cárcel.
El magistrado dijo que el control de las penas alternativas mejoró notoriamente desde que funciona la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, dependencia creada en 2010 y que funciona en la órbita del Ministerio del Interior.
Al respecto, Dos Santos dijo que es «partidario» de las penas sustitutivas a la prisión en los casos donde la reclusión no es preceptiva, pero señaló: «Debemos tener presente que los jueces estamos en el medio entre la sociedad que no comete delito y los que cometen delitos y donde la sociedad quiere verlos presos y los delincuentes quieren estar en libertad».
Por su parte, Vomero dijo que es «muy partidario» de las penas alternativas a la prisión, pero reconoció que la aplicación de esas medidas muchas veces se dificulta por los problemas que existen para su adecuado control.
Las cifras
9.829
Es el total nacional de reclusos que registró a febrero el Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación.
7.000
Es el máximo de internos que debería existir en Uruguay en función de la población, según el comisionado Álvaro Garcé.
http://www.elpais.com.uy/informacion/jueces-se-defienden-niegan-abuso.html
