«Estamos impulsando desde Presidencia de manera fuerte la aprobación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) y del nuevo Código Penal (CP). Hablé con la agrupación parlamentaria del Frente Amplio porque los dos proyectos están en el Parlamento», dijo a El País el secretario de la Presidencia Homero Guerrero.

Agregó que «está el compromiso de la bancada oficialista para que se apruebe en este período. Lo hablamos con la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la idea es que esto se apruebe y entre en vigencia entre 2015 y 2016, mientras se dan inyecciones de dinero y capacitación para que en ese plazo el Poder Judicial se adapte al cambio».

El cambio del CPP es un tema que repetidamente ha estado en la agenda de los tres poderes del Estado, en los que existe una posición mayoritaria favorable a pasar del actual sistema inquisitivo a uno acusatorio, pero los intentos de reforma no prosperaron.

En diciembre del año 2010, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley del nuevo CPP, que quedó a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Pero los legisladores frenteamplistas priorizaron otros temas y no hubo avances. Ahora la idea del oficialismo es reactivar el proyecto.

Guerrero dijo a la Presidencia que de los dos códigos, el «que más interesa» es el CPP, «para cambiar el proceso inquisitivo a uno acusatorio». «Si se aprueba va a haber dos partes, el Estado representado por el Ministerio Público (los fiscales) y el indagado representado por su abogado, en igualdad».

«El que investiga va a ser el fiscal, como tiene que ser y un tercero imparcial que es el juez. Va a ser oral, público, mucho menos escrito», expresó.

«Esto tiene que ver no sólo con el sistema penal, sino también con la seguridad y el hacinamiento carcelario. Es un sistema mucho más justo y rápido. Habrá menos gente sin condena y las medidas cautelares de pena alternativa se contemplarán más», destacó Guerrero.

Inversiones

El ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, dijo que la Corte está de acuerdo con la necesidad «de salir rápidamente de este proceso que tenemos e ir a uno más acusatorio», por lo que para el máximo órgano del Poder Judicial «sería una buena noticia» que se apruebe.

Expresó que existen «matices» entre los miembros de la Corte en cuanto al contenido del proyecto de ley de CPP que está en el Parlamento, ya que «es muy difícil decir amén a un proyecto completo».

Pérez Manrique también se- ñaló a El País que la Corte es favorable a un período de adaptación de dos años» para en ese plazo «hacer las inversiones y cambios necesarios» para que el nuevo sistema funcione.

En ese sentido, dijo que más allá de la reforma que deberá hacer el Ministerio Público, el Poder Judicial tendrá que crear cargos y juzgados. La Corte calcula que será necesario duplicar la cantidad de jueces penales en el interior del país y un aumento importante en la cantidad de defensores de oficio.

«Es una inversión que el país va a tener que afrontar, porque es una forma de ponerse al día en el cumplimiento de la propia Constitución y de los convenios internacionales».

Pérez Manrique explicó que para el ciudadano este cambio de proceso penal «va a significar que todos los juicios penales se puedan ventilar públicamente, que la persona pueda pasar rápidamente de procesado a condenado».

«Creo que será una justicia más expeditiva de la que tenemos ahora», señaló. Añadió que se tendrá «un régimen con partes bien definidas, donde el juez será un tercero independiente, una parte acusatoria neta que es el fiscal y el indagado», concluyó.

Sanción

En agosto de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó a Uruguay por no haber modificado su legislación penal, tal como lo había exigido este organismo de la OEA en mayo de 2007, tras una demanda presentada por los hermanos José, Jorge y Dante Peirano Basso, quienes alegaron que estuvieron cinco años en prisión sin tener una condena.

El juez penal Luis Charles, quien participó ayer sábado del seminario-taller: «Hacia un modelo Acusatorio», dijo a El País que «Uruguay es el único país de América Latina» con un sistema penal inquisitivo.

Opinó que un sistema penal acusatorio «es más eficiente, más garantista» ya que asegura la imparcialidad del juez y «lograr la inmediación, es decir que siempre esté presente el juez en las audiencias».

El acto del que participó Charles es parte de una serie de actividades en el marco de un programa de apoyo a la reforma del sistema de Justicia penal y de mejora de las condiciones de los privados de libertad, que se financia con fondos de la Unión Europea (ver nota aparte).

Sistema acusatorio y con el juicio oral

De aprobarse el proyecto de Código de Proceso Penal cambiará el sistema inquisitivo actual a uno acusatorio, lo que implicará que la investigación pasará a ser responsabilidad del fiscal y no del juez, quien asumirá un rol imparcial entre la Fiscalía y el defensor.

Los fiscales serán los responsables directos de coordinar la indagatoria con la Policía, pero bajo la supervisión del juez actuante, a quien deberán pedir autorización para medidas como los allanamientos. Cuando un fiscal reúna prueba que considere suficientes, le solicitará a un juez que convoque a las partes a una audiencia y así dar inicio a un juicio.

Los juicios penales se desarrollarán mediante audiencias públicas y orales, con lo que se busca mayor transparencia en los procesos penales, además de reducir tiempos en cada expediente al suprimir buena parte de los trámites en papel.

Una de las principales novedades del proyecto para Uruguay es que la prisión preventiva dejará de ser la regla y se transformará en una medida extraordinaria, que se aplicará en casos excepcionales.

Se pretende que cuando un juez ordene el procesamiento de una persona, el imputado permanezca en libertad hasta el dictado de la sentencia. Ese será el criterio general, pero no se aplicará en casos de extrema gravedad como homicidios, violaciones y rapiñas, según lo que prevé el proyecto.

El texto también indica la creación de cargos de jueces de instrucción y ejecución. Los primeros tendrán a su cargo la indagatoria hasta que se dicte el procesamiento, mientras que los segundos se ocuparán del seguimiento y control del cumplimiento de la condena.

TRES VOCES SOBRE LA REFORMA

Homero Guerrero

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

El nuevo código «tiene que ver no solo con el sistema penal, sino también con la seguridad y el hacinamiento carcelario, afirmó. Opinó que se trata de «un sistema mucho más justo y rápido».

R. Pérez Manrique

MINISTRO SUPREMA CORTE

Dijo que la Suprema Corte es favorable a salir del actual proceso inquisitivo y pasar a uno «más acusatorio». Consideró que con este cambio se logrará una «justicia más expeditiva».

Luis Charles

JUEZ PENAL

Afirmó que Uruguay es «el único país de América Latina que tiene un sistema inquisitivo». Dijo que el sistema acusatorio es mas eficiente, garantista y asegura la presencia del juez en todas las audiencias.

 

 

http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-fa-aprobar-nuevo-proceso-penal.html