SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El presidente subrogante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Sergio Barotto, reconoció ayer en esta ciudad que está preocupado por los costos que demandará en el futuro la reforma procesal penal en el servicio de justicia.
«Me preocupa mucho en lo personal el costo de implementación que ya avizoramos que es importante», afirmó Barotto. «Creo que el éxito de la resolución de los casos penales está indisolublemente atado al nivel investigativo que uno tenga y esa investigación más allá de que la dirijan los fiscales, la va a tener que hacer la Policía y en ese sentido lo ideal sería que esa Policía está bajo la órbita del Poder Judicial», señaló. Y se pronunció a favor de crear «la famosa Policía Judicial». «Esto es tener brigadas de investigaciones propias y una Policía Científica muy fuerte», destacó.
«Nosotros creemos que la inversiones económicas van a hacer muy importantes, eso es preocupante porque uno no desconoce la realidad económica de la provincia», recalcó.
Dijo que «en el último acuerdo que tuvimos allá por marzo» desde el STJ «le pedimos a la Legislatura que nos informe qué proyectos (de reforma procesal penal) hay en danza a nivel legislativo porque nosotros en el STJ teníamos el proyecto original que había sido elevado en el gobierno del exgobernador (Miguel) Saiz».
Sostuvo que sabían que ese proyecto «había sufrido muchísimas impugnaciones o cambios». Dijo que pidieron al presidente de la Legislatura provincial, Carlos Peralta, que «nos aclare qué es lo que se está trabajando a nivel de proyecto. En base a eso, luego, tendremos nuestro propio acuerdo y acompañaremos o daremos nuestra opinión».
Respecto de la ley sancionada a mediados de mayo pasado por la Legislatura rionegrina, que amplió de tres a cinco el número de integrantes del STJ, Barotto recordó que con el juez del STJ Enrique Mansilla «seguimos pensando que desde el punto de vista operativo hubiera sido mejor trabajar en salas, pero bueno los legisladores han adoptado este temperamento y nos adaptaremos y deberemos seguir cumpliendo con los principios constitucionales de la eficiencia, celeridad y economía, que impone el artículo 206 de la Constitución provincial».
En cuanto a las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck sobre los menores en conflicto con la ley, Barotto dijo: «No voy a emitir ninguna opinión sobre las opiniones del gobernador. Han sido polémicas por cierto, pero me reservo la opinión porque en definitiva después tengo que traducir estas opiniones que doy a la prensa en fallos y eso me puede colocar en situación de tener que excusarme o ser recusado y quiero evitarlo».
