El gobernador José Luis Gioja mantuvo un encuentro ayer por la mañana con el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, a quien le presentó el anteproyecto de la nueva unidad penitenciaria que se construirá en la zona Este de San Juan, cuyo financiamiento se estima en más de $400 millones. La cárcel tendrá una capacidad para 870 reclusos y contará con un diseño innovador, acorde a las últimas normas de seguridad, según adelantó el mandatario a DIARIO DE CUYO. “Nuestra idea es que el Gobierno nacional financie parte de la construcción, es por eso que le hemos dejado a Alak toda la documentación técnica y los planos para avanzar en el proyecto, el cual tendrá dos etapas. La obra servirá para albergar a la futura población carcelaria en el San Juan del millón de habitantes para el que estamos trabajando”, manifestó Gioja.
El Ejecutivo provincial tomó la decisión de construir un nuevo Penal para descongestionar el colapsado sistema carcelario. La penitenciaría ubicada en Chimbas no da abasto por la cantidad de presos que tiene alojados, pese a que se están refuncionalizando algunos sectores y se está edificando un pabellón para presos con salidas transitorias. El Gobernador viene entablando conversaciones con Alak desde comienzos de 2012 y en marzo de ese año recibió en San Juan a Paola Spátola, secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario. En aquella ocasión, la funcionaria nacional señaló que era “muy probable” que la gestión kirchnerista financie el 50 por ciento de la obra. Spátola además elogió la iniciativa del Gobernador en materia carcelaria. Desde entonces, el equipo de arquitectos e ingenieros del Ministerio de Infraestructura local viene trabajando en el proyecto que ayer exhibió el Gobernador. La idea coincide con la política implementada por la administración kirchnerista de sacar los establecimientos de zonas muy pobladas. Debido al crecimiento urbano, el de Chimbas actualmente está rodeado de barrios. Por eso, en el Ejecutivo están evaluando todas las zonas disponibles en la provincia que tengan todos los servicios como agua, luz y gas, para llevar allí la unidad. Una idea que se baraja es que en el viejo Penal estén alojados los detenidos con prisión preventiva y un grupo de procesados, aquellos sospechosos sobre los que aún no ha recaído sentencia firme.
El nuevo edificio que se encara con apoyo nacional contará con los estándares de seguridad vigentes, similares a los implementados en las unidades penitenciarias de Salta, Mercedes (Buenos Aires) y la que se está construyendo en Mendoza. Al respecto, el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, explicó a este medio que el emprendimiento ya cuenta con un convenio de asistencia técnica que se firmó el año pasado con el área de Infraestructura Penitenciaria nacional, que ya concluyó y forma parte de la documentación que se está analizando. “El proyecto prevé albergar a reclusos penados y procesados. Se adecua a los distintos tipos de estándares de seguridad, desde un nivel de máxima seguridad a uno morigerado, que se corresponden a las etapas de cumplimiento de los reclusos y en base a su conducta”, contó.
En este momento en San Juan existen 750 reclusos procesados (la cifra es aproximada porque dicha población fluctúa permanentemente) y 350 penados, según indicaron fuentes calificadas. El objetivo es que los espacios se adapten a las características de los mismos, para que a medida que vayan cumpliendo sus penas, siempre que tengan buena conducta, accedan a espacios diferentes y puedan contar con actividades recreativas o laborales, aspectos que aún no están definidos.
Los funcionarios provinciales confirmaron el sitio exacto donde estará emplazada la nueva unidad penitenciaria. En noviembre del año del pasado, según publicó este diario, estuvo en la mira oficial un predio en 25 de Mayo, en el límite con Caucete, aunque los expertos continúan trabajando en la búsqueda de un terreno y las opciones se manejan con absoluto hermetismo.
El martes próximo, Cuevas viajará nuevamente a Buenos Aires para reunirse y continuar las gestiones con funcionarios del Ministerio de Justicia, con vista a conseguir el aval financiero para arrancar con el proyecto carcelario.
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