Un juez le exigió al Ministerio de Seguridad bonaerense que, con carácter de «muy urgente», suministre alimentos y medicinas para los presos alojados en las unidades penales XV y 44 de Batán, en las afueras de Mar del Plata, porque en las condiciones actuales de alojamiento se está violando el «respeto y garantía de los derechos de los detenidos».
La resolución, firmada por el juez integrante del Tribunal Criminal N° 1 de Necochea, Mario Juliano, dispone «requerir al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que de modo muy urgente se atienda la provisión de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos destinados a la población penitenciaria de las Unidades Penales 15 y 44, dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense».
El juez constató que «las personas detenidas y alojadas en estas cárceles se encuentran desprovistas de alimentación suficiente y de medicamentos y elementos básicos para la adecuada atención de su salud», con el agravante que «los responsables de los depósitos de ambas unidades manifestaron enforma coincidente que sólo poseen stock de fideos, carne y salsa de tomate y que no tienen lácteos, ni verduras, ni arroz, ni frutas desde hace varios meses».
«La ración diaria de alimento por cada interno que debía ser de 360 gramos es actualmente de 250 gramos (la que fue elevada recientemente ya que estaba en 180 gramos anteriormente). Los internos con dietas especiales (como los que padecen HIV, diabetes y alergias, no reciben una alimentación suficiente, acorde a su enfermedad, ya que no cuentan con los insumos para ello», y «no cuentan con medicamentos básicos», añade el documento, según publica la agencia DyN.
El juez Juliano recordó que «el Estado, al privar de su libertad a una persona, asume una especial responsabilidad con ineludibles deberes de respeto y garantía de los derechos de los detenidos».
«En modo alguno puede admitirse y justificarse por inacción que el encierro se traduzca en una lacerante restricción de derechos elementales de los reclusos que pueden y deben ser naturalmente satisfechos», añade el texto.
La decisión fue notificada también al Servicio Penitenciario Bonaerense, a la Suprema Corte de Justicia provincial y a la Comisión Provincial por la Memoria.
El lunes pasado, esta agencia había informado que tres defensores oficiales bonaerenses reclamaron ante la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata la situación de sobrepoblación, carencias alimentarias y deterioro edilicio de la cárcel de Batán, y reclamaron la inmediata reducción del número de presos como medida urgente para paliar la situación.
Mediante una acción de «hábeas corpus colectivo y correctivo», los defensores oficiales Mario Coriolano, Cecilia Boeri y Fabiana Danti describieron una «aguda crisis alimentaria y sanitaria que se vive en ese Complejo Penitenciario» que, supusieron, «debe reproducirse en el resto de la provincia de Buenos Aires».
