El Centro Juvenil de Santa Rosa, que alberga a menores de edad judicializados, se encuentra al máximo de su capacidad operativa, según informó a El Esquiú.com el juez de Menores Fabricio Gershani Quesada, quien indicó que, a pesar de que el predio cuenta con gran espacio físico y 25 camas, el personal que está a cargo de los internos, está posibilitado de lidiar con una cantidad no mayor a 10 personas.
Cabe destacar que a esta institución son enviados los menores que presentan problemas con la justicia, no tan sólo del distrito del Valle Central, sino de todo el interior catamarqueño.
En este sentido, el magistrado explicó que la situación se presenta de esta manera ante la falta de operatividad del Centro de Recepción y Derivación, que, por estos momentos está fuera de funcionamiento por las refacciones que se llevan a cabo en el edificio, luego de que en febrero pasado sufriera el ataque de algunos internos, quienes destrozaron las instalaciones.
Es así que por el momento, al no haber disponible un sitio al que se envíen a menores en situación de delincuencia; los mismos deben permanecer hasta que se resuelva su situación judicial en las distintas comisarías intervinientes en cada uno de los hechos delictivos por los que son demorados.
Sangrienta protesta
A su vez, según dio a conocer a este medio Geshani Quesada; en horas de la siesta de ayer, todos los menores que se encuentran alojados en el mencionado instituto realizaron una protesta generalizada, solicitando la libertad.
Para hacer sentir su disconformidad ante las autoridades, por cada una de sus situaciones individuales, dos de los adolescentes, de 16 y 17 años, se autoflagelaron utilizando los elementos que tenían a su alcance, debiendo dos de ellos recibir atención médica después de la protesta.
Desarrollo Social
A su vez, el juez de Menores puso de manifiesto la gran necesidad de poner en funcionamiento lo antes posible el centro de Recepción y Derivación de Menores, que funcionaba en las instalaciones ubicadas en Alem y Mota Botello.
A este lugar es que los menores eran previamente trasladados antes de resolverse su situación procesal y desde allí, se decidía si eran enviados al Instituto Santa Rosa.
De todas maneras, las demoras registradas en torno a la reapertura de este centro, no están relacionadas al ámbito judicial, sino que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el ente encargado del funcionamiento del mismo.
http://www.elesquiu.com/notas/2013/6/9/policiales-284366.asp
