NEUQUÉN (AN).- El sistema de video vigilancia de la Unidad de Detención 11 (U11) tiene el 40% de las cámaras fuera de servicio y del resto la mitad necesita mantenimiento casi a diario. A esto se suma que la calidad de video es pésima. La Justicia en junio del 2012 le había dado un plazo de seis meses para reparar el sistema pero esto no sucedió.
A un año del crimen del interno Cristian Ibazeta, apuñalado brutalmente en una celda del pabellón 4 de la U11, los autores siguen sin aparecer y los registros de los videos de seguridad que podrían haber sido una prueba reveladora se transformaron en un pesadilla para el gobierno ya que no existían por las falencias del sistema de cámaras de vigilancia.
Los defensores oficiales Pedro Telleriarte y Gustavo Vitale interpusieron a principios de junio de 2012 un hábeas corpus solicitando medidas urgentes para garantizar la seguridad personal de los internos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar al pedido y en el quinto punto de la resolución dispuso que «en un plazo máximo de 180 días se proceda a la reparación del sistema de video/filmación de toda la Unidad».
Superado el plazo límite establecido por la Justicia el sistema de cámaras de la U11 continúa teniendo serias falencias según revelaron fuentes reservadas a «Río Negro».
«Se hace todo a pulmón y lo poco que funciona es gracias a la gente de Comunicaciones, que casi a diario están reparando las cámaras que tienen una pésima calidad de video y apenas se puede distinguir una silueta», confió la fuente.
En la actualidad el 40% de las cámaras que están distribuidas por la ciudad penal ubicada en Parque Industrial están fuera de servicio. «Del 60% que están funcionando la mitad son revisadas y reparadas en forma cotidiana por la gente de Comunicaciones, que le pone muchísima voluntad», sinceró la fuente.
Toda esta información la conoce la cúpula de la policía y el Ministerio de Seguridad que está a cargo de Gabriel Gastaminza, ya que técnicos del gobierno han realizado varios informes en los que se da cuenta de las falencias del sistema de video. Hasta elevaron un estudio para instalar uno nuevo, con un costo que en julio de 2012 ascendía a 800.000 dólares.
«Esto excede a la policía. Acá tiene que haber una decisión política porque hasta se propuso una solución más económica pero nunca hubo respuesta», concluyó la fuente.
