Julio César Giménez Pizarro es ex comisario. Estuvo en la Policía durante más de 20 años. Ingresó con el objetivo de obtener información sobre la vida de su padre asesinado. En mayo fue invitado al Senado de la Nación para hablar sobre la violencia institucional en Córdoba. También se entrevistó con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Todos los miércoles, de 12 a 14, conduce junto a Diego Benítez, el programa “Córdoba arde” en la radio cooperativa Gen de la ciudad de Córdoba.
Julio César Giménez Pizarro tiene una memoria increíble. Recuerda cada detalle de su vida, de sus investigaciones, de su dolor… Giménez es hijo de un sindicalista fallecido días antes de que comenzara la última dictadura, la más cruenta en Argentina. Su padre, Alberto Giménez, era el secretario general del gremio de pasteleros y tenía militancia representativa en la Confederación General del Trabajo (CGT), a la que pertenecían Atilio López, Agustín Tosco y René Salamanca.
“El 26 de febrero 1976, cuando mi viejo ya estaba en la clandestinidad, al igual que toda mi familia, cuando iba a pernoctar en el Hotel Ritz, ubicado en calle San Jerónimo y Paraná, zona céntrica (de la ciudad de Córdoba), es asesinado. Fue el modus operandi de quienes integraban el Comando Libertadores de América (grupo paramilitar) y algunos del D 2, antes del golpe militar”, recordó.
Con sólo 12 años quedó solo con su mamá. Aún recuerda el peregrinar por los hospitales, la morgue, el juzgado tratando de aclarar qué pasó con su padre. “No sabía si era un delincuente o qué? No me cabía en el pensamiento”, apuntó. En ese contexto, realizó una promesa sobre la tumba de su padre que llamó “de amor y de honor” que investigaría hasta encontrar “la verdad”.
– ¿Cómo ingresa a la Policía?
– En esos años, como única opción y como uno de los pocos medios para poder iniciarlas averiguaciones para poder cumplir aquella promesa que le hice a mi viejo, que la lleve como una pesada mochila durante toda mi adolescencia, decidí ingresar a la Escuela de Oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba. Era marzo de 1983, todavía Dictadura Militar. Mi apellido tan común me jugo a favor (Giménez) dado que al servicio de inteligencia policial, se les paso por alto. Así inicié ese largo camino, en silencio y en forma totalmente anónima. Durante 30 años buscando y descubriendo piezas de este triste rompecabezas. Hasta que logre armarlo totalmente y descubrir la verdad.
Tras un accidente en su trabajo como policía, comenzó a realizar tareas administrativas en el Comando Radioeléctrico de Córdoba (muy cercano al Departamento de Informaciones de Policía de Córdoba D2). Allí, entre guardias, pidió permiso para leer los libros de guardias y a través de un trabajo minucioso “casi de hormiga” comenzó a anotar datos sobre las actuaciones, lugares, pero no había nombres. Memorizaba la información y luego la reescribía en un cuaderno.
Más tarde, con esa y otras informaciones recaudadas presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal, a cargo en ese entonces del Fiscal Gustavo Vidal Lascano. Pero la causa luego recae sobre la fiscal Graciela López de Filoñuk. La sorpresa llegó cuando tras relatar lo sucedido, la fiscal le informó a Giménez que además de su padre, las otras personas nombras también habían desaparecido. Luego, según el relato del ex comisario llegaron las amenazas por parte de los mismos miembros de la Fuerza Policial, incluso por parte de Ramón Frías, jefe de la Policía de Córdoba. “Seguí con la misma conducta y vas a tener el mismo fin que tu papá”, recordó que le dijo Frías en una oportunidad.
Giménez junto con su familia ingresaron al programa de protección de testigos por sus acusaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos por el D2. Asimismo, realizó denuncias contra el actual ministro de Seguridad, Alejo Paredes y el gobernador José Manuel De La Sota, para que se hagan responsables por su seguridad y la de su familia.
Derechos humanos
En mayo, invitado por el fiscal federal Abel Córdoba, mantuvo una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, y el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, para hablar sobre violencia institucional. Luego, disertó en Congreso de la Nación.
– ¿Cómo llegó la invitación?
– El fiscal Córdoba había llegado a inspeccionar la cárcel de San Martín de parte de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. En ese contexto, me invitaron para hablar sobre la violencia institucional que existe en Córdoba. Hay 30 mil detenciones al año por un Código de Faltas que es de los años de plomo e inconstitucional. Existe una diferenciación entre una justicia para pobres y otra para ricos.
– ¿Cuáles son sus siguientes pasos?
– Más allá de seguir militando en los Derechos Humanos, sin ningún tipo de tinte político. Quiero la encarcelación de los cómplices de la dictadura cívico militar. Hay que recordar que se trato de una dictadura donde necesariamente trabajaron civiles que se beneficiaron económicamente.
