El pleno del Consejo del Poder Judicial ratificó ayer el acuerdo de la Comisión Permanente que el pasado lunes, en funciones de pleno, expulsó al juez Baltasar Garzón de la carrera judicial, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que le había condenado a 11 años de inhabilitación por delito de prevaricación cometido en el caso de las escuchas de Gürtel.
El vocal José Manuel Gómez Benítez hizo pública su protesta porque la Permanente hubiera asumido las funciones del pleno, cuando no había ninguna necesidad ni urgencia para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo. La decisión podía haber esperado tres días, como se ha comprobado, dijo Gómez Benítez, pero por lo visto lo único que se pretendía es que Garzón no fuera apartado de la carrera judicial un 23 de febrero, con las connotaciones que tiene esa fecha, ya que es el 31 aniversario del intento de golpe de Estado en el que el teniente coronel Tejero entró en el Congreso y tomó al Gobierno y a los diputados como rehenes.
La protesta no tuvo ninguna eficacia práctica y acto seguido se pasó a la votación de la ratificación del acuerdo de la Permanente. En ese momento, saltó la sorpresa, porque el vocal Félix Azón se levantó y dijo que se marchaba, que él no iba a participar en una votación para expulsar a Garzón de la carrera judicial un 23-F.
La votación se inició sin él y obtuvo la unanimidad de los vocales presentes, es decir, 20 votos, incluido el presidente.
La ejecución de la sentencia del Supremo es un mero trámite legal al que los vocales no pueden oponerse salvo que hubiera habido irregularidades formales, lo que no ha ocurrido.
En cualquier caso, el acuerdo de la Permanente ya ha sido ratificado y a todos los efectos Baltasar Garzón ha sido expulsado de la carrera judicial, lo que ha sido notificado al propio Supremo, a la Audiencia Nacional y a la Mutualidad.
El exmagistrado todavía tiene pendiente que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncie sobre su culpabilidad o inocencia por haberse declarado competente en la investigación de los crímenes del franquismo. La acusación popular solicitaba para él 20 años de inhabilitación por delito de prevaricación. La sentencia será notificada previsiblemente la próxima semana por el alto tribunal.
A partir de ahora, el Consejo deberá sacar a concurso la plaza de Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y también la de Fernando Grande-Marlaska, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que ayer fue elegido por 11 votos a favor como presidente de la Sala de lo Penal de la citada audiencia.
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