LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, logró ayer su cometido de introducir una nueva limitación al régimen de excarcelaciones en esa jurisdicción. Los diputados bonaerenses sancionaron ayer un proyecto oficial que les niega el beneficio a quienes sean sorprendidos portando armas y tengan antecedentes penales, luego de que la Suprema Corte de Justicia provincial suspendiera la vigencia de una norma similar aprobada el año pasado.
Ahora, Scioli insistió en un texto modificado que sortea las objeciones judiciales y logró su aprobación. El proyecto, modificatorio del Código Procesal Penal bonaerense, había sido aprobado por los senadores la semana pasada y los diputados lo convirtieron en ley ayer.
Este año, Scioli insistió en la misma idea, pero introdujo una modificación destinada a salvar el conflicto: en la ley aprobada ahora se concede a los jueces la facultad de decidir en cada caso particular si la portación de armas constituye un elemento de peso que permita denegar la liberación del acusado. De esta manera, el gobernador se adelantó a una declaración de inconstitucionalidad definitiva de la ley 14.434 (la aprobada el año último) y pudo conseguir la sanción de la norma, que deja sin efecto la anterior.
La limitación de la excarcelación dispuesta por la nueva ley se aplica a quienes, teniendo antecedentes penales, se resistan a ser arrestados mientras portan un arma. En esos casos, los jueces podrán decidir no liberar al imputado hasta el momento de la sentencia, si consideran que existe suficiente peligro procesal. De esta manera, se sortea la objeción presentada por el máximo órgano judicial.
El artículo relevante de la flamante disposición establece que un juez no podrá conceder la excarcelación a un acusado cuando haya «indicios vehementes» de que intentará escapar o entorpecer la investigación, y que el juez «podrá considerar» que se da ese panorama cuando el imputado «hubiera intentado eludir el accionar policial» mientras portaba un arma en forma ilegítima.
En la ley 14.434, en cambio, la denegación de la excarcelación en los casos descriptos era taxativa: no se daba al magistrado margen de maniobra para decidir sobre cada situación en particular.
Organismos de derechos humanos y los defensores públicos María Fernanda Mestrín y Julián Axat se opusieron a la norma y presentaron un recurso, que la Corte admitió, al suspender la vigencia de la ley.
El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, había anunciado que la provincia esperaría al fallo definitivo, pero finalmente Scioli decidió rodear el escollo y enviar a la Legislatura un nuevo proyecto, en un paquete de iniciativas rotulado «políticas de pacificación»..
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