Investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) abordan la problemática que plantea el cambio del sistema escrito de enjuiciamiento penal al sistema acusatorio oral que comenzó a implementarse en la provincia de Santa Fe. La necesidad de capacitación y el cambio en las currículas de la carrera de Abogacía son algunas de las conclusiones de este estudio. «Trabajamos los desafíos de la oralidad al interior del sistema judicial y su repercusión en la sociedad», contó la codirectora del proyecto, Graciela Alvarez, que trabaja desde 2010 con un equipo de investigadores entre las que se encuentran las abogadas María Zanetti y María Cecilia Bruno. El nuevo sistema acusatorio que prevé el Código de procedimientos se está implementando en la provincia por etapas y aún faltan recursos tanto materiales como humanos. No obstante, las investigadoras resaltaron las bondades del sistema oral y las ventajas que trae aparejado su uso. «La oralidad ha llegado al campo del derecho para quedarse», precisaron.
El trabajo del equipo de investigadores, integrado también por Susana Frutos (codirectora), Gustavo Nadalini, Mauricio Manchado, Guillermo Beltramone, María Karina Arreche, Natalia Carrizo, Mabel Tuccio y María Lorena Narciso, se centró en visualizar los problemas con los que se enfrentan los operadores jurídicos a la hora de afrontar un juicio oral. Para ello, participaron como observadores en diferentes juicios que se realizaron en la ciudad, registrando y evaluando el desempeño de los jueces, abogados defensores, fiscales, y visualizaron cuáles eran las dificultades que presenta una litigación oral.
Además, realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios del Poder Judicial que están participando del nuevo sistema con el fin de indagar acerca de la preparación para afrontar este nuevo procedimiento. «Hay un retorno a la oralidad porque si pensamos a lo largo de la historia y en nuestra tradición occidental los primeros juicios eran orales, con tribunales populares, pensemos en la polis griega y en Roma», contó Alvarez.
El nuevo código procesal implica un cambio de paradigma donde la oralidad es fundamental. «La escritura y la oralidad son dos modalidades totalmente distintas de materialización de los discursos. En el discurso oral, las objeciones se plantean en el momento. Además, no se puede estar sujeto a un pliego de preguntas como en el proceso escrito, en los exámenes y contra exámenes de testigos y peritos. En el juicio escrito hay un listado de preguntas y se responde a eso. Ahora la prueba se produce en el acto, entonces en el sistema acusatorio es necesaria una flexibilidad para repreguntar, para plantear las objeciones», expresó Alvarez.
La investigadora reconoció que no es lo mismo una contestación de demanda escrita que la inmediatez que produce la oralidad. «Hay que preparar una teoría del caso, hay que plantearse de antemano cuáles serían las objeciones que podría presentar la otra parte», remarcó. Además, el juicio oral permite una economía en cuanto a la producción de las pruebas y discursos. «Si la fiscalía y la defensa están de acuerdo que hubo un asesinato, que alguien murió, es redundante citar al médico forense. Hay que centrarse en quién cometió el crimen; sitúo la prueba en lo que no está demostrado y quiero probar», agregó.
La necesidad de entrenamiento y capacitación en esta temática es una de las conclusiones a las que arribaron las investigadoras. «Hubo muchas ofertas de cursos de litigación, pero el inconveniente que vemos es que esta capacitación no fue obligatoria para los operadores que ya venían en el sistema», detallaron. Por otra parte, aclararon que existe una diferencia en «el caso de los nuevos operadores que han tenido que pasar por un proceso de concurso y han sido seleccionados para incorporarse al nuevo sistema, ya que tuvieron acceso a formación».
Tanto los jueces como los abogados y fiscales entrevistados para la investigación coincidieron en que la característica fundamental que debe tener una capacitación está centrada en la práctica. «Los operadores nos dicen que la capacitación no debe centrarse en teoría ya que lo que necesitan es práctica, de los alegatos, de los exámenes de testigos, de contra examen, de poner en juego las particularidades del discurso oral. Hay mucha bibliografía, de experiencias en Colombia, Chile, Panamá. La cuestión no es aprender la teoría sino la práctica, encontrarse en situaciones reales», sostuvieron las investigadoras.
A la hora de hablar sobre los beneficios de este sistema, las investigadoras coinciden en los aspectos positivos, tanto en economía como inmediatez, celeridad y garantía procesal. Sin embargo, pese a las ventajas hay quienes se resisten. «Así como hay operadores del derecho que se resisten a la introducción de las nuevas tecnologías, como puede ser la computadora, también en esta reforma hay muchos operadores apegados al sistema anterior y que tienen cierta resistencia», señaló Zanetti.
La ventaja de la oralidad es que les permite a los jueces evidenciar datos que la parte escrita deja de lado. En este sentido, Bruno remarcó: «No es lo mismo que un juez evalúe lo que dice el testigo después de que se tomó una declaración por escrito a través de la lectura de un expediente, que evaluar esas pruebas mientras lo está diciendo, sus actitudes, lo paralingüístico, si está nervioso».
Para las investigadoras es fundamental comenzar con la capacitación oral durante la carrera. «Pensamos que tiene que haber un cambio de mentalidad en las currículas de las carreras de derecho y que la oralidad tendría que ser algo que la atravesara en forma transversal. En la Universidad tenemos que hacernos cargo de capacitar a los futuros egresados en el discurso oral durante el recorrido de la carrera», sostuvieron.
Desde el 2009, las investigadoras docentes de la Facultad preparan a los alumnos para las competencias internacionales de arbitraje comercial internacional. «Nuestros alumnos han ganado varios premios. Uno fue a la mejor contestación de demanda, que pertenece a la fase escrita, y después ganaron la fase oral en el 2010, en la Universidad del Rosario del Bogotá en Colombia, entre 22 universidades de América Latina y la American University de Washington», señaló Alvarez. Además, en la competencia del año pasado en Washington, participaron 50 universidades de América Latina, Estados Unidos, Francia y España. En dicha competencia, la Facultad quedó en quinto lugar.
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