Las tobilleras electrónicas, que funcionan mediante GPS, permiten a la Policía conocer en forma constante y en tiempo real la ubicación exacta de los hombres denunciados por violencia doméstica. Las víctimas, a su vez, deben llevar un localizador que también le indica a la Policía sus movimientos. El sistema emite distintos tipos de alerta en función de la cercanía entre ambos.
El Ministerio del Interior, en el marco de un plan piloto que desarrollará en Montevideo por el plazo de un año, arrendó un total de 100 dispositivos, los cuales están a disposición para ser utilizados por orden judicial desde el 1° de febrero.
La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Marisa Lindner, informó a El País que hasta el momento la Justicia ordenó la colocación de 24 dispositivos.
La funcionaria aclaró que actualmente están operativas 18 tobilleras electrónicas, dado que seis fueron dadas de baja. En tres de esos casos los aparatos se desconectaron en virtud del cumplimiento del plazo ordenado por la Justicia para utilizar la medida.
En tanto, en dos casos el agresor fue procesado con prisión; uno de ellos por quitarse el aparato y estar prófugo durante más de un mes y otro por enviar mensajes de texto amenazantes a su expareja.
Finalmente, el último caso donde se desactivó el dispositivo, implicaba a un hombre extranjero que por razones laborales se fue del país. Del total de 24 tobilleras, 19 fueron dispuestas por juzgados especializados en violencia doméstica y cinco por sedes penales.
En todos los casos donde el sistema alertó un acercamiento excesivo entre el agresor y la víctima violando la restricción judicial han sido situaciones no intencionales. «Se han dado situaciones en las cuales las dos personas tienen la intención de concurrir a un mismo evento y por lo tanto se acercan sin tener intención», explicó.
Evaluación
La jerarca del Ministerio del Interior dijo que, hasta el momento, la evaluación es «altamente positiva» porque la tecnología «ha funcionado muy bien» y la respuesta del personal policial asignado a la tarea «ha demostrado un alto compromiso y responsabilidad con su trabajo».
«Hasta el momento en todos los casos se ha evitado el acercamiento entre las partes y no se han registrado situaciones en la cuales haya existido un acercamiento de riesgo para la víctima. Inclusive en el caso de la persona que se quitó la tobillera no se detectó ninguna situación en la cual se haya puesto en riesgo la vida de la víctima», señaló Lindner.
«La respuesta operativa en casos que se ha tenido que responder a claves de emergencia se ha realizado acorde al protocolo y los tiempos establecidos. La policía comunitaria da seguimiento diario a las situaciones que se encuentran en su jurisdicción, los agresores están siendo atendidos por psicólogos de la Dirección Nacional de Sanidad Policial y las víctimas atendidas por el Servicio de Atención del Ministerio de Desarrollo Social», dijo.
De todos modos, la funcionaria advirtió que los cinco meses y medio que transcurrieron desde que los dispositivos están habilitados «es un tiempo aún muy corto para realizar afirmaciones contundentes y por tanto es necesario un tiempo mayor y poder visualizar el comportamiento en una mayor cantidad de casos».
US$ 9 por día
Los 100 dispositivos electrónicos que el Ministerio del Interior puso a disposición de la Justicia para prevenir casos de violencia doméstica tienen un costo de US$ 5 mil, pero fueron arrendados a US$ 9 por día. Cuando termine el plan piloto de un año con los aparatos, las autoridades evaluarán la conveniencia de comprar definitivamente la tecnología.
Cada paso ha sido regulado
-Los avisos que arrojan los dispositivos se dividen en «alta prioridad» y «alertas». En el primer caso, por el «alto nivel de riesgo» se debe activar «inmediatamente el operativo policial» en el lugar donde se encuentre el agresor. Las «alertas», en tanto, se activan cuando el agresor se acerca a la zona de exclusión fijada.
-Ante un alerta, la Policía se comunicará con la víctima «para conocer su estado y localización y brindarle las orientaciones adecuadas a su situación, así como información de autoprotección. Comunicarle que la Policía va en camino y cuando el incidente esté resuelto se establecerá comunicación nuevamente».
-El operativo de protección de la víctima se activará ante «la rotura» de la tobillera, su extracción sin rotura o la descarga del aparato, situación en la cual dejará de funcionar el dispositivo. En cualquiera de esas hipótesis, el Centro de Monitoreo debe dar aviso al 911 «para que asignen los recursos para la resolución del evento».
-El protocolo de actuación que regula el funcionamiento de las tobilleras electrónicas, establece que los dispositivos podrán retirarse únicamente en caso de que el agresor sea procesado con prisión o «por razones de salud debidamente constatadas». En cualquier caso, se deberá asegurar la integridad de la víctima, según lo que prevé el protocolo.
http://www.elpais.com.uy/informacion/justicia-ordeno-colocar-tobilleras.html
