Viedma.- Los legisladores de la Concertación presentaron un proyecto de ley, tras verificar lo que calificaron como “distintos desaciertos que la actual gestión ha tenido con el manejo del Hogar Pagano”. Dijeorn que se impone impulsar una legislación que permita “superar tanto desmanejo”.
En este sentido los parlamentarios presentaron una iniciativa que pretende abrir la discusión sobre la situación de los menores en conflicto con la ley. La propuesta de Darío Berardi y Alfredo Pega persigue la creación de centros socioeducativos destinados a adolescentes menores de 18 años de edad, infractores o presuntos infractores a la ley penal.
Los parlamentarios explicaron que “los centros semiabiertos deben ofrecer un ámbito convivencial organizado, en un marco socioeducativo adecuado, con el propósito que los jóvenes adquieran herramientas y aprendizajes necesarios para la construcción de un proyecto de vida ciudadano” y detallaron “debemos brindar espacios que otorguen contención pero también un seguimiento de los menores”.
“La seguridad de todos y el bienestar de la comunidad son factores de suma importancia” y señalaron “por eso es nuestra intención abrir el debate y escuchar a todos los sectores para alcanzar la mejor ley posible”.
Indicaron que la propuesta parlamentaria pretende que esos centros socioeducativos deberán promover la integración progresiva y controlada del adolescente en la comunidad local y de orígen, priorizando el contacto con su grupo familiar o de referencia, en caso de ser beneficioso para su recuperación.
Ambos legisladores fundamentaron que la problemática de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley es una realidad cada vez más preocupante, de la que debe hacerse cargo el Estado como tal, definiendo políticas activas y no solicitando a los jueces que dictaminen con dureza, instándolos a violar los derechos consagrados.
“Los índices delictivos van creciendo y en muchos de los casos, sin profundizar en las investigaciones, se da por sentado que son adolescentes los autores de la mayoría de los hechos, cuando la realidad es otra. Esto es lo que se llama estigmatizar a un adolescente que presenta problemas de conducta que no siempre son delictivas”, remarcaron Berardi y Pega.
Sustentaron “la privación de la libertad ordenada por un juez penal respecto de un joven infractor o presunto infractor implica una severa afectación de derechos. Esta es la razón fundamental por la que debemos pensar en espacios adecuados para su rehabilitación, debiendo priorizar espacios semiabiertos”.
Explicaron que “todo dispositivo destinado al alojamiento de estos jóvenes debe mostrarse sustentable y eficaz ante los magistrados, quienes son los que finalmente determinan el destino de los infractores. Para ello es imprescindible ofrecer el espacio adecuado desde el punto de vista edilicio, sino desde la excelencia del recurso humano afectado, el plan de trabajo integral con que se debe contar, la oferta educativa tanto formal como no formal”.
Consideraron prioritario realizar tareas efectivas de supervisión y acompañamiento, ya que la vulnerabilidad de estos jóvenes puede radicar en aspectos subjetivos como comunitarios y en inadecuadas estrategias de supervivencia.Agregaron “no es una novedad que la sociedad se encuentra en estado de alerta permanente debido a los hechos de inseguridad que se producen a diario” y que además “se debe encontrar una solución a la problemática de la sociedad en su conjunto, pero también a la de estos jóvenes en particular, ya que no se puede condenar a la sociedad al miedo permanente y tampoco se puede condenar a estos jóvenes al encierro permanente sin estrategias para su recuperación”.
