VIEDMA (AV).- Las necesidades no cubiertas, destinadas a garantizar el acceso universal a los derechos humanos en el marco del Comité Provincial de Evaluación, Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura, están teniendo escasas respuestas. Las competencias que tiene en sus acciones participativas «gozan de buena salud», pero «estamos juntando las monedas» para sostenerlo; explicó ayer a «Río Negro», su más firme impulsora, la legisladora Silvia Horne (FpV).
Su creación data de diciembre del 2010 por medio de la Ley Provincial Nº 4.621. Su vigencia le da pie para actuar sobre todos los lugares de detención de jurisdicción provincial, de acuerdo a las competencias y facultades que se establecen en la norma.
El comité fue constituido en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, con carácter de «ad honórem», por un mínimo de seis y un máximo de 10 representantes de organismos de derechos humanos no gubernamentales que demuestren experiencia y conocimiento del tema y que no se hubieran desempeñado en funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes del Estado en el curso de los últimos dos años: dos miembros del Poder Legislativo; uno del Poder Ejecutivo y uno del Poder Judicial.
Las causales para intervenir implican visitas periódicas, sin necesidad de aviso previo, en días hábiles o inhábiles y en diverso horario y con acceso irrestricto a todos los edificios de cárceles, unidades policiales y otros lugares de detención o encierro.
Si bien Horne destacó su puesta en funcionamiento durante la actual gobernación y el buen diálogo con la Secretaría de Seguridad en los cambios de políticas públicas, insistió en la falta de recursos presupuestarios. Enumeró otras falencias institucionales como la salida del juez, Juan Pablo Chirinos, al ser incompatible con sus funciones de ejecución penal y control de juicios; y de Gastón Bossio, renunciante en el Ejecutivo provincial. Se agrega a las bajas el caso de Emiliano Sanhueza, representante de los trabajadores judiciales con nuevas ingerencias en el Sitrajur, y que a veces se complica la inserción de miembros de organizaciones no gubernamentales dado que su participación no es rentada, y deben procurar sus ingresos por otro lado.
Aún así, en ese ámbito se está preparando un informe relacionado con 140 denuncias, que se hará público apenas sea concluido.
Pese a estos imponderables, también reivindicó su gestión el secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso, en relación a los informes que se están recibiendo sobre la situación en las cárceles rionegrinas; y cuyo estallido más notorio fueron las denuncias recibidas en el penal de Bariloche.
