Conseguir trabajo es una de las dificultades que encuentran las personas que recuperan la libertad luego de cumplir una condena en la cárcel, entre otras trabas generadas por prejuicios sociales. Por esto ingresó un proyecto al Congreso de la Nación que propone que el acceso a los Certificados de Antecedentes Penales no sea abierto para, por ejemplo, posibles empleadores, sino solo para cuando se requiera la información para investigaciones o causas judiciales.
Sería además parte de una política de seguridad, afirman los especialistas, que contribuiría a prevenir la reincidencia criminal y por lo tanto nuevos delitos. Incluso se propone que quienes quieran utilizar esta información para limitar el acceso al trabajo u otros derechos, sean sancionados por discriminación.
El proyecto, firmado entre otros por el diputado Gastón Harispe, plantea modificar la Ley de Registro Nacional de Reincidencia, y estadística criminal y carcelaria, eliminando el certificado de antecedente penal por el Certificado de información penal socialmente relevante, omitiendo el pasado criminal de las personas que poseen, como se dice en la jerga policial, “frondoso prontuario”.
Una marca social
El antecedente carcelario “ha generado problemas” en Paraná a expresos, afirmó el abogado penalista Alberto Silva Velzaco, quien ejerció durante 10 años como defensor oficial. El letrado contó además que algunos han sufrido episodios en los cuales han sido objetados para ingresar al mercado laboral por tener antecedentes. Aunque por otro lado, afirmó Silva Velazco, la reincidencia criminal ha sido ínfima en los numerosos casos que le ha tocado ejercer la defensa. “A veces donde más se ve la reincidencia era en delitos de hurto, robos, o gente con adicciones que no puede controlar sus impulsos”
El problema del registro de antecedentes personales ha dificultado por ejemplo a jóvenes que tenían aspiraciones de ingresar a la Policía, a la gendarmería o a la Prefectura, por lo cual “empezamos a plantear que se tenían que registrar solamente las condenas firmes”, dijo el abogado, cuestión que en algunos casos se ha logrado.
El proyecto presentado en la Cámara baja tiene como objetivo favorecer “la Inclusión social de las personas que habiendo estado en prisión recuperen su libertad ambulatoria, tanto en forma condicional como definitiva”. En este sentido, el nuevo Certificado tendrá “datos muy específicos, acotados y solo emparentados a cuestiones judiciales vigentes. Nada diría del pasado delincuencial de las personas, evitando de este modo actos discriminatorios, señalamientos, estigmatizaciones y como consecuencia de todo ello, exclusión, marginalidad y reincidencia ‘criminal’ por parte del directamente damnificado”, se expresa en los fundamentos de la iniciativa.
“Cambio de paradigma”
La propuesta se basa en otro proyecto nunca sancionado, elaborado por los abogados Maximiliano Postay y Gastón Bosio, integrantes de una corriente denominada de “abolicionismo penal”. Lo que llaman el “cambio de paradigma”, se trata de cambiar lo que sucede con el actual sistema, en el que “cualquiera puede arbitrariamente decidir, por ejemplo, no contratar a alguien por el solo hecho de haber estado preso”. El eventual empleador podría solo solicitar un comprobante de buena conducta, de un contenido diferente a un certificado de antecedentes.
Los datos sobre el pasado criminal de las personas solo podrán ser utilizados “para confeccionar estadísticas oficiales o en relación a causas judiciales o investigaciones que así lo requieran”, fundamentan en el proyecto de Ley.
Además, explican que la actual Ley y su decreto reglamentario datan de 1980, durante la dictadura genocida, cuando la lógica persecutoria “encontró un excelente ámbito para consolidarse, desarrollarse y multiplicarse”.
En este sentido remarcan la contradicción que existe en las leyes que por un lado refleje que la finalidad de la cárcel es la reinserción social de los presos y por el otro ponga trabas tan evidentes”.
De la Galería de ladrones de Fray Mocho a los antecedentes
José Seferino Álvarez, gualeyo, periodista y escritor, trabajó para la Policía de Buenos Aires a fines del siglo XIX. En 1887, por encargo del jefe de policía compuso la Galería de ladrones, donde sistematizó la información que de modo desordenado había recopilado la fuerza, para crear un instrumento para la represión del delito. La obra reunió las fotografías y datos de 200 ladrones más un apéndice con una lista de personas consideradas sospechosas. Fue el primer archivo estatal de delincuentes.
Discriminados por país de origen, oficio o lugar de trabajo, la Galería tenía las fotos de los sospechosos que eran acompañadas por un texto que les asignaba un número, varios nombres y alias, una descripción física que incluía marcas y tatuajes, grado de alfabetización, entradas en la comisaría, costumbres y grado de peligrosidad.
Esta lógica, según los autores del mencionado proyecto de Ley, persiste hasta hoy (en los registros de antecedentes penales) y “atenta en forma ostensible contra el modelo inclusivo de derechos humanos que un Estado de Derecho como el nuestro amerita y exige”.
