Nueve asambleístas detenidos durante una protesta contra un proyecto minero en la localidad catamarqueña de Santa María fueron liberados en las últimas horas, aunque quedaron imputados por hechos de «terrorismo», de acuerdo con la ley sancionada en diciembre pasado por el Congreso Nacional.
Así lo confirmó en declaraciones a Noticias Argentinas el fiscal federal de Cámara Antonio Gustavo Gómez, quien resaltó que es «la primera vez que se aplica» la Ley Antiterrorista desde su sanción, aunque criticó al fiscal provincial Julio Landivar por haber utilizado un delito federal en la Justicia provincial.
«El sistema acusatorio de Catamarca aplica el artículo 213 bis que es uno de los delitos mencionados por la última Ley Antiterrorista, que viene de la época del proceso militar, y es el de pertenecer a una organización que pretende atemorizar», afirmó Gómez.
«Landivar tiene dos razones para no ser competente, una es que es una ruta nacional donde se produce la protesta, y otra es que aplica un artículo que a partir de la nueva Ley Antiterrorista es un delito federal», agregó el fiscal federal Gómez, con competencia en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.
Además, Gómez explicó que la Ley Antiterrorista posee «una excepción» en la que afirma que no se aplicará «en casos donde sean reclamos de defensa de Derechos Humanos, sociales o constitucionales».
«En este caso se trata de un reclamo por un derecho humano esencial que es la salud pública, en función de la contaminación de minera La Alumbrera», afirmó el fiscal.
Incluso fue más allá y pidió iniciar un proceso de destitución contra el fiscal provincial Landivar.
«En verdad que es para asustarse y actuar. Dentro de la ley y en el ejercicio legítimo de nuestros derechos, pedir la destitución del fiscal provincial Landivar por ordenar la represión en Santa María invocando leyes que no están en sus manos aplicar, es lo mínimo», dijo.
Los manifestantes habían sido detenidos mientras realizaban una protesta en la ruta nacional 40, sin corte de tránsito pero impidiendo el paso de los camiones que transportaban elementos hacia la minera La Alumbrera, cuyo cierre exigen desde hace tiempo.
Ante esta situación, los manifestantes modificaron el lugar de protesta, que se mantiene sobre la ruta nacional 40 pero se mudó a la provincia de Tucumán.
Así, el corte tiene lugar cerca de la localidad de Amaicha del Valle, en Tucumán, que se sumó a otra protesta que se mantenía a la altura de la ciudad catamarqueña de Belén, a unos 100 kilómetros al sur de Santa María, donde se suscitó el conflicto.
En diálogo con Noticias Argentinas, Nidia Gauthier, abogada de los nueve imputados, criticó el trabajo del fiscal Landivar y anticipó que este martes presentará un pedido de nulidad ante el juez federal de Catamarca Ricardo Antonio Moreno.
«Fue un juzgado incompetente el que intervino. Vamos a pedir copia de todas las actuaciones y presentar la nulidad del caso», aseguró Gauthier.
En este contexto, la Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj) repudió la «represión y detención» de los nueve manifestantes y la actuación del fiscal subrogante Landivar.
El Serpaj denunció que las detenciones fueron «ordenadas de manera ilegal» por el fiscal Landivar, quien «abusando de su poder» les imputó el delito abarcado por la Ley Antiterrorista.
«Repudiamos enérgicamente la actuación del fiscal y la calificación legal impuesta», sostuvo el comunicado que lleva la firma de su titular, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
