El Papa Francisco ha publicado un ‘Motu Proprio’ por el que elimina la cadena perpetua en el Vaticano, que es sustituida por una pena máxima de 30 a 35 años, y endurece las penas contra la pederastia, la filtración de documentos y el blanqueo de dinero, según un comunicado del Vaticano. Las modificaciones introducidas en materia administrativa y penal entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre de 2013.
Concretamente, el Motu Propio introduce figuras delictivas concernientes a los delitos contra la humanidad y prevé el castigo específico de delitos como el genocidio y el apartheid, según lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Asimismo, revisa el capítulo de los delitos contra la administración pública, en relación con la Convención de las Naciones Unidas de 2003 contra la corrupción.
Por cuanto respecta a las disposiciones de procedimiento penal se recogen los principios generales del proceso justo en un plazo razonable y de la presunción de inocencia de los acusados, y se refuerzan los poderes cautelares a disposición de la autoridad judicial.
En el mismo documento, el Pontífice modifica el artículo 116 del Código Penal, relativo a ‘Delitos contra la patria’, para reformular y configurar los delitos de sustracción, robo de documentos reservados y divulgación de noticias, para los que fija una pena de 6 meses a dos años, en casos leves, y de cuatro a ocho en casos más graves.
Esta modificación tiene lugar después de que se produjera el escándalo ‘Vatileaks’, por el que el exmayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue arrestado, juzgado y condenado a una pena de 18 meses por robo de documentos reservados del departamento pontificio, aunque después recibió la gracia de Benedicto XVI.
Además, el texto introduce un sistema de sanciones de inhabilitación y multa «por todos los casos en que se realicen actividades criminales cometidas por los órganos o empleados».
Concretamente, indica que, a efectos de la ley penal del Vaticano son equiparados a «funcionarios públicos»: los miembros y empleados de los distintos organismos de la Curia Romana; los legados papales y el personal con rol diplomático de la Santa Sede; las personas que ejerzan funciones de representación, administración o dirección; y cualquier persona titular de un mandato administrativo o judicial en la Santa Sede.
Por otra parte, especifica en la ley complementaria penal, de acuerdo a la Convención de la Tutela de Menores, «delitos contra menores, relacionados con la venta, prostitución, reclutamiento y violencia sexual, pornografía infantil, tenencia de material de pornografía infantil y abusos sexuales contra menores».
COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
La reforma considera también la reformulación de la normativa concerniente a la cooperación judicial internacional, con la adopción de medidas de cooperación apropiadas a las convenciones internacionales más recientes para adoptar «instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la delincuencia, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal».
«El bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia transnacional organizada, por el uso indebido del mercado y de la economía, así como por el terrorismo», precisa el comunicado vaticano que añade que «en conjunto estas intervenciones reguladoras se colocan en la dirección de una actualización más sistemática y completa del sistema normativo vaticano», reza el comunicado.
Por su parte, el presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, ha informado de que la Santa Sede está trabajando en la elaboración de nuevas leyes de acuerdo a la convención del Consejo de Europa encargado de revisar las medidas que toman los Estados para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Dalla Torre ha recordado que la Ciudad del Estado del Vaticano no forma parte de la UE, pero sí ha adoptado el Euro, por lo que la Santa Sede continúa en el proceso de evaluación del Moneyval contra el blanqueo y la financiación del terrorismo y ha apuntado que estas nuevas leyes podrían publicarse a la vuelta del verano.
EN LÍNEA CON LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES
Según el Vaticano, el Motu Proprio tiene como objetivo extender al ámbito de la Santa Sede la aplicación de las leyes penales aprobadas por la Pontificia Comisión para la Ciudad del Vaticano –que prosiguen la adecuación del ordenamiento jurídico vaticano en continuidad con las acciones emprendidas a partir de 2010 durante el pontificado del Papa Benedicto XVI–.
En este sentido, indica que en la ratificación de varios convenios internacionales en dicho ámbito, la Santa Sede «siempre» ha afirmado que esos acuerdos constituyen «los medios para contrarrestar con eficacia las actividades delictivas que amenazan la dignidad humana, el bien común y la paz».
Así, las modificaciones de leyes introducidas incluyen también contenidos más amplios de acuerdo a varias convenciones internacionales, entre las cuales se encuentran las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 contra los crímenes de guerra; la Convención Internacional de 1965 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención de 1984 contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención de 1989 sobre los derechos del niño y sus protocolos facultativos de 2000.
