«Para lo único que han servido las ordenanzas municipales que multan la prostitución callejera, como las de Granada o Málaga, es para que los ayuntamientos grandes le trasladen el problema a otros más pequeños, que tienen menos recursos para hacerles frente». Lo explica Francisco Jiménez Bautista, profesor en la Universidad de Granada, antropólogo y especialista en prostitución y en geografía urbana y exclusión social. En noviembre de 2009, cuando la ciudad donde reside, Granada, fue la segunda de España y la primera de Andalucía en multar el sexo mercenario en la calle, fue una de las voces más críticas.
Con tres años y medio de perspectiva, y después de que otras capitales como Málaga o Sevilla se uniesen a ese tipo de medidas, Jiménez valora que «no han servido para nada, porque sólo han cambiado el problema de sitio, no han aplicado ni una sola de las medidas de integración que proponían y han reducido el poder que tenían las prostitutas para negociar con los clientes las condiciones, lo que aumenta su inseguridad». En el caso de Málaga, la prostitución callejera «ocupa los polígonos industriales, lugares que la Policía ni se molesta en recorrer y donde las mujeres son mucho más vulnerables. Y en Granada sólo las han movido 500 metros, hasta las rotondas que ya son término municipal de Atarfe o Maracena».
Jiménez Bautista (Molvízar, Granada) ha publicado más de una docena de libros y 34 artículos sobre violencia, exclusión y geografía urbana, con estudios sobre la violencia en Colombia y, en 2009, una ‘Geografía de la prostitución en Granada’ en la que analizaba pormenorizadamente el fenómeno en su ciudad. Ejerce su magisterio actualmente en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada.
Si se ha vuelto más insegura la vida de las prostitutas no es, según ha podido comprobar, por devolverlas a los pisos o a los clubs, lugares con los que no hay trasvase con la calle –»la prostituta que ejerce en la calle es porque no quiere que otro se quede el dinero»–, sino porque «las vuelve furtivas». Si la prostituta tiene que atender con prisas sin saber cuántos clientes va a tener, «negocian muy rápido las condiciones, dejan de poder imponer el preservativo, se exponen más… De momento no estamos viendo un repunte de las venéreas, pero no me extrañaría que llegase».
A todo esto se une la crisis económica que «ha tirado los precios, lo que antes costaba 40 euros ahora se vende por 10. Eso es porque ha bajado la demanda, los clientes no tienen dinero, y ha aumentado la oferta». Las españolas se han reincorporado a la prostitución «para la subsistencia. Hace cinco años las únicas prostitutas callejeras españolas eran yonquis, hoy ha renacido con fuerza un fenómeno que tenemos muy estudiado en países como Colombia: mujeres que se van del pueblo a la ciudad para prostituirse y envían dinero a casa».
Y la crisis no se nota sólo en la calle. «Los grandes prostíbulos están cerrando. Necesitaban mucho dinero del ladrillo y políticos corruptos para sobrevivir y ya no están. Esos prostíbulos, además, desautorizaban las ordenanzas que decían que perseguían la prostitución, porque hacían evidente la doble moral que buscaba ocultar el problema en lugar de asumirlo».
O prohibir o legalizar
En Francia o en Suecia «han prohibido la prostitución con todas las consecuencias, y han puesto los medios». Señala el profesor que «otra cuestión es cómo descubrimos que los franceses cruzan los Pirineos para ir a Lleida a consumir sexo de pago, en una inversión de cuando nosotros íbamos a Perpiñán a ver películas que no llegaban a España, o que los suecos vayan los fines de semana en el ferry a los países bálticos a lo mismo. Pero el Estado es coherente en su acción, no hace barbaridades».
Aunque tiene claro que está a favor de la legalización, Jiménez advierte que «aceptaría que se prohibiese, pero haciéndolo con todas las consecuencias, cerrando clubs y poniendo los medios para sacar a las mujeres que la practican de la marginalidad. Lo que me preocupa es que se haga como las ordenanzas, sin poner medios económicos ni valorar las consecuencias».
La legalización, según el modelo holandés o alemán, «permite convertir a estas mujeres en trabajadoras, pudiendo cotizar al doble porque su vida laboral es muy reducida, de unos 20 años, pero sobre todo permitiría una sanidad más controlada y mayor seguridad. En España este debate no se asume por las contradicciones de la izquierda, que hereda las del feminismo: unas feministas han defendido siempre que era una forma de liberación porque otorgaba independencia económica, y otras que era la mayor forma de explotación machista».
Otro dato que contempla con preocupación es el cambio en los perfiles de los clientes. «Son hombres casados o jóvenes, precisamente los que no deberían tener problemas para conseguir sexo sin pagar. Pero es un problema de educación sexual. En España hemos retrocedido 30 años en educación sexual y ahora, en lugar de recibirse en la escuela o la universidad, que yo la he impartido, se recibe del porno. Y el porno no es sexo normal. He escuchado a prostitutas escandalizadas de las cosas que les han pedido, pero ni siquiera eso es el problema. Estamos fomentando una generación de insatisfechos porque estamos queriendo separar la sexualidad de la personalidad y ocultarla, y es increíble que repitamos los mismos errores».
