Temas de la semana que se fue: los ecos de las declaraciones sexistas y discriminatorias de Miguel Tavella; los «argumentos» de los jueces para aceptar el arreglo entre un fiscal y la banda de Bienestar Social del marinismo.
Una de cal…
La madura reacción que frente a los dichos sexistas del presidente del Instituto de Seguridad Social tuvieron algunas organizaciones, dirigentes, representantes y personas, se complementó durante la semana que se fue con la idea de sacar esa problemática a la calle, a partir de una manifestación motorizada por trabajadores del propio organismo para poner en evidenciael maltrato y las conductas sexistas y discriminatorias que salieron a la luz con las declaraciones del propio Miguel Tavella.
Quizá lo mejor que pudo ocurrir después de los improperios que se le “escaparon” al funcionario es el hecho de que estos asuntos se pongan en debate en diversas instancias, y que se conozcan los repudios y exigencias de un pedido de disculpas, ya sea desde la junta de delegados de los empleados hasta la vicegobernadora Norma Durango, pasando por los concejos deliberantes de las dos principales ciudades de la provincia.
A contramano de esas posturas, y siendo funcional al silencio de Tavella -que estuvo muy lejos de ensayar una disculpa pública- el gobernador Oscar Mario Jorge le sirvió en bandeja argumentos para que reincida en sus máximas y comportamientos, ya que se limitó a considerar que en realidad el presidente del ISS no dijo lo que sí dijo, y está grabado y a disposición de la necesaria intervención de otras oficinas públicas, como la Secretaría de Derechos Humanos y el INADI.
El jefe del Ejecutivo pareció basar su interpretación de los hechos en la misma postura que con toda tibieza exhibió la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Elizabeth Rossi, quien hizo una curiosa aparición pública en la que dio la impresión de, sobre todo, defender a Tavella de los cuestionamientos que le fueron formulados desde otros sectores y espacios.
Bajo la excusa de que no le constaba que Tavella hubiera pronunciado las barbaridades que pronunció, la funcionaria dijo que ella no se dedica a las declamaciones, sino al trabajo concreto, y en ese marco contextualizó su visita al presidente del ISS para mostrarle la Ley de Violencia de Género y hacer -dijo- un aporte en la concientización de diversos sectores de la administración pública.
Rossi aseguró que, manipulación mediante, Tavella le hizo creer que sus dichos no eran su pensamiento, sino la reproducción de lo que otros actores del ISS repiten cotidianamente: una falacia absoluta, que se comprueba con el sólo hecho de leer y/o escuchar la entrevista que el funcionario mantuvo con El Diario, en la que se jactó de que a las “diez morochitas” con las que se encontró con planes de empleo les pidió que “se pusieran una monedita de 5 centavos entre las rodillas por 180 días”.
En ese reportaje, Tavella dejó conocer cuál es su análisis del rol de la mujer en el organismo a su cargo: les reprochó que sean“conflictivas”; calificó despectivamente a la delegada de los trabajadores (“mitómana”), ninguneándola en su función; se quejó de los derechos especiales de que gozan por ley (licencias por maternidad y otros reconocimientos elementales).
Así fue leído, casi de manera unánime, por quienes trabajan seriamente en la problemática (desde los repudios municipales hasta el desagrado de la vicegobernadora) y ahora se aguardan reacciones institucionales concretas, pero en ese marco el papel del Consejo de la Mujer mucho dejó que desear, ya que la tardía aparición, la demorada ruptura del silencio, se concretóno tanto para respaldar a las víctimas del sexismo oficial sino más bien para proteger a uno de sus cultores.
…y una de arena…
En una semana en la que un brutal y violento crimen pone una vez más en el centro de la discusión pública la problemática de la llamada seguridad, el Poder Judicial concretó un trámite que se caía de maduro pero que no hay dudas contribuye a incrementar su falta de credibilidad en el imaginario social: dos jueces de la Cámara del Crimen 1 brindaron los argumentos por los cuales interpretaron como “justo” y “equitativo” que los integrantes de la Banda de Bienestar Social no vayan a la cárcel.
Los miembros de ese grupo que operó durante la gobernación de Rubén Marín se admitieron como delincuentes y lograron a cambio un arreglo con el fiscal Marcelo Amado que les permita zafar de la prisión y pagar sus culpas con el pago de multas y -en algunos casos- la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los dos jueces que respaldaron el acuerdo fueron Elvira Rosetti y Miguel Ángel Gavazza, dos antiguos representantes tanto de la corporación judicial como política que forjaron las últimas décadas de las instituciones pampeanas; al tiempo que el restante integrante del Tribunal, Carlos Besi, se había opuesto desde un principio a la posibilidad de semejante pacto entre las partes.
Los magistrados que avalaron el beneficio para los exfuncionarios -que en ambos casos están en esos cargos de modo anómalo, ya que sustituyen la ausencia de autoridades judiciales designadas como corresponde- no dieron demasiada argumentación real y concreta, sino que limitaron su consideración a tomar como natural el hecho de que concretara una medida de ese tipo.
La opinión pública lee la situación del modo más básico, que es el que corresponde al más elemental sentido común: se trata de otra demostración de que para los ladrones de guante blanco hay otro destino posible, que no es la cárcel, que sí les tocaría a los ladronzuelos de poca monta, que no tiene abogados caros que los defiendan, ni organizaciones partidarias que los respalden, ni personajes poderosos que pidan por ellos.
En palabras del criminólogo Elías Neuman, otro hecho que demustra que a la cárcel van sólo los “delincuentes fracasados”, sobre todo si son pobres, jóvenes y morochos; mientras que los delincuentes exitosos, que andan de traje y corbata cometiendo estafas, peculados, enriquecimientos ilícitos o defraudaciones millonarias, pueden seguir haciendo de las suyas sin perder la libertad.
Esa es una de las razones por las cuales el Poder Judicial, siempre dispuesto a tirarle una soga salvadora a otras corporaciones, aparece cuestionado como nunca antes desde el regreso de la democracia: esa circunstancia es, en algún punto, saludable, pero también pone en evidencia los sufrimientos, atropellos, desidias y -vaya paradoja- injusticias que se han cometido -y se cometen, y se cometerán- en nombre de la “justicia”.
Entre los daños que incluye ese lamentable proceso, se cuenta una generalizada tendencia al escepticismo y la anomia, que deriva en prácticas sociales que llevan al desastre: las malas conductas del Poder Judicial obran a veces como justificativo de algo todavía peor, que es la llamada “justicia por mano propia”, de la que en estos días han existido en Santa Rosa un par de dolorosos ejemplos.
Frente a un Poder Judicial defectuoso, la salida hay que encontrarla hacia adelante, progresando por la vía de la participación y la democratización: buscar “soluciones” por el lado de la venganza es el peor de los retrocesos.
