“Todos los discursos se caen ante los hechos, los números y los datos. La realidad se entiende o no se entiende, pero no es materia opinable”, dijo la abogada María del Carmen Verdú al presentar el “informe de la situación represiva durante el gobierno kirchnerista, una década ganada ¿para quién?”, elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Agencia Rodolfo Walsh, y presentado ayer en el auditorio de ATE. Tras describir cada capítulo del documento –que aborda los casos de gatillo fácil, torturas y asesinatos de detenidos, muertos en represiones a protestas sociales y desapariciones de los últimos diez años–, Verdú puso énfasis en detallar la grave situación referida a Daniel Solano, un joven trabajador salteño que llegó a Choele Choel para la cosecha de la fruta y está desaparecido desde hace 20 meses. Y pidió a todas la organizaciones “rodear de atención y solidaridad” a su familia, que hace dos semanas está en una huelga de hambre por la aparición con vida del joven.
Solano llegó al sur traído por la empresa Agrocosecha, una tercerizada de Expofrut. “Comenzó a organizarse con sus compañeros ante la situación infrahumana de explotación que viven, no muy diferente a lo que fue el episodio histórico de la Patagonia rebelde o a los relatos de La Forestal. Trataba de elegir delegados en una comisión para exigir que les pagaran el salario completo que les habían prometido y no la mitad en vales que sólo pueden gastar en los comercios de la misma empresa, y que no les descontaran el costo del pasaje en micro. La empresa intentó que se convirtiera en un buchón de sus propios compañeros, e informara quiénes eran los que se estaban organizando. La policía provincial lo detuvo a la salida de un boliche, la noche del 5 de noviembre de 2011, fue visto subiendo a un patrullero, hay evidencia de que estuvo en la comisaría 8ª de Choele Choel, y nunca más se supo de él”, describió la abogada del caso Bulacio y una de las fundadoras de Correpi.
“Mientras estamos acá reunidos, su papá Gualberto y su abogado Sergio Heredia protagonizan una huelga de hambre en la plaza central de Choele Choel. Con ellos estaba Julieta Vinaya, mamá de otro desaparecido, Atahualpa Martínez, pero se descompensó y fue internada. No comen desde el 1º de julio, y mañana (por hoy) el papá y el abogado empiezan huelga de hambre seca”, afirmó Verdú. Según la abogada, reclaman “la aparición con vida de Daniel, y que los siete policías imputados en la causa vayan a una cárcel común como ordenó la Justicia. Ellos se encuentran con sus familias en una dependencia de las fuerzas especiales, que es una especie de hotelito, y se autoacuartelaron apoyados por sus guardianes porque se niegan a ser trasladados, tal es el grado de impunidad que están enfrentando en Choele Choel”.
El objetivo del informe, cuyo capítulo carcelario fue redactado por los periodistas de la Agencia Walsh, es “dar una herramienta concreta, que sintetiza información dispersa, ante discursos y balances de un gobierno que sigue afirmando que no reprime la protesta social, que sigue diciendo que no tiene una policía de gatillo fácil, que nos dice que hoy en Argentina no desaparece nadie, o que el Proyecto X es un invento, tema al que también nos referimos en el informe, además del episodio del espía de la Federal Américo Balbuena que se infiltró durante diez años en la Walsh, y otros casos similares”.
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